Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Entre los escritores contemporáneos estadounidenses ocupa un lugar esencial Ray Carver, un autor con un dominio del lenguaje, de la psicología de sus personajes a los que trata con una distancia que parece despiadada, que le permite narrar sin concesiones, sin compromisos, sin sentimentalismos, como un mero registrador objetivo lo que les ocurre, uno de sus relatos “De qué hablamos cuando hablamos de amor? es un buen ejemplo de su talento narrativo en donde el acento se pone en las circunstancias, y el narrador desde su posición describe rigurosamente los hechos.

 

De alguna manera semejante, el jurista austriaco pretendió explicar con una teoría a la que llamó precisamente “Teoría pura del Derecho”, toda la construcción normativa que rigen las comunidades humanas y que él, Kelsen, identifica con el estado. En su pretensión, el derecho es un sistema de normas que regula las conductas de los individuos y cuyos contenidos no son relevantes para su calificación como Derecho. Su definición de derecho es el “Orden coactivo de la conducta”. En otras palabras el sistema lógico jurídico opera como regulador de la conducta, su fuerza estriba en un procedimiento formal que lo declare vigente en un tiempo y lugar determinado para una determinada comunidad. Su validez depende de la formalidad, no de sus contenidos, aunque también, eventualmente, puede formalmente declararse una norma como inválida por la autoridad jurisdiccional.

En la vida pública suele suceder que se condene al vehículo y no al operador, y se señale como responsable a un sistema que por su naturaleza debiera ser neutro, por las culpas de quienes lo aplicaron indebidamente. El clásico ejemplo es lo que se conoce como “matar al mensajero”, castigando a quien sólo lo entregó, no a quien lo envió o al autor del mensaje. Con frecuencia se señala al juicio de amparo como “responsable” de que no se aplique o no se cumpla con la ley, cuando desde su concepción hasta el último acto de aplicación, el amparo tiende precisamente a que se cumpla la ley. No es infrecuente que coloquialmente se diga “fulano de tal se amparó y ya no se le castigó” cuando debiera decirse: “al ampararse evitó ser objeto de una injusticia o al menos de una ilegalidad”. Algo parecido sucede con algunas de las figuras jurídicas que genéricamente se conocen como “fuero”, fundamentalmente con el llamado juicio de procedencia, de cuya aplicación tendenciosa puede resultar una injusticia de la que puede culparse a la figura “fuero” y no a las componendas o a la voluntad política que determinó el resultado.

Pero por usar una de mis citas favoritas, como dijo Jack, ¡vámonos por partes! Ya en mi articulejo pasado comenté sobre cómo los romanos para proteger a sus funcionarios, particularmente a los magistrados y a los senadores, los investían de una característica “ser sacrosantos” lo que les daba la calidad de ser sagrados, por lo que atentar contra ellos era un sacrilegio. Nada tiene de extraño en una sociedad en la que los dioses presiden todas y cada una de las circunstancias de la vida pública y privada. El fuero así concebido es una protección para garantizar que puedan desempeñar su cargo y expresar sus opiniones sin limitación alguna. Aunque, hay que decirlo, el fuero no tiene garantía frente a la dureza de un puñal, como pudieron constatarlo César y Bruto.  Tu quoque fili mi? Καὶ σὺ τέκνον, porque han de saber que en casa de Cayo Julio César se hablaba griego, como se hacía en las casas de los patricios como símbolo de estatus.

Fuero de manera genérica se llama también a un determinado conjunto de normas que se aplica a un grupo específico de personas por su pertenencia a una clase social, a un grupo confesional, o alguna actividad diferenciada como la milicia. Es de recordarse que su “Alteza Serenísima”, en una de sus múltiples levantamientos o campañas, utilizó la divisa “Religión y fueros”, con lo que se aseguraba la simpatía de los factores reales de poder. En la actualidad subsisten algunos de estos fueros abiertamente y otros de manera disfrazada. Para la Iglesia Católica Romana (se entiende que iglesia comprende a sus fieles) existe el Codex Iuris Canonici que regula el Derecho Canónico, conductas de los ministros y los seglares católicos en cuanto a los cánones de su religión. V.gr. Un divorcio civil no tendrá relevancia para el orden religioso, que eventualmente sólo podría resolverse en tribunales eclesiásticos como “anulación del matrimonio”, pero no como divorcio. El “fuero de guerra” que subsiste para los militares y que regula las autoridades, jerarquías, delitos y faltas de los militares en servicio activo y respecto solamente de las acciones reguladas por los ordenamientos militares. De alguna manera disfrazada, los médicos mexicanos cuentan con una instancia que protege y regula las sanciones por las responsabilidades en el ejercicio de la medicina y, peor aún, de acuerdo con lo pretendido en una reciente movilización nacional, buscan contar con un auténtico “fuero” para juzgar sus actuaciones, constituyéndose en un grupo privilegiado frente al resto de los ciudadanos.

Actualmente, a menos, que el Senado resuelva próximamente lo contrario, persisten en nuestra legislación el fuero del Presidente de la República que es en rigor, una “irresponsabilidad”, en México el Presidente solo respondería de la comisión de delitos gravísimos, de lo contrario estimó el constituyente, si pudiera ser acusado de cualquier delito, la acusación podría ser usada como arma política y de hecho impedir el ejercicio de la presidencia.

El fuero de los representantes populares y de algunos funcionarios de organismos constitucionales autónomos, consiste también en considerar que no pueden ser responsabilizados jurídicamente por la manifestación de sus ideas, opiniones o recomendaciones. Pero hay un “fuero” de los representantes populares que es un “requisito de procedibilidad”, es decir no podrá ser procesado por los juzgados comunes, si antes no se decide si es procedente la acusación y esto lo resuelven los cuerpos a los que pertenecen, lo que de hecho hace que su procesamiento no dependa de criterios jurídicos, sino de criterios políticos. ¡Eso es lo que habría de combatirse” No suprimir el fuero que garantiza una vida pública democrática, sino regularlo de manera que se minimizara el factor político. Digamos por ejemplo que la declaratoria de procedencia la realizara un tribunal y no el órgano político.

En fin, en la propuesta de supresión del fuero han privado criterios políticos que, en última instancia, dañan a la vida republicana y democrática. El Senado al no votar el dictamen de la Cámara de Diputados, en el período ordinario de sesiones que recién concluyó, nos da un respiro para repensarlo. Esta modesta aportación pretende dar algunos elementos para su análisis.

 

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