Jesús Orozco Castellanos

El pasado jueves el presidente Peña Nieto dio a conocer su estrategia en materia de seguridad pública, justicia y combate a la pobreza. Leyó un discurso en el Palacio Nacional en presencia de los gobernadores, líderes de los partidos políticos, legisladores, empresarios, líderes sindicales, comunicadores, académicos. Antes se les llamaba fuerzas vivas. Hoy se les conoce como actores sociales. El lenguaje ha mejorado.

En el primer tema, que contiene diez propuestas, sobresalen las siguientes:

  1. La definición de competencias en materia penal entre los tres órdenes de gobierno, a fin de terminar con la vieja práctica de “tirarse la bolita” a la hora de asumir responsabilidades.
  2. La creación de 32 sistemas policiacos profesionales y eficientes (uno por cada entidad federativa), con lo cual se pretende acabar con la ineficiencia y la corrupción de los 1,800 cuerpos policiacos municipales que actualmente existen. Los nuevos policías tendrían mejores remuneraciones. Hoy en día, en algunos municipios existen policías con cuatro mil pesos mensuales de sueldo, lo cual propicia una enorme corrupción, sobre todo por parte del crimen organizado.
  3. La propuesta que le permitiría al gobierno federal disolver los ayuntamientos cuando se compruebe que las autoridades están coludidas con el crimen organizado.
  4. El establecimiento del Registro Nacional de Víctimas para mejorar la protección de los derechos humanos, así como la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño.
  5. El tema del sistema nacional anticorrupción se discute actualmente en el Congreso de la Unión.

Si bien hay algunos avances, estamos lejos de ver resultados concretos en materia de seguridad y justicia. Además, se crearon expectativas muy altas sobre lo que propondría el Presidente. Se llegó a decir que ese paquete de medidas tenía por objeto que no se volvieran a repetir los lamentables acontecimientos de Iguala. Pero apenas terminaba el Presidente de leer su discurso en el Palacio Nacional, cuando se corrió la voz entre los reporteros en el sentido de que habían sido decapitadas 11 personas en el municipio de Chilapa, Guerrero. Al crimen se agregó la crueldad. Así ocurrió.

La propuesta en el sentido de que el gobierno federal esté facultado para disolver los ayuntamientos cuando se compruebe que las autoridades están en contubernio con el crimen organizado es muy delicada y cuestionable. Se puede prestar a venganzas políticas y sería un atropello flagrante al artículo 115 constitucional. ¿Dónde quedaría la autonomía de los municipios? Además, es cuestión de grados: ¿Quién define si es mucho, regular o poco el nivel de involucramiento? ¿Cómo se podría medir? Ojalá que el Congreso de la Unión desestime esta propuesta. Sólo hay que aplicar el marco legal existente.

La creación de 32 cuerpos policiacos profesionales se ha venido proponiendo desde hace varios años. Para realizarla hay por lo menos dos problemas: el costo que tendría indemnizar a más de 300 mil elementos y la contratación y capacitación de los nuevos, que también cuesta y se puede llevar años. Por eso no se ha podido realizar. No sólo es cuestión de voluntad política.

Lo cierto es que el problema de la violencia en Guerrero y otros estados del país, no se va a resolver con discursos, ni siquiera con más leyes. De hecho, la prensa en México vio con escepticismo el discurso presidencial. Algunos articulistas lo calificaron como un discurso más. El columnista Francisco Garfias señaló que los problemas no se resuelven con discursos ni recetas. El periodista Ciro Gómez Leyva había dicho que el presidente Peña Nieto estaba obligado a entusiasmar, a llamar a los mexicanos al esfuerzo común. Pero su comentario sobre el discurso fue, si no totalmente negativo, al menos desabrido. Y es que en Los Pinos se había dicho que el discurso iba a ser una especie de parteaguas. El Presidente dijo que México no podía ser el mismo después de los hechos de Iguala. En eso tiene razón. El problema es que su respuesta a la grave crisis por la que está atravesando el país y que fue detonada por los hechos de Iguala, no es precisamente la más indicada. Como decíamos la semana pasada, hay un estado de ánimo de hartazgo en la sociedad mexicana por el grado de corrupción e impunidad al que se ha llegado. Ante eso, hace falta algo más que palabras. Se esperaba que el pasado jueves el Presidente por lo menos anunciara algunos cambios en su gabinete. No ocurrió. Hay quienes se hacen ilusiones de que eso pueda ocurrir en el discurso de la próxima semana con motivo del segundo aniversario de la toma de posesión. Otros dicen que será en enero del 2015. Yo mantengo el escepticismo en ese tema. Pareciera que el Presidente sigue convencido de que hacer cambios es mostrar debilidad en el ejercicio del poder. Pero yo me pregunto, aparte de los Abarca, ¿no hay responsables por lo que ha venido ocurriendo en Iguala desde hace por lo menos dos años? El ex gobernador Ángel Aguirre sigue tan campante. Su esposa dice que ella sigue siendo primera dama del estado de Guerrero porque su marido solamente solicitó licencia temporal. ¿Tampoco hay responsables en el gobierno federal ante semejante desgracia? Es muy duro tener que preguntarnos: ¿hacen falta más muertos? ¿Cuántos? ¿Qué se espera para desaparecer los poderes en Guerrero?

El Presidente se refirió también al tema de la pobreza. ¿Por qué lo asoció con el problema de la seguridad? Hay quienes afirman que eso abona a la idea de que los pobres se convierten en delincuentes porque es la única opción que tienen para salir de la pobreza. Los estudios realizados demuestran que no es así. El fenómeno es mucho más complejo. Ciertamente se refirió el Presidente a la necesidad de crear polos de desarrollo en el sureste del país. Pero los empresarios no van a invertir en Chiapas por el solo hecho de que el presidente Peña Nieto lo está solicitando. Hace falta infraestructura, seguridad, mano de obra calificada. Ojalá que por lo menos se pueda concretar el corredor transístmico (de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz), algo que se ha venido planteando desde los tiempos de Miguel de la Madrid.

En fin, varios articulistas de la prensa nacional han señalado que el país atraviesa por una de las crisis más graves de las últimas décadas y que esto se percibe en el mundo entero. Se trata de una crisis de credibilidad, de una suerte de divorcio entre el gobierno y la sociedad. Por tanto, habrá que llegar a la conclusión de que se requiere un líder que se ponga a la altura de las circunstancias para dar un golpe de timón. José López Portillo lo hizo con un discurso magistral en su toma de posesión. Carlos Salinas también lo hizo con un proyecto reformador y con acciones políticas contundentes. Me parece que el principal reto del presidente Peña Nieto es justamente un golpe de timón.