David Reynoso Rivera Río

La disciplina financiera se ha consolidado como uno de los temas torales de los últimos años. Es bien sabido que actores diversos han desprestigiado la noble actividad del servicio público con escándalos de corrupción y el desvío de recursos tanto en Entidades como en Municipios, por lo que se ha tenido que reaccionar y crear un marco legal integral para controlar y prevenir que la inexperiencia llegue a gobernar.

No me cansaré de insistir algo que he comentado muchas veces en este espacio; la política ha cambiado y en los próximos años, la actividad pública deberá dejar de ser vista como una cuestión de popularidad o partidos, para consolidarse como una actividad única y exclusivamente para gente que independientemente de pertenecer a un partido u otro, sean conocedores técnicos y probos. La regulación en materia de Anticorrupción, Transparencia y Disciplina Financiera son tan solo los primeros pasos de este gran fenómeno que se avecina donde todo aquel funcionario que carezca de aptitudes y conocimientos, se llevará grandes sorpresas.

Nuestra constitución establece en su artículo 117 una serie de requisitos y limitantes para la contratación de deuda, estipulando que los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Mencionado lo anterior, resulta fundamental mencionar que existe entonces una Ley de Disciplina Financiera en la cual se establecen ciertos conceptos que considero elementales para la comprensión del propósito de la ley.

Se entenderá por deuda pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos; por financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente. Y finalmente, el concepto más importante que indica la inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, o la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico.

El cuidado de nuestro estado y nuestros municipios, implica velar por que el endeudamiento irresponsable y los despilfarros económicos no tengan cabida. Es por ello que nuestro H. Congreso ha aprobado adicionalmente a todo lo anterior, una ley denominada: LEY DE DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, misma que tiene como principal propósito el establecer reglas y candados adicionales para el ejercicio del gasto, contar con un Registro Estatal de Deuda que permitirá a la sociedad conocer los esquemas y montos bajo los cuales se tiene contratada la deuda, así como la implementación de rígidos mecanismos para el endeudamiento de nuestros ayuntamientos. Todo esto bajo esquemas de competitividad que permitan seleccionar el mecanismo de endeudamiento más eficaz ya que se deberá elegir aquel que proporcione las condiciones más bajas y transparentes del mercado.

Dejo el tema en el tintero, no sin antes pedirles nos mantengamos atentos a las implicaciones de esta ley en la entidad.

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