Además de ociosa, la reforma al Código Penal aprobada por el pleno legislativo en el tema de legítima defensa, lleva implícito el riesgo de que su efecto sea contrario a la “buena intención” del legislador y acote su aplicación.

Se trata de una copia de la reforma hecha en mayo en Nuevo León, para el mismo tema, donde a la fecha no sólo no han disminuido los índices delictivos, sino que por el contrario, se han multiplicado los linchamientos.

Así lo señaló el jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor José Luis Eloy Morales Brand, al referir que información de aquella entidad arroja que no hay hasta este momento un solo caso de linchamiento o reacción desproporcionada que se haya podido acreditar como legítima defensa.

Por el contrario, aseguró, los reportes de jueces y ministerios públicos de aquella entidad, son en el sentido de que las personas que se han señalado como responsables, están siendo procesadas a título doloso o intencional.

Morales Brand recordó que en Aguascalientes la legítima defensa está regulada desde la década de los noventa con un articulado amplio y puntual que no requería ajustes.

Además lo agregado por los diputados especificando que todo ingreso al domicilio o negocio es supuesto para actuar en legítima defensa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo tenía contemplado y definido hace más de 15 años.

Se trata, pues, de una reforma que no era necesaria, que demuestra que no hay contacto con la realidad de los casos existentes en Aguascalientes y que envía un mal mensaje a la sociedad en el sentido de que está facultada para matar o reaccionar de manera desproporcionada cuando eso no es así, agregó.

Morales Brand expuso que si la intención era generar mayor certeza, no se logró, pues la reforma habla de que la fuerza suficiente de reacción ante una agresión en el domicilio o el negocio, la determinara el juez.

Es decir, quedo igual y el caso más claro es el de los balconeros donde no se les acreditó tal figura y de todos modos se les proceso a título doloso o intencional, con la correspondiente sanción.

Finalmente lamentó que es mas necesario fortalecer educación y comunicación ante ciudadanos y no seguir con la creencia de que reformando la ley se resuelven los problemas.

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