Para que el pastel fuera completo sólo faltaba la cereza, misma que se encargó de poner el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), al citar que no puede obligar a la concesionaria de aguas que informe en qué ha gastado los recursos públicos que por años ha recibido.
Con esto deja fuera de toda vigilancia a la empresa francesa, mientras que con los demás organismos e instituciones que operan en la entidad y que obtienen apoyo financiero de alguno de los tres niveles de gobierno no sólo se les exige sino que los exhiben cuando encuentran alguna anomalía.
Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, comisionado del ITEA, señaló que el Instituto se encuentra “atado de manos” para obligar a la firma extranjera para que responda a las peticiones ciudadanas de transparencia, como se ha intentado varias veces sin que se tenga una respuesta, ya que “falta voluntad de parte de la empresa” (El Heraldo 1/II/2020).
La ley es muy clara, todos los que reciben recursos públicos, sean federales, estatales o municipales. deben dar a conocer, mediante documentación, cuál ha sido el destino que le dieron, lo que a su vez los revisores se encargan de comprobar la veracidad, o de exigir que se clarifique, en que puede haber alguna inconsistencia (falta de una firma o recibos sin registro fiscal) , y si después que se cumplió el procedimiento quedan recursos sin justificar o los comprobantes no son lo satisfactorios se aplica la legislación, obligándose a devolver el dinero acompañada de una sanción.
En función de lo anterior, el Instituto de Transparencia requiere de información amplia y fehaciente a los sujetos obligados, quienes no hacen ningún favor con informar sino que es parte de sus obligaciones, por lo que resulta incorrecto rogarle a Veolia que fundamente lo que es forzoso hacer.
Las instituciones educativas que están en esa condición lo realizan, al igual que los organismos no gubernamentales, dependencias de gobierno y fideicomisos, entre otros, sin cuya comprobación no se autoriza nueva entrega, además de ser exigidos a informar el destino que le dieron a lo que percibieron.
El comisionado Tachiquín consideró que para finales del año en curso “pudiera” quedar resulta esta situación, porque no hay una seguridad luego de que por largo tiempo lo han solicitado y se han estrellado con un desdén.
Lo extraño es que a la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) sí se apega al marco jurídico, mientras que su par no lo hace pese a que es la que cobra el servicio.
Se desconoce quién está atrás de Veolia, pero quien sea debe tener tanto poder que por años le ha permitido ser arrogante en su obligación primaria, que es el de brindar una atención profesional a casi 200 mil usuarios, una parte de los cuales no cesan de quejarse por la falta de agua en sus hogares, lo que llega a durar días o semanas sin que nadie escuche su reclamo.
La autoridad municipal ha pretendido acabar con todas las anomalías pero de las amenazas no pasa, por lo que los ciudadanos están en un callejón sin salida, a lo que ahora se agrega la actitud del ITEA que se declara incompetente para apremiar a la compañía para que deje de transitar en la opacidad.
¿A quién recurrir?, sería la pregunta y la respuesta es que cada vez más son menos las posibilidades para que eso se materialice, por lo que cientos de aguascalentenses tienen que conformarse con seguir recibiendo tacos de saliva y volutas de humo de los funcionarios obligados a someter a Veolia, que por cierto es la única empresa particular que no sólo recibe recursos públicos sino que parte de su chamba y de la inversión en obras la realiza CCAPAMA, que en teoría está sólo para vigilar que cumpla con eficiencia, seguridad y garantía sus obligaciones, pero por el periodo que llevan ligadas se ha vuelto una especie de amancebamientos que ha permitido borrar la línea entre lo particular y oficial.

TAPABOCA

Una costumbre vieja data entre los dirigentes sindicales es acusar a la contraparte de incumplir con sus deberes, por lo que, afirman, perjudica a sus compañeros. Cuando sienten que sus bonos están a la baja recurren a ese viejo truco que les asegura ocupar por varios días espacios en los medios de comunicación y luego regresan a la dormilona para recobrar fuerzas tras el ajetreo vivido.
Usted, amable lector o lectora, lee o escucha que las instituciones de salud presentan una serie de deficiencias que pudiera poner en peligro la salud de la población acreditada, es el caso del ISSSTE, al señalar el representante estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Normando López Meixueiro, que hay “un sinfín de quejas de los derechohabientes, así como de los trabajadores de la institución”.
Entre los problemas que dijo presenta la institución está que no se ha nombrado al delgado sino que la persona que está al frente es un encargado del despacho, por lo que “no tiene facultades resolutivas”; asimismo, que hay faltante de medicamentos básicos y de jeringas y que médicos, enfermeras y los demás trabajadores “enfrentan una situación de angustia por no poder brindar la atención que merecen los derechohabientes”, situación que hará del conocimiento de las autoridades nacionales.
Al tercer día de la denuncia, recibió la respuesta de la directora del Hospital General, Minerva Rodríguez Popoca, al asegurar que no existe desabasto de material para curación y nunca se ha reutilizado algunos insumos como jeringas y que los servicios médicos se proporcionan de manera normal.
Para dejar en claro la situación, informó que cooperan con las autoridades sanitarias, quienes comprobaron que no existe ningún factor de riesgo para los pacientes, por lo que los asegurados y sus dependientes deben sentirse tranquilos al requerir un servicio médico, ya que se trabaja con apego a la Norma Oficial Mexicana, “lo que ha permitido que hasta el momento no se tengan recomendaciones por malas prácticas”, inclusive estuvo en el ISSSTE el Cofepris estatal, que “verificó la forma (de trabajar) y desde luego que no hay inconsistencias”, por lo que Rodríguez Popoca lamentó “la situación que se dio y que ocasiona inconformidades injustamente”.
Aunque habrá quien diga que no hace falta hacer aclaraciones si todo está bien, en estos casos se requiere, porque al guardar silencio se crea una bola de nieve de una noticia sin fundamento, como también ocurre en contra del Seguro Social y del ISSEA. Son instituciones que brindar miles de servicios diarios, por lo tanto es factible que alguna persona esté inconforme y lo ventile públicamente, hecho que se toma como algo que sucede de manera cotidiana.

SUBCONTRATACIÓN

La Comisión Laboral de la Coparmex estatal, a cargo de Juventino Romero, lanzó la alerta a los patrones en general y a las dependencias de gobierno que recurren al outsourcing o subcontratación, para que vigilen que este tipo de terceros cumplan con los trabajadores lo estipulado en el Artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo(LFT), principalmente en lo referente a las prestaciones médicas, vivienda y que se les pague el salario establecido por la legislación, además de vacaciones, utilidades y Afore. Consideró que muchas veces se les da de alta en el IMSS, pero con un sueldo inferior al que reciben, lo que afecta el historial del trabajador y al propio Instituto, que recibe menos de cuotas obrero-patronales. Al actuar de esta manera, reducen los derechos y beneficios del obrero, por lo sin excepción debe actuarse con honradez en los acuerdos que el principal contrae con el empleado y que éste vigile que se le cumpla lo convenido o lo que fija la LFT, sólo así se podrá hacer realidad la tan presumida justicia social, que se menciona pero que no a todos llega. Es positivo que la citada Comisión Laboral se preocupe por este tema, en beneficio de un considerable número de trabajadores de diferentes ramas.