De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD) 2017, que el INEGI dio a conocer ayer, en Aguascalientes, sólo el 0.2% de los burócratas han recibido capacitación en materia de anticorrupción; el estado más capacitado es Guanajuato, con un 27.8%, y el que menos, Sinaloa, con el 0.1%.

Hay dos entidades más, por debajo de nuestro estado, Durango y Tamaulipas, también con el 0.1%.

Además, del grueso de la burocracia local, el 1.4% realiza funciones de seguridad pública en los municipios.

Este Censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas que integran las 2 mil 458 administraciones públicas municipales y delegacionales del país, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, justicia municipal, agua potable y saneamiento, así como sobre la recolección de residuos sólidos.

Al cierre de 2016 se censaron 22 mil 824 integrantes de los ayuntamientos, que corresponden a presidentes municipales, síndicos y regidores de cada municipio. De éstos, la participación de mujeres en cargos de presidente municipal es del 11.5%, mientras que 39.5% de síndicos y 40.5% de regidores son mujeres.

El rubro de justicia municipal ofrece datos sobre la cantidad de procedimientos administrativos y sus características generales, que fueron atendidos por los jueces y oficiales calificadores en los municipios. También se ofrecen datos sobre los recursos humanos y la infraestructura con la que contaron para el ejercicio de esta función.

Durante 2016 se atendieron 2 millones 175 mil 046 procedimientos administrativos iniciados por los jueces cívicos u oficiales calificadores. En ellos se registraron 2 millones 208 mil 300 infracciones.

Del total, la mayoría de las infracciones fueron por consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos con 18.8%, generar escándalos con 10.9%, y consumir sustancias que provoquen dependencia en lugares públicos con 7.6%.

Finalmente, se señala que el 98% de los municipios del país cuentan con el servicio de agua potable de la red pública y 77.4% con alcantarillado y drenaje; en 32.1% de los municipios se da tratamiento a las aguas residuales y el 67.8% de los municipios facturan el servicio de agua potable.