Héctor Gutiérrez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los magistrados del Tribunal Electoral federal exhibieron ayer sus diferencias y de paso salpicaron al Instituto Nacional Electoral (INE), al que responsabilizaron de que Jaime Rodríguez, “El Bronco”, aparezca en la boleta para los comicios presidenciales.
Para justificar la sentencia que revivió la candidatura de Rodríguez, los magistrados de la Sala Superior convocaron, de manera inédita, a una conferencia de prensa que culminó en gritos y jaloneos entre reporteros y personal de seguridad.
En su mensaje, los cuatro magistrados que resucitaron las aspiraciones de “El Bronco” trataron de explicar su decisión, después de que académicos, consejeros electorales, especialistas y ciudadanos los han criticado por haber avalado a un aspirante que presentó cientos de miles de firmas fraudulentas.
Los únicos que hicieron uso de la palabra fueron Felipe Fuentes, encargado de elaborar la sentencia que benefició a Rodríguez, Mónica Soto y José Luis Vargas, mientras que Indalfer Infante, otro de los defensores del nuevoleonés, omitió dar declaraciones.
“Queremos dejar en claro que este Tribunal no hace política, no juzga ni litiga con base en señalamientos en medios de comunicación o en redes sociales”, aseveró el magistrado Fuentes.
Con el rostro serio, la magistrada presidenta del Trife, Janine Otálora, y el magistrado Felipe de la Mata, quienes se opusieron a darle el registro a Rodríguez, hicieron acto de presencia pero guardaron silencio a lo largo de la conferencia y no se pronunciaron en ningún momento para defender la decisión de sus colegas.
El magistrado Reyes Rodríguez, quien intercambió acusaciones con el magistrado Vargas en la sesión de la madrugada del martes, ni siquiera se presentó, con la justificación de que tenía un compromiso internacional.
Sin embargo, compartió ayer infografías en Twitter y un artículo de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en donde critica la decisión del Tribunal de revivir a “El Bronco”.
Al tratar de justificar su sentencia, los magistrados cayeron en contradicciones, como reconocer que Rodríguez sí tuvo derecho de audiencia pero que no lo pudo ejercer de manera adecuada porque la aplicación digital, avalada por los propios integrantes de la Sala Superior en distintas sentencias, no le permitía guardar copia de las firmas.
Esto pese a que el INE estableció, con el respaldo del Tribunal, que por protección de datos personales los apoyos ciudadanos no podían ser guardados en los teléfonos móviles de los aspirantes y sus auxiliares.
“Es muy cuestionable el grado de error de la autoridad administrativa”, aseveró el magistrado José Luis Vargas.
La conferencia terminó en medio de gritos de reporteros y jaloneos con personal de vigilancia del Tribunal, debido a que los magistrados se rehusaron a contestar más de tres preguntas.