Jesús Orozco Castellanos

En días pasados, el secretario de Gobernación declaró que los enemigos de México, los que promueven la violencia, son quienes resultaron afectados por las reformas estructurales emprendidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No dio nombres ni apellidos. Y difícilmente podría darlos porque promover la violencia es un delito grave y, por lo tanto, los responsables deberían estar en la cárcel, lo que nunca va a ocurrir. Me parece que lo que pretende el gobierno es encontrar lo que ahora se conoce como una “narrativa”, es decir, un núcleo temático que mantenga ocupada a la “comentocracia”. Así, el gobierno podría tomar un respiro para pensar en un posible relanzamiento de aquí al 2018. Si ésa era la intención, no se logró con la declaración de Miguel Ángel Osorio, que se quedó en mera retórica.

Por lo visto, no bastó con el decálogo que recientemente leyó el presidente Peña Nieto en el Palacio Nacional. Además, una de sus propuestas fue la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, muy parecida a una que antes había propuesto el Partido Acción Nacional. Sin embargo, el PRI frenó la iniciativa del Presidente en el Congreso. Parecería entonces que el Presidente de la República no tiene control sobre su propio partido político. Peor aún: se esperaba que las medidas propuestas en materia de seguridad pública (el decálogo) fueran aprobadas por el Congreso de la Unión este mismo año. No fue así. Sólo se puso en marcha una: el operativo de las fuerzas federales en Tierra Caliente, Michoacán. Por cierto, no sirvió de mucho. Hace unos días ocurrió un enfrentamiento entre bandas rivales en esa zona. Murieron 11 personas, incluyendo a un hijo de Hipólito Mora, uno de los líderes de los Caballeros Templarios. O sea que la labor del comisionado Alfredo Castillo, que fue enviado a Michoacán como una especie de ministro plenipotenciario, no rindió mayores frutos. Por lo menos es lo que se desprende de los hechos recientes. La violencia no tiene para cuando terminar.

Hemos comentado en este espacio que mientras siga habiendo en Michoacán producción abundante de aguacate, limón y ganado, seguirán existiendo líderes que se encarguen de cobrar cuotas por cada kilo producido. La única salida posible es la creación de una empresa estatal que se haga cargo de la comercialización de esos productos. Pero al parecer ni el gobierno estatal ni el federal quieren recurrir al viejo expediente de crear empresas que a la vuelta de unos años terminarían por venderse a particulares. No obstante, me parece que el caso de Michoacán sería conveniente considerarlo como una excepción, dada la complejidad de la situación en esa entidad.

Todo parece indicar que el actual gobierno ha tomado la decisión de conducirse a partir de la más pura ortodoxia: nada de cambios en el gabinete, ni remoción de gobernadores (el caso de Guerrero fue de renuncia por razones de la más absoluta incompetencia), ni desaparición de poderes en los estados. Todas esas medidas le parecen “bravuconadas” a Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia y uno de los hombres clave en el equipo de Peña Nieto. Lo dijo de manera explícita en una entrevista. También dijo que no se gobierna para dar gusto a los articulistas de la prensa. Está bien que se tenga una línea clara en la conducción del gobierno, pero por lo menos en lo referente a la composición del gabinete, se ha señalado reiteradamente que algunos funcionarios no han estado a la altura de su encomienda. Yo señalaría el caso del canciller José Antonio Meade. No tiene trayectoria en el servicio exterior. Seguramente se quedó tan sorprendido como nosotros cuando se anunció la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Para sorpresa de todos, los mediadores en ese proceso fueron el gobierno de Canadá y el Papa. México brilló por su ausencia.

Si la idea es “nadar de muertito” durante los próximos cuatro años, el tramo es demasiado largo y más ante la sensación generalizada de que la sociedad mexicana vive en un estado de hartazgo por la ola de corrupción e impunidad. Así lo reflejan las encuestas que se han llevado a cabo recientemente por parte de diferentes empresas. Y como ya no estamos para revoluciones o levantamientos armados, el único instrumento con que cuenta la ciudadanía es su voto en las urnas. El próximo año habrá elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. En varios estados de la República habrá también cambio de poderes. En el 2018 habrá de renovarse todo el Congreso de la Unión y tendremos nuevo Presidente de la República. Probablemente veremos voto de castigo tanto en el plano local como en el federal. Históricamente hemos visto cómo la sociedad suele cobrar la factura electoral en situaciones problemáticas. La crisis económica de 1994-1995 le costó al PRI perder la Cámara de Diputados en 1997 y la Presidencia de la República en el 2000. Los magros resultados de los gobiernos panistas de 2000 a 2012 dieron como resultado el regreso del PRI a Los Pinos. Quienes creen que el PRI nunca debió haber salido de allí, que Zedillo “le entregó” la Presidencia de la República al PAN, están equivocados. Olvidan que hay elecciones y que el voto cuenta. La nuestra es una sociedad electoralmente madura.

Hace algunos años asistí a una conferencia que dio en la sede local del PRI el político veracruzano Juan Maldonado Pereda (fallecido hace un par de años). Allí dijo que Ernesto Zedillo debería ser juzgado como traidor a la patria porque “le entregó la Presidencia de la República al PAN”. La Constitución establece que ese delito se debe castigar con la pena de muerte, aunque en la práctica nunca se ha aplicado. Me salí de la conferencia con una sensación de repugnancia. Ese priísmo antidemocrático le ha hecho daño al país. Lamentablemente, en el actual gobierno federal hay quienes piensan así. Partieron de una premisa equivocada: nosotros sí sabemos cómo se gobierna. La terca realidad, a partir de los hechos de Iguala, los está poniendo en su lugar. A eso se agregan los errores propios: el tema de las casas, por ejemplo.

Claro que cualquier partido político tiene el legítimo derecho de aspirar al poder, siempre y cuando se someta al escrutinio de las urnas. Lo que suele ocurrir en todos los países democráticos es que el poder desgasta. Por eso se da la alternancia. Es un mecanismo de equilibrio. Y todo se da en el marco de la libertad, valor supremo de la democracia. En las dictaduras no hay libertad. Por eso los dictadores se dan el lujo de cometer toda clase de excesos, incluyendo el asesinato de sus opositores. Pero los agravios se acumulan y al final los familiares de las víctimas terminan por cobrar venganza. En América Latina tenemos casos paradigmáticos: Duvalier en Haití, Somoza en Nicaragua, Trujillo en la República Dominicana, Pinochet en Chile, Videla en Argentina. Sólo Pinochet murió de viejo en su cama. Fue la excepción.

Se ha dicho que la democracia es un sistema imperfecto, aunque es preferible a todos los demás. Platón proponía la aristocracia, el gobierno de los sabios, algo que nunca se ha dado. Finalmente los gobernantes son seres humanos. Los mejores son los que saben reconocer sus limitaciones y se rodean de un grupo de colaboradores inteligentes y capaces. Nada más pero nada menos.