Érase un grupo que no supo cómo ni porqué de pronto se vio involucrado en un asunto que pintaba para ser una carambola de tres bandas, justo lo que necesitaba para armar un buen jaleo, por lo que entre exclamaciones de “no nos dejaremos” y al grito de “juntos venceremos” se aventaron lanza en ristre en pos del fiscal general del estado, que tuvo el atrevimiento de haber ordenado la invasión ministerial al hogar de una edil.

Esa actitud se tomó como una manifestación de guerra, por lo que al unísono se declararon en pie de lucha ya que no era posible dejar pasar tamaña arbitrariedad y cuando se preparaban para salir a los campos de batalla, de pronto los principales perjudicados recularon, se dieron cuenta que era preferible una retirada decorosa que una lucha en que podría salir a relucir situaciones que no eran conveniente que las supiera Juan Pueblo.

Lo que empezó como una defensa a ultranza de la dignidad municipal, tras el cateo que la autoridad llevó a cabo a la vivienda de la titular del Ayuntamiento de San José de Gracia, llevó a la creación de una agrupación de alcaldes y alcaldesas dispuestos a proteger la dignidad de cada uno y a manera de decirle al fiscal que hacerlo con alguno de ellos era como si se lo hiciera a todos.

Las razones que hubo para llevar a cabo el operativo no fueron dadas a conocer, por lo que cada quien tiene su versión. Lo que más llamó la atención fue que en el arranque del problema el esposo de la alcaldesa se mostró dispuesto a denunciar como atropello lo ocurrido, pero nunca presentó una denuncia formal y tampoco se quejó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH),  por lo que todo se redujo a una historieta que da para el cotorreo entre familiares y amigos, en donde cada quien le pone o le quita sabor.

Los hechos tuvieron lugar a las once de la noche del pasado 9 de febrero y fue hasta el miércoles cuando se armó el jaleo, que llevó a que la presidenta municipal de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, acusara de que existe una persecución política (sin mencionar de dónde proviene), y junto con otros seis alcaldes mostraran solidaridad con su compañera María Cristina López González, exigiendo que se sancione a los responsables “porque el respeto a la legalidad es el principio de todo orden social”, dijo.

Jiménez aseguró que no es la primera vez que le sucede a un alcalde y también hay diputados locales perseguidos por ministeriales, así como las carpetas a ex regidoras, lo cual “si esto le sucede a una alcaldesa, entonces ¿qué les está pasando a los ciudadanos en las colonias?”, reflexionó.

En primera instancia, el esposo de María Cristina López, Armando Rodríguez Domínguez – ex alcalde del mismo lugar -, se mostró molesto, máxime que “somos respetuosos del proceder de la autoridad, Hay que atender a un llamado. Se me vinieron muchas cosas a la mente. Sabemos que hay cuestiones también de personas que le tienen a uno mala fe y posiblemente alguien estuvo llamando y señalando el domicilio para que acudieran (los agentes ministeriales)”, que no encontraron nada en el domicilio, por lo que anunció que interpondría su queja ante Derechos Humanos.

No obstante, al comparecer ante la CEDH, Armando Rodríguez expresó – mediante un escrito -, que no era su deseo presentar la denuncia, que además, el cateo realizado a su hogar se hizo todo con orden y “en ningún momento fui víctima de malos tratos ni se me violentaron mis derechos humanos”

Y como los mariachis, alcaldes y alcaldesas callaron. Prefieren que el tiempo eche tierra sobre el papelón que hicieron, aunque esto los hará reflexionar que antes de embarcarse en una aventura de esa naturaleza es preferible analizar detenidamente los pro y contra y no dejarse ir por las emociones, o creer que han encontrado una veta política.

Como colofón, se debe tener presente que la Fiscalía General depende del gobierno del estado, que es de extracción panista, como también lo son las alcaldesas de San José de Gracia y Aguascalientes, lo que augura un pleito sin límite de tiempo entre consanguíneos de partido, aunque a decir verdad ellos no tienen la culpa, sino la engañifa de oposición que hay, por lo que su abulia no deja otra opción a las filas blanquiazules que crear conflictos entre ellos para lograr presencia mediática.

