Jesús Orozco Castellanos

 

Los altos mandos del Ejército y la Marina Armada de México se han quejado reiteradamente de que el gobierno federal les impone tareas para las que no fueron preparados. Se refieren específicamente a la lucha contra el crimen organizado. Al final, eso les genera desprestigio y desgaste. En cambio, la ayuda a la población civil en casos de desastre sí es una de sus funciones. Para eso se diseñó el Plan DN III. Pero lamentablemente no siempre se cumple. Tras el paso del huracán “Odile” en Baja California Sur, se presentaron hechos de saqueo verdaderamente bochornosos. Se vieron especialmente afectadas dos grandes cadenas comerciales. Hubo gente que no sólo arrasó con la mercancía; se robaron los anaqueles y arrancaron de cuajo las cajas registradoras. Y resulta que elementos del Ejército y la Marina estaban allí presentes, impasibles, contemplando el espectáculo. Alguien, no se sabe quién, les dio la orden de no actuar, dizque para no confrontar a la población civil. Eso es por demás aberrante. Cuando hay delitos en flagrancia las autoridades están obligadas a intervenir ipso facto.

Por si fuera poco, las cadenas comerciales decidieron abrir sus puertas para tratar de paliar un poco la carencia de alimentos que había en Los Cabos. Pero alguien, tampoco se sabe quién, les ordenó cerrar hasta que se restableciera por completo el orden. Después vino el saqueo. Los juristas distinguen entre el “robo famélico” (por hambre) y el saqueo. No es lo mismo robarse unas hamburguesas para mitigar el hambre, que cargar con los anaqueles. Por cierto, hace algunos meses, en una de esas tiendas, una señora se llevó sin pagar precisamente unas hamburguesas. Fue detenida y enviada a la cárcel. Por fortuna, una organización particular pagó la fianza y la pusieron en libertad de inmediato. Se trató justamente de un robo famélico. No es delito.

Otra de las tareas que me parece no deben realizar las fuerzas armadas es la revisión en las casetas de vigilancia. Hace unos días realicé un viaje a la Ciudad de México y de regreso tuvimos que esperar casi media hora para llegar a la caseta que está cerca de Peñuelas. El problema se originó porque, como siempre, muchos automovilistas no respetaban la fila y al final se metían “a la brava”. Para colmo, el soldado que daba el paso le indicó al chofer del autobús que se estacionara para revisión. Otro militar subió al camión para decirnos que debíamos bajar porque se iban a revisar las maletas y los bolsos de las damas. Lo encaré y le dije que ya llevábamos media hora de retraso, precisamente porque ellos no eran capaces de controlar la formación en la fila. De algo me valió. No se revisaron las maletas, solamente las bolsas de mano. Y no se revisaron porque los soldados nos querían obligar a que nosotros las bajáramos. Les pedimos que ellos las bajaran porque para eso están. Por su parte, las señoras estaban verdaderamente indignadas porque la mayoría llevaba en sus bolsos artículos de higiene personal. Y vaya usted a saber si los soldados tenían las manos limpias. Una señora me decía que los militares sólo estaban cumpliendo con su trabajo. Le dije que no era el caso, que todo se originó porque estaban haciendo mal su trabajo, debido a que no eran capaces de controlar el orden en la fila. Me resulta penoso tratar estos asuntos en forma pública. Pero creo que debo hacerlo para ver si las autoridades entienden que ese tipo de tareas le corresponden a la Policía Federal. Ellos sí están capacitados para realizarlas. Me consta que saben hacerlo.

Hace un par de años, también cerca de Peñuelas, iba yo circulando en mi vehículo y me detuvo una patrulla de la Policía Federal. De la manera más amable, el oficial me pidió mis papeles. Los revisó con cuidado y me levantó la infracción. Me dijo que si la pagaba en las siguientes 72 horas en el Centro SCT, tendría un descuento del 50%. En ningún momento me insinuó que le diera algún soborno. También me aclaró que a él en lo personal le parecía absurdo que el límite de velocidad en una carretera de cuatro carriles, al terminar la autopista, fuera de 60 kilómetros por hora. Pero así está establecido, me comentó. Como sabemos, en la autopista como tal el límite de velocidad es de 110 Km. por hora, pero pasando el puente de Encarnación de Díaz se mantienen los cuatro carriles aunque ya no se considera autopista y el límite de velocidad baja, como decíamos, a 60 Km. por hora. Pagué a tiempo para obtener el descuento y desde entonces, cada que veo algún vehículo que se parece a una patrulla, de inmediato bajo la velocidad. Tienen pistolas de radar y detienen a cualquiera que rebase el límite. No acostumbro manejar a altas velocidades pero me parece muy tedioso que en las excelentes autopistas de altas especificaciones que se construyeron en la época del entonces presidente Carlos Salinas, se tenga que ir a 110 Km. por hora. Por lo menos se deberían permitir 120, sobre todo porque en muchas ocasiones están desiertas. Solamente los autobuses de pasajeros respetan sus propios límites de velocidad, o los tractocamiones en subida porque no dan para más.

Por cierto, ese tipo de supercarreteras no le piden nada a las que hay en Estados Unidos y Canadá. Recuerdo que en alguna ocasión fuimos a Canadá y renté un vehículo. Uno de mis hijos me preguntó por qué allá no hay mosquitos que se estrellan en el parabrisas. Le dije que en Canadá fumigan todas las carreteras. Me lo creyó. Después me arrepentí y le dije la verdad: allá no hay mosquitos por el clima tan frío. Un consejo a mis lectores por si alguno decide viajar por aquellas tierras: allá sí hay que respetar los límites de velocidad. No sólo recogen las licencias. Aplican multas severísimas. Lo único que dejan es el pasaporte y las tarjetas de crédito para pagar las infracciones. Debo aclarar que a mí nunca me ha ocurrido pero tengo amigos que han pasado por ese calvario. El viaje, que parece una visita al paraíso después de ver las formidables cataratas del Niágara, termina por convertirse en un infierno.

Por regla general, hay que cumplir con la ley sobre todo en los países en que hay el hábito de cumplir con ella. Subirse al Metro de la Ciudad de México sin pagar boleto es una rutina. Los policías se quedan viendo como si no se tratara de un delito, por mínimo que sea. Pero tratar de hacerlo en el Metro de París es una locura. Ahora sí hablo por experiencia. Alguna vez, por descuido, me ocurrió. Tuve que pagar una multa de 50 euros. El boleto costaba dos.

Finalmente, resulta lamentable esa costumbre que tenemos de quedarnos callados ante los abusos. Hay abundante literatura sobre ciertas características en la forma de ser de los mexicanos: hablamos a media voz, huimos de los pleitos como si se tratara de la peste, preferimos quedarnos callados cuando vemos que un producto que compramos está echado a perder, les pagamos a los carpinteros o a los plomeros aunque hagan mal su trabajo. En Estados Unidos o en Europa se reirían de nosotros si les decimos que en México tenemos una procuraduría del consumidor, una comisión para defender a los usuarios de los servicios financieros y otra para la defensa de los derechos humanos. Allá no hacen falta. No hay litros o galones de tres cuartos. Los servicios financieros se prestan con normalidad y la defensa de los derechos humanos está en manos de organizaciones de la sociedad civil.

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