La transparencia y lucha contra la corrupción sólo será efectiva mediante la aplicación de la Ley, y es precisamente lo que hace actualmente el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags) que al acatar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió solicitar los expedientes con las observaciones hechas a los municipios, al Estado y entes descentralizados.

Al respecto, la secretaria general de Gobierno, Siomar Eline Estrada Cruz, recordó que los diputados locales recibieron a finales de enero pasado, la instrucción de hacer respetar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que sea el Osfags el encargado no sólo de hacer las observaciones, sino también fincar las responsabilidades administrativas, obligaciones y sanciones aplicables.

No vio mal que haya sido dicho organismo quien tomara la decisión de solicitar a las contralorías internas de cada ente gubernamental y descentralizado que recibió observaciones, la devolución de los expedientes para volverlos a revisar y tomar la decisión sobre cómo serán resarcidos los daños ocasionados.

En entrevista durante la visita de cortesía que hizo a El Heraldo, expuso que un razonamiento jurídico echa abajo la intención de obligar, mediante un discurso político, a que las cuentas públicas con observaciones regresen a las contralorías internas, cuando la Corte ya dijo que hay artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que son inconstitucionales.

Cabe recordar que el pleno de la SCJN, durante la sesión del pasado 21 de enero invalidó los artículos 9 y 84 de la Ley de referencia, por contravenir al numeral 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puesto que desconocían la facultad del Osfags para investigar las posibles faltas administrativas de las que tuviera conocimiento al momento de realizar la revisión de la cuenta pública.

Al continuar con el tema, la secretaria general de Gobierno puntualizó que es un tema que puede solucionarse, como todos los asuntos, mediante la aplicación de la Ley; “aquí no hay vuelta de hoja”.

Se debe tomar en consideración que como servidores públicos hay un mandato constitucional y sólo se puede hacer lo que la Ley les permite, “ya el discurso político-mediático cada quien lo manejará según le convenga”, concluyó.