En un tiempo que son tan profundizadas las decisiones del gobierno federal es normal que surjan conceptos a favor y en contra, lo que no tiene que ser motivo de inquietud, por el contrario, es saludable que surjan distintas ideas ya que de su conclusión se enriquece el conocimiento colectivo.

En este sentido, lo señalado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), doctor Pedro Gutiérrez Romo, de que hay acciones de la Federación que pueden llevar a la bancarrota al país es una voz de preocupación por el futuro económico, lo cual no es de la misma opinión el ingeniero Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE), al considerar que no hay que generar “opiniones fatalistas”, sino enfrentar los escenarios adversos con creatividad.

Cada uno tiene razón, ya que mientras los empresarios lo miran por la manera en que se desenvuelve la actividad productiva y los efectos que pudiera tener a futuro si se reducen o se agotan los recursos para solventar los programas sociales que tiene en marcha la Federación, los consultores reflexionan que con esfuerzo se puede enfrentar ante cualquier situación por muy difícil que parezca.

El líder del CCEA precisó que la desaparición del Seguro Popular y la entrega de apoyos sociales “al por mayor”, puede empujar al país a la quiebra, “al no haber recursos que alcancen para su cobertura “y menos los habrá con el nuevo esquema de salud debido a las condiciones prometidas para todos los ciudadanos que no estén inscritos en la seguridad social.

Por lo tanto, abundó Gutiérrez Romo, es difícil alcanzar la calidad de los servicios médicos como la que se otorga en países europeos, “es algo remoto, al no haber garantía en la obtención del presupuesto que se requiere”.

Así mismo, se pronunció a favor de la decisión que adoptó el gobernador Martín Orozco, de no incorporar a la entidad al Insabi y de mantener el programa del Seguro Popular, lo que pudiera en un futuro mejorar las condiciones de negociación del Estado y la Federación, por lo que habrá que estar muy atentos para que no haya represalias.

Dijo que López Obrador “tuvo alrededor de 18 meses para planear lo que tenía que hacer, y sale de una manera algo improvisada. Me atrevo a decir que con el sistema que se tiene de pensiones, de un sistema de salud universal que funcione como debe ser y el sistema de apoyos para ninis y otra serie de cosas, el quiebre del país es cercano”.

Lo citado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial no la comparte Aldape Barrios, al establecer que más que ver lo negativo “hay que avanzar y procurar a ser más innovadores, utilizar tecnología y buscar alianzas entre la iniciativa privada para encarar las situaciones adversas que se pudieran presentar”.

Consideró que en el caso particular de Aguascalientes está el ofrecimiento del gobierno del estado de una cantidad importante de recursos que procederán del aumento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) para apoyar al sector empresarial, razón por la cual “este gremio debe estarse preparando este mes en sus propuestas de cómo utilizar ese dinero”.

Por lo anterior, apuntó, “estos tiempos son para trabajar y estar atentos sobre los factores que nos hacen competitivos, reforzarlos, y aquellos que nos hacen débiles como la innovación, la tecnología e inteligencia de mercados, utilizar programas locales con recursos provenientes del ISN para saber adelante a las empresas”.

Ratificó que la iniciativa privada debe ser “iniciativa para generar oportunidades, para salir adelante, y cuando existan situaciones de crisis, también son tiempos de oportunidades y no echarse a la derrota, ahí ya se perdió”, por lo que 2020 tiene que ser un año para que las empresas busquen cómo fortalecerse e incluso trabajar con su competencia y dejar atrás lo vivido el año anterior en que la industria de la construcción no se desarrolló, lo cual afectó a 29 giros de la economía que se movilizan en su entorno.

VAN CONTRA EL PTU

Cada año surgen voces del sector privado que exigen eliminar o reducir el PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), al considerar que el diseño es algo “anacrónico, obsoleto”, por lo que es necesario modificarlo para elevar la productividad.

Es un punto que se presenta desde finales de marzo hasta la segunda quincena de mayo, sólo que esta vez se aprovecha el debate que hay en torno a la reforma que se pretende al outsourcing para que dentro de los cambios quede incluido del PTU, que de prosperar afectaría directamente a la clase obrera y al comercio en general, que es a donde va a parar la mayor parte de ese dinero.

El socio fundador del despacho Sales Boyoli, Jorge Sales, estableció que “es una prestación que hoy se paga solamente en función de la permanencia del trabajo y el sueldo que se gana”; el derecho a recibir el PTU está previsto en Artículo 123 Constitucional apartado A), fracción IX y en los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone el porcentaje a distribuir que es el 10% de las utilidades de las empresas.

El formato actual, sostiene Sales, “incentiva a la improductividad, incentiva a un desempeño no productivo”, por lo que hay diversas propuestas para modificar el reparto de esta prestación, sobre todo vinculándolo a la productividad de las empresas.

Por ello, apuntó, “nuestra postura es que se pudiera ir combinando la fórmula del PTU para que el 10% que se da en materia de utilidades se divida una parte en la forma tradicional y la otra vinculando a la productividad”, planteamiento que espera presentar en la mesa del Parlamento Abierto del Congreso de la Unión, que habrá de convocarse en febrero próximo.

Lo anterior es en seguimiento a la propuesta de Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien consideró que si se quiere eliminar el outsourcing o la subcontratación, como se pretende, hay que eliminar también el reparto de utilidades, lo que de inmediato desmintió el máximo dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al sostener el 8 de noviembre de 2019 que el reparto de utilidades es un derecho vigente, por lo tanto este organismo “no impulsa ninguna iniciativa tendiente a la reducción o eliminación de esa prestación”.

Es un provecho que deben recibir cada año todos los trabajadores de la iniciativa privada, pero no siempre se cumple lo estipulado en la ley, como fue el caso que denunció en mayo de 2015 el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Enoel Isaías Pérez Cortés, que de cada 10 empresas en la entidad siete subcontratan pagadoras de sueldos, con lo que disminuye el pago de reparto de utilidades, empresas que no están domiciliadas en el estado, por lo que a la hora de llevar a cabo las investigaciones son difíciles de localizar.

Así mismo, está previsto que las firmas de reciente creación están exentas de esta obligación, a lo que suman las instituciones privadas sin fines de lucro como el IMSS, ISSSTE, o empresas con capital menor al que fija la Secretaría del Trabajo.

Para los líderes sindicales es un recordatorio que deben estar preparados para responder a esas cuestiones, que de tanto insistir llegará el momento que finalmente se logre la anulación o disminución de ese beneficio obrero.

PASOS HACIA ATRÁS

De manera reiterada se defiende en Aguascalientes los avances en materia educativa, pero esto no lo saben en el gobierno federal, que negó en el gasto del presente año el apoyo que el Cecati 28 requiere de 15 millones de pesos para la ampliación de sus instalaciones, principalmente para más aulas y el taller mecánico, donde se daría enseñanza y mantenimiento a las unidades automotrices. El presidente estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz lamentó que la “austeridad republicana” le pegue a esta escuela, una de las más antiguas en la enseñanza de mecánica automotriz y operación de autotransporte, que recibe el apoyo directo de la citada organización.