Jesús Eduardo Martín Jáuregui

De un tiempo para acá, las palabras, el concepto “Derechos Humanos” forma parte del discurso usual en la vida cotidiana. Lo manejan los políticos, lo utilizan las organizaciones de la sociedad civil, lo reclaman los ciudadanos, lo reivindican los grupos indígenas, lo alegan los migrantes, lo demandan las policías, lo usan lo mismo para demandar la práctica del aborto (eufemísticamente “interrupción del embarazo”) como un DH de la mujer embarazada, que para exigir que se respete la vida del ser concebido que la tiene propia, aunque dependiente y para solicitar el respeto de ejercer la objeción de conciencia (si para mí es un asesinato, el estado no me puede forzar a cometerlo); todas las acciones del estado son en declaraciones con pleno respeto a los derechos humanos; se detiene “respetándolos”, se aísla “respetándolos”, se incomunica “respetándolos”, se deporta “respetándolos”, se inmovilizan cuentas “respetándolas”, se difama, se calumnia, se amenaza con total respeto a sus derechos humanos y a su garantía de audiencia (a toro pasado).

Esa utilización anfibológica del concepto y su aplicación, no pocas veces a situaciones que se excluyen, la falta de propiedad en su manejo y el atribuirlo lo mismo para un barrido que para un fregado, me lleva a una primera y no muy sólida hipótesis, de que en treinta y tantos años que tenemos organismos públicos promotores y defensores de DH, no se ha logrado ni siquiera, que permeé una idea más o menos clara de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos (cfr. Raymon Carven).

No es infrecuente escuchar de los derechos humanos de las víctimas, contraponiéndolos a los de los victimarios, como si fueran excluyentes, o de los derechos humanos de los policías antagónicos a los de los delincuentes. Y timoratamente se suele responder con un discurso más o menos obtuso que no lastime a nadie y que trata de dejar contentos a todos. Se atribuye al político británico Benjamín Disraeli, que cuando le preguntaron el secreto del éxito, contestó: No lo sé, pero sé el del fracaso, tratar de quedar bien con todos.

Hay que decirlo claro, muy claro, la autoridad, las autoridades en tanto autoridades no tienen derechos humanos o derechos fundamentales, que de hecho son dos formas de referirse al mismo concepto. El policía en tanto que policía no tiene derechos humanos, los tiene en tanto que ser humano, en tanto que individuo, en tanto que ciudadano. Veamos un ejemplo con manzanas, con perdón de los lectores carnívoros y los avezados que pueden ahorrarse este articulejo, si un policía sin motivo alguno o con un motivo baladí tal como “sorprenderle en actitud sospechosa” detiene a una persona y le somete por resistirse a que se le practique una revisión de rutina,  (en palabras del detenido “madrearlo por no dejarse bolsear”), evidentemente estará cometiendo una violación flagrante de los DH y ameritaría una sanción, pero, no se podría condenar al policía por abuso de autoridad sin ser sometido al debido proceso. Pero si el detenido en un descuido del policía regresara la agresión y lesionara al policía, no estaría violando sus DH, sino cometiendo un delito, que desde luego debe castigarse.

Los estudiosos discuten si es posible que la conducta de los particulares se considere como violación de los derechos fundamentales, sin que, a la fecha, haya una opinión única compartida. Pensemos, por ejemplo, que una secta religiosa establece, como sucede en algunos pueblos africanos, la ablación del clítoris de sus seguidoras, ello, desde luego si lo cometiese la autoridad sería una clarísima violación de derechos fundamentales, pero cometido por los líderes sectarios es un delito gravísimo. No perseguirlo, tolerarlo, propiciarlo, implicaría la violación de DH y la secta religiosa sería instrumento para su violación.

Hay temas, afortunadamente, en los que existe el reconocimento de que constituyen claras violaciones a los DH, aunque ese “reconocimiento” no implica la convicción de su combate ni mucho menos la búsqueda de su erradicación. Tal es el caso de la Tortura, en que aparentemente la sociedad está conciente en que es una práctica que debe desterrarse y sin embargo, las encuestas que han realizado organismos tan serios como el Inacipe, han arrojado datos verdaderamente sorprendentes tales como, que tratándose de delitos graves casi el 70 por ciento de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en que se utilice para su investigación, lo que supone, de entrada, la aceptación de que se torture a un inocente, lo que resultaría verdaderamente salvaje. Parece, más bien, como que la “gente” da a priori un voto de confianza a la policía en cuanto a haber encontrado el responsable, y la tortura sólo sirve para convalidar la responsabilidad con la confesión. Una creencia que proviene de la antigua dogmática penal, que lamentablemente se fortalece con las series y películas “policíacas” que suelen culminar, no con la resolución del caso, sino con la confesión luego de ser sometidos los imputados a las torturas más sofisticadas, que son presentadas como prácticas de interrogatorio e investigación.

Un periódico de la capital publicó en una columna el día de ayer o anteayer, que una comisión de la ONU vendrá a Aguascalientes para investigar la práctica de tortura por parte de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia entre 2011 y 2014, ello seguramente implicaría un período que, no habría razón para delimitar. Cualquier medida que se lleve a cabo para concienciar de que la tortura no sólo es inhumana sino inútil, es un avance para paulatinamente transformar esa representación social que conceptúa a los organismos defensores de DH como defensores de delincuentes y a los delincuentes como seres atávicos con una inclinación innata al mal, sin parar mientes en que la sociedad también es responsable y debe hacerse cargo de quienes delinquen, porque cualquiera tenemos el riesgo de eventualmente delinquir.

En las llamadas redes sociales circula un video de la tortura infligida a un sujeto a investigación en el Caso Ayotzinapa, señalando que la CNDH no consignó en su Recomendación que se hubiera practicado tortura, aduciendo ésta que se señalaron malos tratos. Un eufemismo. A las cosas hay que llamarles por su nombre. A los DH, DH, y a la tortura, tortura, para ir empezando a trabajar en el camino de su erradicación.

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