El nuevo catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, aprobado el martes pasado por legisladores federales, va en contra de la Carta Magna, ya que va más allá de los delitos establecidos en el Artículo 19 Constitucional, señaló Margarita Luna Ramos.
La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que la ampliación de dicho listado, con delitos tan comunes como el robo a casa-habitación, a transporte de carga y el feminicidio, entre otros, llenará de nuevo las cárceles del país.
“Además, violenta tratados internacionales suscritos por México, afecta al sistema de justicia penal adversarial porque falta al principio de presunción de inocencia, y dicta una pena anticipada para quien todavía no ha sido procesado”, agregó.
Sin embargo, se aprobó porque en el marco de inseguridad que vive el país, con una dinámica social a la que el hampa acecha casi en cada esquina, en algunas ciudades, comunidades y sectores territoriales del país “se consideró necesaria”.
En conferencia magistral ayer en esta ciudad, la ministra en retiro reconoció que la recepción social de esta reforma que tiene diversas aristas jurídicas cuestionables, es positiva, pues la asumen como una respuesta a la llamada “puerta giratoria” que tanto se ha satanizado en el nuevo sistema de justicia penal.
Ante estudiantes y maestros del área de derecho, Luna Ramos subrayó que desde su iniciativa, la reforma fue cuestionada incluso desde la Organización de las Naciones Unidas, advirtiendo que violentaría pactos internacionales por el abuso de la prisión preventiva que se comete con esta ampliación del catálogo.
“También se viola el principio de presunción de inocencia, y se vulnera la independencia judicial, porque al establecer la prisión preventiva sin tener que motivar, fundar ni establecer las circunstancias específicas del caso concreto, el juez pierde autonomía”.
Asimismo, refirió que la ONU advirtió de la violación al principio de igualdad ante la ley y al mismo tiempo de que una excesiva lista de supuestos de aplicación de prisión preventiva oficiosa, significaría violaciones al principio de regresividad, es decir, de retroceder en el ámbito de la impartición de justicia.