A seis meses de que entre en vigor el nuevo modelo de justicia laboral, Aguascalientes, como el resto del país, intenta avanzar en el tema aunque sea dando palos de ciego ante un escenario incierto en tantas vertientes que bien podría generar una prórroga, pues no hay algo listo para arrancar bien en febrero del 2018, coincidieron expertos en el tema.

En el marco de las V Jornadas Laborales organizadas por la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el director del Trabajo del Gobierno Estatal, Gerardo Gómez Castro, reconoció que priva la incertidumbre acerca de la implementación del nuevo modelo, los recursos que se invertirán, el personal a contratar, la coexistencia de juntas y tribunales, además de la ubicación de estos últimos.

En su exposición, destacó que según información procedente de la Federación, mas no oficial, “se cree” que cada año se irá eliminando una junta para que en 5 años hayan desaparecido todas y sólo trabajen los tribunales, que, “aparentemente” ocuparían un espacio disponible de Ciudad Justicia y se piensa que serían seis, con costo promedio de 5 millones de pesos al año.

Expuso que el Poder Judicial del Estado desea que el personal actual de las juntas tenga prioridad en los exámenes de oposición para la contratación, pero no hay nada concreto aún en ése como en otros temas, porque “mucho está en el aire”.

En el panel sobre el nuevo modelo de justicia laboral, el catedrático de la Universidad de Guanajuato, Jesús Meza Ortiz, manifestó su deseo de que la supresión de las juntas y el tránsito de la justicia laboral hacia el Poder Judicial no sea un sueño, pues si bien quedó establecido ya en la reforma constitucional, todavía quedan dudas graves al respecto.

No se sabe, dijo, si habrá dinero suficiente para la infraestructura física de los lugares de trabajo y su integración con jueces, secretarios y auxiliares; también si habrá coexistencia de juntas y tribunales o un periodo de gracia para la resolución de asuntos de las juntas y si es así, si habrá suficientes recursos para la operación de ambas estructuras.

Por su parte, el catedrático de la Universidad de San Luis Potosí, Víctor Manuel Parra, sostuvo que la gran interrogante que existe en el gremio es qué pasará con el enorme cúmulo de juicios rezagados que hay en todo el país y que se estima habría que duplicar la actual estructura de las juntas para poder resolverlos todos por esa vía, antes de pasar al nuevo modelo, lo cual ya es imposible.

En ese contexto, el catedrático de la UAA y moderador del panel, Lorenzo Rodríguez Gallardo, reveló que precisamente con el objetivo de analizar las iniciativas que tuviere el Congreso de la Unión sobre los temas que entrarán en vigor en febrero próximo, fue que se confirmó que no hay una sola iniciativa en ese sentido, por lo que la justicia laboral transita en un cúmulo de irresponsabilidades y omisiones que, efectivamente, obligarían a su prórroga indefinida.

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