Los problemas que aquejan a miles de personas, principalmente económicos y de salud, reciben muy poca atención, por lo que los perjudicados tocan puertas aquí y allá en espera de que alguna se abra y cuando finalmente lo consiguen es mínima para la crisis en que se encuentran.

Uno de los asuntos más angustiantes es la falta de apoyo a quienes tienen un familiar o un conocido que requiere de una intervención quirúrgica para salvar su vida, y al que no se le recibe en el hospital público si no paga por adelantado el costo de la operación, lo que le obliga a pedir ayuda del pueblo y el cual, por regla general, responde de manera generosa, sin embargo ese respaldo es sólo un paso, porque van a seguir los gastos para la atención postoperatoria, con lo que se sale de una para seguir en otra circunstancia igual de difícil.

Ese tipo de dificultades podrían abreviarse, y hasta eliminarse, con un programa gubernamental que vaya más allá del Seguro Popular, esto es, que sin distingo alguno procure la atención en salud de quienes no pueden costearla, o bien, que se tenga una bolsa destinada exclusivamente para atender casos en que, mediante un estudio socioeconómico, se compruebe que el solicitante carece de medios para sufragar su protección.

Durante las campañas políticas se escucha una abundancia de propuestas, todas ellas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la sociedad y con un enfoque de respuesta a mediano y largo plazo, cuando hay temas cotidianos que exigen una intervención inmediata, que inclusive como candidatos debería llevarlos a tramitar una resolución ante las instancias oficiales.

Una actitud similar deben acometer los miembros del Congreso de Estado y de los cabildos, creando o adicionando leyes y reglamentos que aseguren un cambio sustancial en la forma de resolver esos asuntos. Por ser una cuestión habitual se supone que están al tanto, por lo que en ellos está encontrar el procedimiento.

El hospital civil, como se conoció en tiempos lejanos al Hospital Miguel Hidalgo, se convirtió en un centro médico que rechaza a quien no puede pagar sus servicios, empujando a que los allegados al paciente salgan a la calle a pedir el apoyo, o que recurra a instituciones como Cáritas, que sirve de enlace para hacer público el problema, en espera de encontrar la benevolencia social.

Por lo regular las operaciones tienen un costo de varios miles de pesos y que aun cuando se recauden quedan otros gastos de similar cuantía, por lo que debe haber una partida en el presupuesto del gobierno estatal y de los once municipios, para formar una sola, con la que se pueda solventar ese tipo de acontecimientos.

De la misma manera que hay quienes pueden pagar los servicios en clínicas privadas nacionales o extranjeras, otros no tienen ninguna posibilidad de hacerlo aquí, ni siquiera habiendo ingresado al Seguro Popular, ya que éste tiene limitaciones que dejan en total indefensión a gran número de familias. Es el momento de acabar con ese mito de que todos los aguascalentenses tienen acceso a la salud, cuando la realidad es totalmente distinta y el mejor ejemplo está en aquellos que son forzados a implorar el auxilio social.

MERCADO DE ARMAS

A paso firme se incrementa la compraventa de armas, lo que pone en riesgo la estabilidad social, porque nadie sabe con qué fines se adquieren y cuándo y dónde se van a utilizar.

Es demasiada la insistencia que hay de que Aguascalientes está a salvo de los sucesos que ocurren en otras partes de la República, por lo que no debe haber temor de que pueda haber una balacera, pero el hecho de que cada vez sean más los individuos que adquieren ese tipo de dispositivos obliga a ser desconfiado.

Las aprehensiones que han llevado a cabo las autoridades, de personas que portaban algún tipo de arma, con un promedio de cuatro por mes, refleja el crecimiento que hay en ese renglón, pese a que las penas son hasta por 30 años, por lo que debería recapacitarse en reimplantar un método similar a la despistolización, que periódicamente se llevaba a cabo en el siglo pasado y que cambió con la entrega voluntaria que actualmente llevan a cabo las autoridades castrenses.

El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega subrayó que al menos en 6 de cada 10 delitos dolosos que tienen lugar, particularmente homicidios y lesiones, es con armas de fuego, aunque le restó importancia a la estadística que su propia dependencia tiene, al decir que en otras entidades es un verdadero problema, como en Guanajuato, donde en el primer trimestre del año se detuvo a 422 personas con armamento de distinto calibre.

También está Michoacán, con 299 capturados, Jalisco con 272, Colima 90, Nayarit 47 y Zacatecas con 72, por lo que desde el enfoque del Fiscal, Aguascalientes todavía no se vive una situación de alerta, “si bien el fenómeno ha incrementado y esto tiene que ver con una problemática nacional que evidentemente es el tráfico ilegal de armamento”.

El punto está en que con todo y las famosas puertas de seguridad que hay a las entradas de la ciudad y el estado, los crímenes de narcomenudistas no cesan, no el mismo número que otras partes pero el crimen organizado está presente y esto se debe a que la “operación cucaracha” no se detiene. Cuando a las bandas les aprietan en varios estados, buscan refugio en otras entidades y lo más seguro es que no lo hagan en grupo sino de forma individual, por lo que resulta materialmente imposible que sean detectados al ingresar.

De la misma manera, de forma furtiva se introducen las armas, obtención que se hace a sabiendas que pueden verse en problemas si es detectado, pero el que las utiliza para un fin determinado corre toda clase de trances.

El Artículo 10 de la Constitución General de la República especifica bajo qué condiciones se puede obtener un arma: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las Reservadas para Uso Exclusivo del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar a los habitantes la portación de armas”.

En base a lo descrito se exige a quien tiene un arma que exhiba el permiso correspondiente, o de lo contrario será presentado ante la autoridad respectiva, enfrentando un juicio que puede tenerlo meses y hasta años en la cárcel, lo que no obsta para que varios desafíen su buena suerte.

FORTUNA TIRADA

Aguascalientes tiene en sus casas antiguas –algunas en condiciones de abandono– un patrimonio que debería aprovecharse, a semejanza de como lo hace España, con viviendas urbanas y domicilios campestres que han sido restaurados, para que sin perder su esencia original sirvan como hospederías, comercios y bares, donde todos ganan, tanto los propietarios con el alquiler y los empleos que se crean, como el fisco, y los visitantes que viven una experiencia. Por ello tiene que tomársele la palabra al presidente del Colegio de Arquitectos, Luis Armando Tostado Pérez, de darle un uso adecuado a los espacios que por diferentes razones no tienen un fin para convertirlos en sitios atractivos. En pleno corazón de los barrios de Triana, La Salud, Guadalupe, la Estación y San Marcos, hay fincas que pueden ser rescatadas y dotarlas de un uso actual, a la par que se conserve la riqueza arquitectónica de su pasado.