Salvador Rodríguez López

La creación de una “superdelegación” federal ha provocado diversos comentarios, pese a que es una medida que no debería estar a debate, ya que es facultad del Poder Ejecutivo crear, modificar o anular cualquier acción administrativa, en cambio lo que sí se sale de la norma es que lo anuncie alguien que no está en funciones.
El representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Normando López Meixueiro, y el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), José Alfredo González, coinciden que no deben desaparecer las delegaciones, tal como se conocen actualmente, puesto que cada una cumple un rol de atención a sectores específicos de la sociedad.
Sobre el particular, lo único que se ha mencionado es que varias dependencias cambiarán de sede nacional, pero no que vayan a cerrarse las delegaciones que hay en los estados, por lo que bajo este tenor el personal operativo seguirá en los espacios que ocupa, pero lo hará bajo un mando único que – presuntamente – se encargará de llevar a cabo las funciones que actualmente cumplen todos los delegados.
Bajo ese criterio, el “superdelegado” designará un responsable en cada lugar, bajo la nominación de “coordinador” y que a su vez tendrá auxiliares para las distintas áreas, todos ellos con salarios inferiores a los que hoy devengan los funcionarios que cubren actividades similares.
Por lo anterior, no debe haber despidos del personal de base, ya que serán los que le saquen la chamba a los designados, teniéndose en cuenta que de acuerdo al criterio aplicado para nombrar al “superdelegado”, serán miembros del partido político que asuma el poder, por lo tanto, para su designación no se requerirá de conocimientos, ni de experiencias, mucho menos de currículum académico ni administrativo, simplemente que lleven tiempo como “talacheros” partidistas.
Lo que sí provoca escozor es que los recién llegados presionen al personal para que renuncie, se jubile o se acoja a algún programa de retiro voluntario, con la finalidad de abrir espacios para los compañeros de andanzas que reclaman un empleo en premio al trabajo que han hecho a favor de las siglas.
López Meixueiro aceptó que esta situación ha generado preocupación “y mucho estrés” entre sus compañeros, “al desconocer cuál será el mecanismo que se seguirá en las representaciones del gobierno federal”, por lo que el dirigente nacional Joel Ayala Almeida ya fijó su postura, al establecer que es un error pretender la centralización de mando local y cambiar el lugar de residencia de secretarías y organismos, con todo lo que esto representa, como es dotar de vivienda, educación y atención de salud a lo que se muden, asunto que se vivió en Aguascalientes en 1987 cuando se reubicó a esta ciudad el INEGI luego del sismo que tuvo lugar el año anterior.
Sostuvo que “es imposible que una persona maneje todas las delegaciones y se convierta en representante único de las instituciones”, lo que sólo podría hacerlo quien tenga el poder de la ubicuidad o bilocación para lograr el control del territorio que tenga bajo su mando.
Aunque insisten los promotores de esa idea que el adelgazamiento del aparato burocrático será únicamente en el personal de confianza, la FSTSE no se confía, por lo que la organización “estará atenta para evitar que se transgredan los derechos laborales del personal de base”, a quien se le ha ofrecido que no les afectará ninguna de esas medidas.
El máximo líder obrero en la entidad, José Alfredo González, consideró que hay delegaciones que son “indispensables” para el buen funcionamiento de las dependencias, como la del Seguro Social y el Infonavit, “no me imagino que en Aguascalientes funcione un Seguro Social sin una cabeza. Es lógico pensar que en un momento dado el delegado del Seguro Social lo quitaran ¿quién operaría aquí los hospitales, las clínicas, en fin, todo lo que se tiene? Es imposible. Puede haber tareas donde sí se puede dar ese supuesto, pero no puede ser generalizado”.
Un caso similar es el del Infonavit, “cuya representación no puede desaparecer, toda vez que sería imposible para los trabajadores tener que acudir hasta la Ciudad de México para realizar los trámites de solicitud de los créditos”.
Por lo anterior, el secretario general de la FTA anticipó que “vamos a estar pendientes de eso y obviamente que los acuerdos que tenemos tripartitos se sigan respetando, como la administración del Seguro Social, del Infonavit, de la propia Consar, de la Comisión de Salarios Mínimos. El tripartidismo es fundamental para que este país siga creciendo y si en un momento dado se puede crecer hacia otras áreas, sin duda se tomarán mejores decisiones para tener instituciones fuertes y sólidas”, puntualizó.

