Condóminos de Portón San Ignacio denuncian que la Seguot y la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal fueron cómplices en el fraude del que fueron objeto por parte de la constructora Abita Casa, al permitirle una serie de omisiones para no contar con los servicios públicos correspondientes en dicho asentamiento; por lo anterior, piden una solución a su situación.
En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Condóminos de Portón San Ignacio, Alberto Nava Mejía, dio a conocer que llevan cinco años con este problema que ha afectado a cuando menos 40 personas, quienes fueron defraudadas por la constructora Abita Casa y una persona de nombre Estanislao Montes, quienes comenzaron a vender los lotes en 2011, al ofrecerles un paraíso con un condominio cerrado, ubicado por el antiguo camino a San Ignacio, con todos los servicios; sin embargo, a la fecha no cuentan con agua, drenaje, ni luz.
“Entre la constructora y esta persona hay un pleito que hasta el momento no han resuelto y están con demandas. Nosotros les compramos a ellos esperando que nos cumplieran, pero fuimos defraudados”.
Señaló que varios de los afectados han hecho inversiones importantes que van desde los 600 mil hasta los 4 millones de pesos, además de que les cobran prediales de más de 5 mil pesos por terrenos de 200 hasta 400 metros que no tienen nada.
“Hay varias casas ya en el fraccionamiento y de hecho están abandonadas, no hay nada por lo mismo, porque no hay servicios. Después de 6 años, el terreno está abandonado, expuesto a la delincuencia, y la obra está mal hecha, no cumple con las características que se ofertaron”.
Detalló que han buscado el apoyo de los titulares de la Seguot y de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, quienes han reconocido no haber hecho bien su trabajo. Sin embargo, manifiestan su decepción porque ninguna autoridad les ofrece una solución.
Además, culparon al titular de la Seguot, Armando Roque, quien antes de ser funcionario estatal, como dueño de un laboratorio, avaló parte de los trabajos de la constructora, cuando la realidad es que no se cumplió con lo estipulado.
Por todo lo anterior y ante la nula respuesta, es que decidieron interponer las denuncias correspondientes ante el Juzgado Quinto Mercantil, por fraude en contra de la constructora y las autoridades estatales y municipales, y además piden sanciones a los servidores públicos responsables.