Por Jesús Eduardo Martín Jáuregui

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados concluyendo que las personas virtuales pueden ser también titulares de derechos humanos, o sea que no sólo los individuos sino también las asociaciones y sociedades pueden hacer valer en su protección frente a las autoridades el catálogo de derechos humanos reconocido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

A los abogados les gusta enredar las cosas dicen los que no son abogados y a lo mejor tienen razón. La deformación profesional en cualquier área del conocimiento hace que el que la conoce y la practica aprecie como algo sencillo lo que para los legos puede resultar un galimatías. Cada quien en su oficio es rey, dice un refrán y el campo del Derecho no es la excepción. Hay abogados que luego de escucharlos argumentar pueden convencerlo a uno de la inocencia del Capitán Garfio, de la maldad innata de Campanita y de la culpabilidad ostensible de Peter Pan con su pandilla de malvados habitantes de la tierra de Nunca Jamás. No de otra manera pueden explicarse fallos históricos que en la perspectiva del tiempo se juzgan como auténticos fallos y no como recta aplicación del Derecho que no de la Justicia: la sentencia del Aerópago que condenó a Sócrates (el hombre más justo que ha existido) a la pena de muerte, la resolución del Sanedrín que forzó al imperio romano a crucificar a un hombre al que ninguna culpa se le encontró, o la condena inexcusable de la Santa Inquisición para el astrónomo que puso en duda que la tierra era el centro del universo porque era la que se movía en torno al sol. El Derecho es un producto cultural, por lo tanto es una creación del hombre y como todo bien cultural refleja la idea del ser y de la vida que tiene un grupo social en una época determinada.

Parte de los trabajos que pasan los señores Ministros de la Suprema Corte es decidir quién tiene la razón cuando tribunales de circuito resuelven juicios de amparo con interpretaciones contradictorias de la ley. Si no se resolvieran esas contradicciones se propiciaría que continuara una situación de inseguridad jurídica, el ciudadano no tendría la seguridad de conocer de antemano de qué manera se juzgaría un hecho concreto, dejándolo en un estado de indefensión. El punto de partida es que las leyes se expresan en palabras, y las palabras son signos, por lo tanto tienen significados, y los significados pueden variar de acuerdo con su contexto. Las leyes son creadas por órganos del estado especializados (es un decir) porque en la práctica los órganos legislativos se integran por personas de carne y hueso, con juicios y prejuicios, con presiones y con intenciones, buenas y malas, como todo ser humano. El texto de la ley es resultado de un proceso legislativo que nos asegura la legalidad pero no la congruencia o claridad menos aún la justicia (dando por supuesto que podamos conocerla). Las leyes son aplicadas por personas que no las hicieron, que se prepararon para adecuarlas a los casos concretos pero que no necesariamente (la mayoría de las veces no) tienen la perspectiva, ni las presiones ni las intenciones que tuvo el legislador, lo que va haciendo que este asunto de entender y aplicar la ley se complique. Lo que nos da cierta tranquilidad es que la interpretación que haga la Suprema Corte será la interpretación que obligue a todas las autoridades, por eso mi maestro Don Fernando Castellanos Tena solía decir: “La ley dice lo que la Suprema Corte dice que dice”.

Antes del año 2011 los derechos fundamentales según la Constitución se llamaban garantías individuales y eran “otorgados” por la ley a los individuos (hombre o mujer precisó una desafortunada reforma de José López Portillo que después enmendó Miguel de la Madrid). Algunos despistados consideraron que si el texto decía individuos no podría aplicarse a las personas virtuales creadas por la ley tales como asociaciones, sindicatos, uniones, sociedades, fundaciones, etc., que suelen ser conocidas con un término equívoco “personas morales” o con otro no menos equívoco “personas colectivas”, y la Suprema Corte dijo que donde la Constitución decía individuos debería leerse personas, tanto físicas (individuos realmente) como morales (ficciones creadas por ley) y todos contentos. En 2011 el legislador reformó la Constitución y donde decía garantías individuales dice derechos humanos y donde decía otorga dice reconoce, la reforma es trascendente se ha dicho porque ya no es la ley la que concede graciosamente al individuo sus derechos, sino que los derechos son anteriores y la ley solo se los reconoce, por lo tanto la ley sólo constata una situación de hecho (por fin de hecho o de derecho, no, si les digo que los abogados son enredosos). La cuestión es que llevada a sus últimas consecuencias da lo mismo “atrás que en ancas”, de todos modos “llevas las patas colgando”, si la ley “otorga” los derechos te los protegerá, si te los “reconoce” te los protegerá…y si no te los reconoce, pues no. En la práctica da lo mismo Chana que Juana, se requiere que la ley reconozca u otorgue un derecho para que éste sea tutelado. Lo que se amplió y para bien es que la protección no se limite a los derechos fundamentales reconocidos por la constitución sino que se extienda a todos aquellos derechos humanos (o fundamentales reconocidos en los tratados suscritos por México).

Hasta aquí creo que vamos muy bien (amable lector, se lo advertí, ya sabe cómo somos los abogados), la cosa es que no faltó quien dijera: ¡Ah! es que la reforma habla de derechos humanos y las sociedades aunque son humanas en el sentido de ser creación humana, no son humanas en tanto que no son individuos humanos, ¡otra vez la burra al trigo!. No faltó el tribunal que asumió esta interpretación y dijo: sólo los individuos son titulares de los derechos fundamentales llamados derechos humanos, y no faltó tampoco el tribunal que dijo: los derechos humanos o derechos fundamentales son derechos de las personas (así dice la Constitución) y hay personas de muchas clases (sin ánimo peyorativo ni discriminatorio), por lo tanto las personas virtuales pueden hacer valer en su beneficio los derechos fundamentales que les resulten aplicables de acuerdo con su naturaleza. Con esta interpretación extensiva de la Corte las grandes corporaciones nacionales o extranjeras se podrán acoger a la protección y tutela no sólo de los órganos jurisdiccionales sino también de los organismos tutelares de los “derechos humanos”, a menos que la Corte venga nuevamente y nos diga que donde digo Diego, no digo Diego, sino digo digo.

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