La jueza de Control y Juicio Oral Penal de Aguascalientes habría girado orden de aprehensión anoche en contra de Arturo Solano López, ex titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, acusado de peculado y ejercicio indebido del servicio público, quien no se presentó a la audiencia a la que fue emplazado para este martes al mediodía.

En respuesta a la solicitud de uso de la fuerza pública a fin de llevarlo a comparecer, extendida a la Policía Ministerial, el agente comisionado informó que no se le encontró en su domicilio particular ni en el señalado para recibir notificaciones por parte de la autoridad.

Al respecto, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Jorge Humberto Mora Muñoz, reconoció que el ex funcionario público no tiene impedimento legal para salir del estado ni del país, por lo que podría haber procedido en tal sentido; en tanto que el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, desestimó que ello ocurriera.

La Fiscalía Anticorrupción, solicitó a la jueza de la causa, llevar a cabo anoche una audiencia secreta, a fin de analizar la forma de proceder en el caso donde el ex titular del OSF figura como inculpado, de la que trascendió que se giró orden de aprehensión.

La audiencia, sin embargo, dio curso para los otros dos imputados en la carpeta de investigación CD 1062/2018 que, entre otras acciones, indagó el cobro de 58 cheques, por un monto global cercano al medio millón de pesos, por parte de particulares que no trabajaron para el Órgano Superior de Fiscalización.

En el curso de la audiencia se reveló que éstos fueron extendidos a personas que ni siquiera estuvieron asociadas en algún momento al organismo fiscalizador y que correspondieron a particulares cuyos perfiles fueron prácticamente robados de la base de datos de una empresa particular.

Al término de la misma, la jueza de la causa vinculó a proceso, por el delito de peculado, a quien fuera trabajador del OSF, Jesús Ríos, a quien se le dictaron medidas cautelares como firmar periódicamente, no salir del estado y no convivir, acercarse ni comunicarse con víctimas, ofendidos o testigos del proceso. Se dio además un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Para la otra persona acusada no hubo vinculación a proceso pues se encontró que los hechos que se le atribuían no son constitutivos de delito, o bien, si hubo delitos, dicha persona no participó.