Los diputados locales que pretenden reelegirse no tendrán que separarse del cargo, así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano promovidos por los diputados en funciones Silvia Alaniz, Sergio Augusto López Ramírez y Alejandro Mendoza Villalobos.

A través de la Sala Regional Monterrey, la autoridad jurisdiccional en materia electoral dio un doble palo a instancias locales en la materia ya que revocó la Agenda Electoral emitida por el Instituto Estatal Electoral, así como la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes para el asunto en cuestión.

En sesión del pleno, la sala encabezada por el magistrado presidente por ministerio de ley, Yairsinio David García Ortiz, concluyó primero, que sí hay interés legítimo de los servidores públicos para impugnar actos relacionados con el tiempo establecido por las autoridades administrativas electorales para separarse del cargo y poder contender o reelegirse en un puesto de elección popular en el proceso electoral local del 2018.

Asimismo, que aquellos servidores públicos -diputados en funciones, en el caso concreto de Aguascalientes- que buscan su reelección no tienen la obligación de separarse del cargo en el plazo establecido de 90 días previos a la jornada electoral, tal como lo estableció el IEE en acuerdo aprobado por unanimidad de sus integrantes.

En tal sentido, el pleno de la sala Revocó el acuerdo del IEE CG-A-3-/17, mediante el cual aprobó la Agenda Electoral del Proceso electoral Local 2017-2018 y le ordenó emitir un nuevo acuerdo en el que precise que la referida fecha limite para separarse del cargo no aplica a quienes tienen intenciones de reelegirse en el cargo de diputado para el proceso local en comento.

Respecto a la sentencia del TEEA RAP-003/2017 la revocó reconociendo que sí hay interés legítimo de los actores para impugnar el acuerdo del IEE.

En caso similar pero no de un diputado, sino del profesor Armando Quezada Chávez, la autoridad jurisdiccional ordenó remitir la demanda al Consejo General del INE y tramitarla como consulta para que esa autoridad administrativa determine si el promovente al ser un profesor de educación Normal pública ostenta la calidad de servidor público o no, y en su caso se separe del puesto en el término previsto de 90 días previos a la elección, para poder participar por un cargo de elección popular.

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