AL PAREDÓN
Sí, lo único que falta es pedir el fusilamiento del empleado municipal que supuestamente apoyó en horario de servicio a un candidato panista durante la pasada campaña electoral.
Por alguna razón desde el palacio menor se empeñan en señalar que nadie del nivel jerárquico tuvo que ver en los hechos, pero hasta ahora no ha habido una sola declaración del imputado ni del político que se habría beneficiado con esa colaboración.
Todo se concentra en las declaraciones de una de las partes, al reiterar el secretario del Ayuntamiento, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, que la sentencia del Tribunal Electoral eximió a la alcaldesa Teresa Jiménez y al propio gobierno municipal, pero el director del Órgano de Control Interno, Juan Pablo Gómez Diosdado, deberá realizar las investigaciones pertinentes (que ya llevó a cabo el propio Tribunal como para determinar que el único responsable es el empleado Juan Ignacio Quezada Ávila), que permita determinar “si hubo una mala utilización de los recursos públicos por parte del servidor y en su caso se le sancione de acuerdo a lo que determina esta instancia”.
Mientras sean peras o manzanas, se le retiró a esa persona el vehículo oficial que tenía bajo su resguardo, unidad que presumiblemente aprovechó para apoyar electoralmente a Leonardo Montañez Castro, abanderado de la coalición PAN-PRD-PMC a la diputación federal por el Distrito 02, que por cierto perdió, y de lo que “según las investigaciones” tampoco tuvo que ver Margarita Salas de la Trinidad, jefa directa de Juan Ignacio Quezada, quien “por ahora” sigue laborando de manera normal, sostuvo Beltrán Martínez, debido a que el Tribunal Electoral “no dictaminó nada en este sentido”, consecuentemente será el Órgano Interno el que disponga “las sanciones pertinentes”, que puede ir desde una llamada de atención en su propia área de trabajo o en público y hasta la perdida del empleo, que si llegara a cumplirse sería como ponerlo frente a un pelotón de ejecución.
Es un asunto que deja algunas lecturas, la primera de ellas es que el jefe o la jefa nunca se equivoca y si llega a cometer un error debe encontrarse un “chivo expiatorio”; mientras que Quezada Ávila camina por la cuerda floja, a Leonardo Montañez le han ofrecido que reasuma el cargo que tuvo en el actual gobierno municipal y del que se separó para ir tras una candidatura frustrada, no obstante que Montañez, que fuera titular de la Secretaría del Ayuntamiento, sabía que al recibir el apoyo de su ex subordinado se cometía un delito, por lo que debió declinarlo, pero lo aceptó y hoy que tronó el cohete se hace que la Virgen le habla.

DE VIAJE
A la par que los futuros legisladores federales cuestionan el “excesivo” gasto que registran los actuales inquilinos del Congreso de la Unión en viajes al extranjero, el senador del PAN por Aguascalientes Jesús Santana García se fue el miércoles pasado y hasta el domingo próximo a Nueva Zelanda, como parte de una delegación del Senado que acude a aquel lejano país para celebrar los 45 años de relaciones bilaterales y en correspondencia a la visita que hizo el presidente del Parlamento neozelandés David Carter, el 21 de abril de 2016. Junto con Santana hacen el periplo el ex panista Ernesto Cordero Arroyo, José María Tapia Franco (PRI), Luis Humberto Fernández Fuentes (PT-Morena) y Manuel Cárdenas Fonseca, sin bancada.