El Heraldo de Aguascalientes

Denuncia eterna

Salvador Rodríguez López

Adalides del sector privado se han propuesto combatir la corrupción gubernamental, al considerar que ahí está el núcleo del atraso que registra el pueblo, por lo que echan mano de todas las herramientas que tienen a su alcance, principalmente la denuncia pública, para lograr sus fines.
Con esta actitud pretender convertirse en líderes de la sociedad, de ahí que un día sí y otro también declaran en contra del transporte urbano, de la inseguridad y la concesionaria del agua potable, respingan por el supuesto trabajo deficiente de los diputados y exigen una justicia libre de compromisos, además intervienen en todos los asuntos que sobre la marcha van surgiendo y que pueden atraer los reflectores y el aplausómetro social.
Si dentro de esa campaña incluyeran a los empresarios acusados de engañar a los clientes podría aceptarse el papel que juegan, pero guardan silencio cuando se trata de sus congéneres, por lo que al no haber equivalencia en su actitud significa que se conducen de acuerdo a la rosa de los vientos o que son bipolares.
Un caso típico de su nulo interés porque se cumpla la ley, sin importar el nombre o el tamaño del negocio, es el de las constructoras que venden viviendas con el señuelo que las familias encontrarán condiciones apropiadas para hacer realidad sus sueños. A la hora de hacer el trato todas son finezas del vendedor, pero una vez que el adquiriente ocupa la casa se da cuenta que los servicios son incompletos, principalmente el de limpia y vigilancia, pero en otros casos hay fallas ocultas que surgen con el paso de los meses.
Cuando acuden a las oficinas de la compañía se encuentran con una serie de disculpas y promesas, pero se han dado casos que ya las cerraron o la empresa cambió de razón social para eludir las demandas, por lo que tienen que entrar en un laberinto jurídico para exigir un derecho que tarda años en tener una respuesta que muchas veces queda lejos de ser satisfactoria.
El caso más reciente lo dio a conocer El Heraldo en su edición del pasado 23 de agosto, sobre el presunto fraude a los condóminos de Portón San Ignacio, asunto que se encuentra radicado en el Juzgado Quinto Mercantil, que involucra a la constructora Abita Casa, a dos dependencia públicas y a un funcionario.
La cuestión está en la recurrencia de este tipo de quejas, por lo que – por enésima ocasión – se plantea la necesidad de que, para autorizar un nuevo fraccionamiento o una ampliación, se exija una fianza que será restituida después que se ha comprobado que cumplió con todos los compromisos que hizo con el comprador, en caso de no ser así de la misma fianza se podrá pagar los faltantes hasta la entera satisfacción de las familias.
Uno de los problemas que más perjudica es la falta de servicios públicos, con el argumento de la autoridad que el fraccionamiento no ha sido entregado por el constructor, por lo que al no estar municipalizado no se puede otorgar vigilancia policíaca, limpia y en caso de desperfectos en la red de agua potable y alcantarillado no podrá intervenir.
No obstante, a los vecinos se les cobra el predial y Derecho de Alumbrado Público (DAP), lo que significa que están al día de sus obligaciones tributarias y por lo mismo tienen los mismos derechos que los demás habitantes.
Es una actitud dual, al afirmar que mientras el lugar no esté municipalizado el fraccionador debe proporcionar todos los servicios, pero si éste se vuelve “ojo de hormiga” quedan en el limbo, sin atención, pero tratándose de cobrar el impuesto a la propiedad raíz (predial) y el DAP ahí sí reconocen su existencia.
Son cuestiones que pasan de noche para los autonombrados “defensores sociales”, pese a que a todas luces es una forma de corrupción, de trampa y engaño, en que pueden estar involucrados algunos funcionarios públicos que sólo firman la autorización para la obra pero no le dan seguimiento ni vigilan que se apeguen a lo que dispone la ley, por lo que los menoscabados tienen como única opción la denuncia pública, en espera que los medios informativos se encarguen de airear su problema y a la mayor brevedad tenga una solución, aunque para ello deban invertir tiempo y recursos, que son hechos que no se toman en cuenta, como tampoco el daño emocional que les causa.

CUENTA REGRESIVA
Son demasiados los invitados para los tres platillos disponibles, por lo que tienen que participar en una competencia de conocimientos para determinar quienes tienen derecho a un lugar, lo que hace más apasionante el final, que es justamente lo que harán mañana 132 aspirantes a las tres sillas para consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE).
El examen está previsto el uno de septiembre en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) y será en dos grupos, uno de 10 a 15 horas y otro de 16 a 21 horas, por lo que tienen los participantes hasta cinco horas para responder al cuestionario.
Los resultados se publicarán a más tardar el 13 de septiembre, que irán de mayor a menor conforme a la calificación, por lo que quedará claro la posición que ocupará cada quien, después vendrá una entrevista, el ensayo presencial y análisis de rasgos y finalmente, el 1 de noviembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá el veredicto, que podrá ser por votación unánime o por mayoría.
Es un procedimiento nada fácil, pero que bien vale la pena, porque los que obtengan las tres plazas es porque fueron mejores que los otros 129 y como premio recibirán un asiento en el Consejo General del IEE, que será de acuerdo al período de duración de quienes vayan a sustituir, pero en ningún caso sobrepasará los siete años.
Es importante destacar que los 132 inscritos pasaron el primer tamiz del INE, esto es, que cumplieron todos los requisitos exigidos en la convocatoria, por lo que de entrada se les consideró aptos para ir por un sitio en el IEE, lo que es un hecho significativo para todos y que ahora tendrán que consolidar con la prueba de mañana, para luego ir por las tres últimas demostraciones ante el INE.

EN UN PUÑO
En tiempos lejanos se decía que los concesionarios del transporte urbano podían hacer lo que les pegara en gana porque tenían todo el apoyo de los sucesivos gobiernos del PRI, lo que de alguna manera había algo de razón en función que como agrupación eran miembros de este partido, además, en los actos masivos que llevaban a cabo las autoridades facilitaban los camiones que fueran necesarios, por tanto conseguían lo que se propusieran, pero vino el cambio de siglas al arribar el PAN en 1998 y ahí permaneció hasta 2010 y todo siguió igual, después regresó el PRI y finamente hoy está el PAN y los problemas de hace 15, 20 o 30 años son los mismos. Se ha pretendido recubrir todas las anomalías con la ley de movilidad, que es una más de las vaciladas, puesto que nada varía. Los propietarios de las unidades tienen callo en esto de responder a las quejas ciudadanas, por ello no es extraño que ante la exigencia de numeroso grupo de estudiantes para que el descuento en la tarifa sea los siete días de la semana y no sólo de lunes a viernes, se estrelle en la indiferencia o que les prometan que van a estudiar la petición. Lo más lejos que ha llegado el gobierno es que a través de la coordinación de movilidad le pida el favor a la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA) que escuche la solicitud, lo que es respondido que “en eso estamos”, como si fuera un asunto complejo que requiere convocar a todos los sabios del pueblo para que emitan una opinión. De siempre se han opuesto al citado descuento, al considerar que les representa una pérdida, pero no dicen que obtienen varios millones de pesos por la venta de credenciales a los jóvenes, sin la cual no les admiten la reducción. Mientras tengan en un puño a la administración pública seguirá el mal servicio y un manifiesto desdén hacia los estudiantes. ¿Dónde están Nacho, la Tuna, Melgar?