Gustavo García Olguin 
Agencia Reforma

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó presuntos movimientos irregulares en las cuentas del Magistrado electoral José Luis Vargas, quien entre 2013 y 2017 habría cuadriplicado sus ingresos.

Las autoridades federales identificaron depósitos en efectivo para el funcionario electoral, aportaciones de Gobiernos estatales y manejos millonarios en tarjetas de crédito.

También revisan las adquisiciones de dos inmuebles.

Conforme reportes oficiales a los que tuvo acceso REFORMA, en sus últimas cinco declaraciones anuales ante Hacienda se observa una evolución extraordinaria de sus ingresos.

Mientras en abril de 2013, cuando ejercía como abogado de asuntos electorales, declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos, para 2017, ya como Magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7 millones 270 mil 317, según los documentos oficiales que fueron revisados.

Sólo en su primer año como Magistrado, cargo que asumió el 4 de noviembre de 2016, Vargas incrementó sus ingresos en un 54 por ciento.

En 2016 reportó ingresos por 3 millones 334 mil pesos, siendo que sólo habría cobrado dos meses de salario como Magistrado y un proporcional de aguinaldo; un año después duplicó sus ingresos para quedar en poco más de 7 millones.

Los Magistrados electorales están impedidos a recibir otros ingresos laborales o profesionales que no sean los de su encargo judicial. Conforme el Artículo 101 de la Constitución no pueden aceptar ni desempeñar ningún empleo o encargo gubernamental o de particulares, salvo labores académicas no remuneradas.

Un Magistrado de la Sala Superior podría alcanzar ingresos anuales brutos de hasta 4 millones 451 mil 601 pesos, considerando prestaciones. Los ingresos de Vargas, según su declaración anual 2017, fueron superiores en 63 por ciento con respecto a lo máximo que podría recibir.

Además de esa diferencia, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene reportes de movimientos por 14 millones 96 mil 478 pesos durante dos años, entre 2016 y 2018, en una tarjeta American Express que está a nombre del Magistrado.

Otro movimiento presuntamente irregular en sus cuentas corresponde a un depósito de 500 mil pesos del Gobierno de Sonora. Atenido a la prohibición constitucional, resulta inusual e irregular que un Magistrado reciba un depósito tan alto de un Gobierno estatal para el que no puede prestar servicios.

También son revisados tres depósitos en efectivo: uno de 2016 por 400 mil y otros dos en 2018, año en que tomó decisiones electorales trascendentales, uno por 200 mil pesos, el 13 de julio, y otro por 220 mil, el 17 de septiembre.