Nancy Montemayor
 Agencia Reforma

Cd. de México.- Los recursos que el Gobierno Federal destina a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), muchos de los cuales administra el Partido del Trabajo (PT), se han otorgado con opacidad y discrecionalidad, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la revisión de la Cuenta Pública 2014, al analizar 747 millones de pesos destinados a estos centros, la ASF encontró que 119.1 millones de pesos no fueron ejercidos correctamente y pidió su restitución a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
En ese año, la Cámara de Diputados aprobó el programa presupuestario U031 “Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil”, al cual le asignó los 747 millones de pesos para repartirlos entre 17 entidades del País.
De ese total, al menos 43.5 millones de pesos se canalizaron para Cendis administrados por el Partido del Trabajo en los Estados de Morelos y Colima.
La Auditoría Superior informó que esta partida no cuenta con regulaciones normativas, tales como lineamientos para garantizar los principios de selectividad, equidad y transparencia que se señalan en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“No existen criterios para seleccionar los Estados, ni tampoco la metodología para la determinación del monto con los que serán apoyados.
La SEP, mediante nota informativa, señaló que para la entrega de los recursos, considera únicamente a los Estados que solicitan el apoyo, y que los montos se determinan conforme a lo que éstos requieran y los distribuye de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria con que se cuente”, indica la ASF en su Informe General de la Cuenta Pública 2014.
En el caso de los Cendis patrocinados por el PT en Morelos, los 30 millones que se destinaron para la construcción de las instalaciones no fueron ejercidos durante 2014, sino hasta un año después, incumpliendo con la obligación legal de emplear los recursos dentro del ejercicio fiscal para el que fueron presupuestados.
La gestora de los recursos fue la asociación civil Unidos Vamos por Morelos, que preside la ex dirigente del Partido del Trabajo en ese estado Tania Valentina Rodríguez.
La ASF determinó que, como los 30 millones de pesos no fueron ejercidos durante el año fiscal para el que fueron aprobados, éstos deberían ser reintegrados.
En Colima fue la asociación civil Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, A.C., vinculada al PT, a la que se le canalizaron 13 millones de pesos para la construcción de un Cendi.
El flujo de los recursos es el siguiente: la Cámara de Diputados los aprueba, Hacienda los transfiere a los Estados y éstos los entregan a organizaciones, sin que al final se compruebe que el dinero fue utilizado correctamente.

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