Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) defendió la compra de un edificio en Avenida Revolución, el cual es vecino de dos inmuebles ocupados por su sede central y le permitirá redistribuir oficinas y generar espacio para nuevos tribunales.
Grupo REFORMA publicó el domingo que el pasado 30 de mayo el pleno de la Judicatura aprobó la compra, en votación de cuatro contra tres, y que algunos consejeros criticaron la operación, que requiere entre 41 y 69 millones de pesos adicionales para remodelar.
El CJF informó ayer que pagó 101 millones de pesos más IVA de la construcción, en total 106.4 millones de pesos, y que desde la sesión del 21 de junio de 2017 se había aprobado por unanimidad de seis consejeros presentes gestionar la adquisición del edificio en Avenida Revolución 1884.
“El consejero Felipe Borrego sometió a consideración del pleno la necesidad de llevar a cabo una redistribución de espacios en el edificio sede del Consejo (en Insurgentes Sur 2417), así como en el edificio anexo en Avenida Revolución 1886”, informó ese día la Secretaría Ejecutiva del Pleno del CJF.
Señaló que se avaló la moción para asignar pisos completos a las ponencias de cada consejero de la Judicatura en el edificio sede.
“Asimismo, se determinó que la Secretaría Ejecutiva de Administración lleve a cabo las gestiones correspondientes para adquirir el inmueble en Avenida Revolución 1884, el cual, además de colindar con el edificio sede del Consejo, se encuentra a la venta”, agregó el secretario ejecutivo, Gonzalo Moctezuma Barragán.
Durante los meses siguientes, se negoció con los propietarios y se obtuvo un certificado de uso de suelo por derechos adquiridos, por el que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aceptó que el edificio se puede usar para oficinas y local comercial.
La Dirección General de Inmuebles del CJF consideró que fue una buena compra, ya que el precio por metro cuadrado, de 38 mil 220 pesos, fue inferior a los 50 mil 617 pesos que se pagaron en noviembre por un gimnasio con locales comerciales, también en San Ángel, que se están demoliendo para construir una guardería.
Dictámenes estructurales posteriores al sismo del 19 de septiembre señalan que el inmueble cumple las condiciones de seguridad.