Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

En los recientes foros de consulta, de la presente administración federal, hubo muchas opiniones acerca de qué y cómo mejorar la educación en México: opinaron, de buena fe, los padres de familia, los representantes de instituciones y de organismos sociales, los intelectuales, las personas interesadas en la educación y la sociedad en general; sin embargo, ¿de qué ha de servir esa consulta si la Coordinadora magisterial quiere determinar el tipo de educación que han de recibir los niños del país?

La Coordinadora ha estado presionando al Presidente de la República y a los legisladores para que en el texto del Artículo Tercero constitucional no aparezcan las palabras educación de calidad ni educación de excelencia, sino tan sólo la palabra educación, a secas, para que a nadie se le ocurra pedir cuentas sobre educación de calidad o de excelencia. En otras palabras, los niños de otros países sí pueden tener derecho a una educación de calidad o de excelencia; mientras que los niños de México, de acuerdo con la  pretensión de la Coordinadora, únicamente tendrán derecho a una educación de “ahí se va” o de  “peor es nada” y sin posibilidades de ningún reclamo. Si las autoridades actuales permiten esto, entonces se estaría condenando a los educandos y al país al estancamiento o a una lacerante mediocridad.

No conformes con lo anterior, los dirigentes de la Coordinadora insisten en volver a los vicios de los años 80 y 90 del siglo pasado, en los que ellos imponían y doblegaban vergonzosamente a los funcionarios de las secretarías de educación en los estados; manejaban los presupuestos educativos  a su antojo; chantajeaban a los gobernadores con más recursos; tenían el control de la coacción política; vendían las plazas y decidían a quién beneficiar con los cambios y ascensos. Es decir, para la Coordinadora la Cuarta Transformación es regresar 40 años de los ya superados en el campo educativo; que, por cierto, fue el período más negro de la educación mexicana.

Como es su costumbre y su cultura, la Coordinadora puede pedir todo lo que quiera y aun así no sería enteramente culpable de la politización de la educación, del atraso educativo, del desorden administrativo y de la debacle en el manejo de los recursos del sector;  los verdaderamente responsables de la tragedia, de darse ésta, serían los que ostentan el poder y la autoridad que les confirió el pueblo: los legisladores por no ser capaces de sustentar una ley de educación que forme  a los niños, adolescentes y  jóvenes, para el pleno desarrollo del país de conformidad con los requerimientos de los tiempos actuales y del futuro; las autoridades de la Secretaría de Educación Pública por no diseñar y operar un programa educativo que responda a los desafíos de la innovación y por dejar un vacío de poder que están llenando y aprovechando grupos de intereses retardatarios; y el Presidente de la República por no ejercer a cabalidad las disposiciones legales y por no cuidar la educación de calidad o de excelencia a la que tienen derecho los niños mexicanos.

Es asombroso observar que, en estos días, el gobierno sea rehén de la Coordinadora en la agenda educativa; pues ésta, por las buenas o por las malas, ha de decidir lo que el legislativo debe redactar en la ley en materia educativa; lo que la Secretaría de Educación Pública ha de hacer para cumplir sus caprichos; y lo que la Presidencia ha de autorizar para su complacencia. ¿Serán facturas a pagar después de la campaña? Tal vez así se manejen las cosas en política; pero que quede claro, en este caso, es extremadamente injusto e inmoral que los niños tengan que pagar la peor parte con “una educación de peor es nada”. ¿Esta es la Cuarta Transformación?