El fuero constitucional no debe eliminarse, sino usarse con responsabilidad y en su caso lo que deberá ser fortalecido es el proceso de desafuero para los funcionarios que desvirtúen ese blindaje con el que cuentan para su función pública.
Así lo señaló el ex presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Javier González Gutiérrez, y consideró que una oportunidad para ello es que Morena, que ha anunciado que abordará el tema en la próxima legislatura local, le dé el sentido que la vida institucional y democrática exige para esa figura.
En entrevista, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a principios del mes en curso en el sentido de que el fuero es irrenunciable por tratarse de una protección procesal cuya única finalidad es garantizar independencia, autonomía y funcionamiento adecuado de las instituciones del Estado.
“En ese contexto, retomar el tema del fuero constitucional al seno del Congreso local, si bien se advierte como el cumplimiento de una promesa de campaña por parte de dicho partido y de la coalición que integró, es conveniente que lo asuma con la responsabilidad implícita”.
González Gutiérrez reconoció que dicha figura se ha desvirtuado, pues el origen del fuero fue en el sentido de proteger al funcionario cuando en el cumplimiento de sus funciones tuviere que hacer señalamientos, cuestionamientos o acusaciones respecto de actores o situaciones coyunturales, sin padecer represalias.
Sin embargo, en ocasiones se ha utilizado para librarse de responsabilidad por conductas personales al margen de la ley, como manejar borracho, incurrir en violencia familiar o pública, e incluso retando a la misma autoridad policial, como en algún caso sucedió en Aguascalientes por parte de un senador.
En ese sentido, puntualizó que el fuero constitucional no debe estar al servicio de la impunidad y bajo esa situación tendría que ser fortalecido el esquema de desafuero.
Finalmente, reiteró que el fuero constitucional es un blindaje a la función pública, no a la vida personal de quien lo posee, ya que participa en una cuestión de orden público que no es renunciable por un funcionario al existir un interés superior de protección que no puede dejarse de lado.