La tendencia a judicializar las cuestiones electorales impulsó la creación de una rama del derecho que se dedique exclusivamente a la materia electoral, como ocurre con la penal, administrativa, familiar, etcétera; por lo tanto, los partidos políticos deben preocuparse por tener en su estructura este tipo de expertos.

Es un cargo que surgió a finales del siglo pasado, con licenciados en derecho que consideraban que no bastaba con los conocimientos generales, sino que había que especializarse en derecho procesal electoral, como una vía para enfrentar y exigir respuesta a toda clase de controversias, para ello era necesario tener pleno conocimiento de las leyes y reglamentos que rigen a los órganos electorales federales y estatales, el Tribunal Electoral e incluso el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

La costumbre de tener un grupo de abogados que no son peritos en derecho electoral empieza a ser parte de la historia, o por lo menos así lo destacan los organismos políticos que tienen a quien sabe defenderlos o acometer en cualquier circunstancia, lo que necesariamente obliga a profesionalizar esta área.

Uno de los primeros que lo visualizó fue el licenciado Rubén González, muy conocido en las filas de la izquierda, que ha participado en actividades electorales y de derechos humanos, siguiéndoles otros de diversas formaciones políticas; sin embargo, tanto él como los demás fueron desplazados por recomendados que, aun cuando tienen el título de abogado, no conocen los vericuetos de la función electoral, esto lleva a que por cualquier nimiedad recurran a la denuncia formal y hasta pedir que se invalide una elección, cuando lo natural es analizar y valorar si procede y hasta dónde se puede ganar el caso. Hacerlo por generar un escándalo social, tarde o temprano revienta como burbujas de jabón y se revierte al que lo provocó.

Previo a la jornada electoral del 7 de junio pasado, el vocal ejecutivo local del Instituto Nacional Electoral (INE), Ignacio Ruelas Olvera, fue muy claro al citar que la defensa jurídica de los intereses partidistas debe estar en conocedores de la asignatura y que además les paguen por sus servicios.

En efecto, es común que los líderes de los partidos salgan a decir que tienen un equipo muy numeroso de abogados para proteger el voto y la voluntad de los militantes, sin embargo, casi todos ellos trabajan sin remuneración alguna, dedicándole sólo algunas horas, por ello la sugerencia de Ruelas Olvera: “Los partidos deben allegarse de especialistas a quienes convenzan de su ideología, y segundo, que les paguen”.

Recordó que los recursos de impugnación se litigan en los tribunales, no ante los medios de comunicación, por lo que no es válido que carguen culpas a los órganos electorales que no dan la respuesta que esperaban, lo que muchas veces se debe a errores de interpretación: “Los partidos políticos deben tener especialistas en derecho electoral, porque un procedimiento especial sancionador lo meten como ordinario, y un ordinario lo meten como especial, o como un recurso de revisión. Hemos visto documentos sin firma, sin personería jurídica o que están interpuestos fuera de tiempo”.

Por ley, el INE y todos los organismos electorales están obligados a dar certeza jurídica y legalidad a sus actos, y a su vez, los partidos deben revisar e interiorizarse de lo que dispone la legislación, para que conozcan qué pueden y deben hacer en cada caso, y no pretender sorprender a los medios con que no se atendió una impugnación, cuando se hizo fuera de tiempo.

Aguascalientes cuenta con instituciones de educación superior que en algunos casos ya preparan en derecho electoral, por lo tanto, el siguiente paso es que los partidos inviertan en su contratación y permanencia, porque al igual que en otras profesiones, hay cambios en la ley que obliga a estar al día, lo que difícilmente se logra en semanas previas a una elección.

HECHOS, NO PALABRAS

Sin llegar a la discrepancia con sus detractores, que con o sin razón están encima, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha preferido el camino de la información de los servicios y prestaciones que proporciona y que muchas veces se desconocen, por lo que no se utilizan o se les da un sentido erróneo.

Ante la magnitud de asegurados y dependientes, que ya rebasan los 300 mil, la institución debe hacer frente a las exigencias con lo que cuenta, por lo que en aras de la importancia que tienen las acciones que realiza, se desmenuza cada una de ellas.

El programa “A todo IMSS” ha venido a aliviar un poco las carencias de camas, es un sistema que permite mejorar la atención a personas con enfermedades crónico-degenerativas, liberando un promedio de 55 días de hospital al año, para ello se tiene dos grupos interdisciplinarios que acuden a los domicilios de estos pacientes.

Lo que se hace, explica el jefe de servicios médicos de la delegación estatal, Alfonso Martínez Hernández, es visitarlos para determinar su atención: “Son pacientes que requieren cambios de sonda Foley, curaciones, revisiones, oxígeno domiciliario; son revisados por este grupo multidisciplinario que involucra a un médico, una enfermera, la trabajadora social y un chofer. Con ello nos permitimos ahorrar prácticamente cerca de 55 días hospital al año, eso nos permitiría tener prácticamente un hospital de 250 camas, entonces, ése es el impacto que tiene este programa”, mismo que actualmente atiende a 1,100 pacientes.

Para el cumplimiento de esta labor y lograr mayor eficacia, se identifica y prioriza a los pacientes, pues hay quienes necesitan verse cada tres días, otros semanales o de revisión cada 15 ó 30 días, lo cual deja un triple beneficio: por una parte no se obliga al enfermo a tener que ser trasladado a un hospital y se le garantiza la misma atención; al mismo tiempo no se utilizan camas, y por otra parte, se favorece a los familiares que no alteran su rol de vida.

Por otro lado, el doctor Martínez Hernández invitó a los afiliados a que conozcan las ventajas que otorga el Seguro Social, como los servicios médicos que tiene, las semanas cotizadas, la prestación para jubilarse o pensionarse.

Mencionó como ejemplo que el trabajador tiene derecho a recibir atención médica desde el primer día que se le registra o se da “de alta”; en el caso de las mujeres, por razón de maternidad deben esperar 200 días cotizados en el último año para que puedan recibir el cien por ciento de su salario y desde el primer día de incapacidad; para enfermedad general debe estar cotizado al menos ocho semanas antes y se paga sólo el 60% y a partir del cuarto día; en cambio, las de riesgo de trabajo son a salario completo y no hay tiempo de espera.

En lo que se refiere a las pensiones hay dos vías: por cesantía en edad avanzada, que es cuando dejan de trabajar a los 60 años de edad, y por vejez a partir de los 65 años, en los dos casos se exige un periodo mínimo de cotización de 500 semanas, y de acuerdo a la nueva Ley del IMSS, de 1,227 semanas, que son cerca de 24 años cotizados; no obstante, conforme a la edad, el porcentaje del pago varía, a los 60 años sólo se les entrega el 75% de lo cotizado y aumenta el cinco por ciento por cada año más laborado.

Es importante que los trabajadores estén al tanto de sus derechos y obligaciones con el Seguro Social, de manera que aprovechen los beneficios que les aporta y puedan aplicarlos en las etapas correspondientes.

 

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