IMPULSO ECONÓMICO

En este arranque de año Aguascalientes se propone iniciar los trabajos con sus propios recursos, en espera que fluya el apoyo federal que tradicionalmente es hasta el segundo o tercer trimestre, para ello se anunció una bolsa de 1,500 millones de pesos.

En la reunión que encabezó, el gobernador Martín Orozco Sandoval dio a conocer que será para programas de promoción a la economía y que se aplicarán como parte de la estrategia Eje Económico 2020: Acciones Conjuntas, con el que se busca fusionar esfuerzos entre las áreas de gobierno relacionadas, como Desarrollo Económico, de Turismo y Agroempresarial.

Explicó que la inversión que se aplicará será superior a la realizada en la primera mitad de su administración y estará dirigida a proyectos de financiamiento, capacitación, apoyos y becas, además de la promoción turística y captación de inversiones.

Frente a los momentos de crecimiento tan difíciles por los que atraviesa el país, es necesario generar acciones creativas propias, lo que sin lugar a dudas será “el reto a seguir siendo un estado que marque la pauta del desarrollo regional”, lo que es posible gracias a la disciplina financiera en marcha, por lo que el gobierno del estado puede destinar esta bolsa para que sea aprovechada por las empresas, el turismo y el campo, con lo que sea rumbo y destino para los aguascalentenses, ya que también incluye becas de movilidad estudiantil y una partida especial para promover a Aguascalientes en México y el mundo.

Durante la reunión para dar a conocer el Eje Económico 2020, se ratificó que seguirá la tecnificación del campo y la reconversión productiva, lo mismo que la visión del valor agregado a la producción, mientras que en materia turística se mantendrá como una prioridad para el crecimiento económico y de empleo, y el financiamiento inducirá a emprendedores y empresas micro, pequeñas y medianas, que sin discusión son las principales generadoras de crecimiento y generación de puestos de trabajo.

Lo más importante de todo es conservar el ritmo de actividades productivas, por lo que más allá del tiempo que tarde el arribo de los recursos federales, el estado se encuentra en plena marcha y con un espacio plenamente definido, en el cual ciudadanos y autoridades hacen la parte que les corresponde para mantener un estado actuante y plenamente conciente que con su esfuerzo puede llegar al destino que se propongan.

TIENE QUE IRSE

El tiempo lo alcanzó por lo que el presidente del Comité Estatal del PRI, Enrique Juárez, no tiene otra opción que liar sus bártulos y dejar que otro u otra venga a inyectarle vida a un organismo que merece un mejor porvenir.

Ha sido ésta una de las peores etapas para el tricolor, con un dirigente que nunca mostró interés por sacarlo del marasmo y cuyo conformismo ha rayado en la negligencia. Prefirió que la situación siguiera en un bajo nivel, por lo que políticamente el Revolucionario Institucional es un cuerpo insepulto, que sólo muestra algunos signos de vida por el poco oxígeno que recibe del Instituto Estatal Electoral (IEE), pero que apenas le alcanza para pagar la nómina, por lo que hace casi cuatro años que no hay actividades que atraiga a la militancia.

Es primera vez que no tiene representante en el Senado de la República y la diputada federal en esporádicas ocasiones hace acto de presencia, mientras que los cuatro diputados locales poco pueden hacer para que figuren sus iniciativas; en el Cabildo capitalino hay una regidora y un regidor, que por su experiencia legislativa hacen algo de ruido, pero la aplastante mayoría panista les reduce el margen de maniobra.

A estas alturas son pocas las figuras para ir tras una diputación federal en 2021, por lo que el PRI podría conformase con atestiguar el paso de los demás partidos.

Es factible que el cambio de dirigencia mejore las cosas, aunque en las condiciones que el nuevo comité la reciba tardará en lograrlo.

LE CAEN A PALOS

En política no se andan con medias tintas, de la misma manera que un individuo está en las alturas puede caer en desgracia y entonces sí, nada lo salvará de ser vilipendiado y exhibido como el peor ser humano que ha pisado este país.

En lo anterior se resume la situación de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, que el pasado miércoles fue aprehendido en Málaga, España, bajo la acusación de malversión de recursos públicos y formar parte de “una estructura con la que pretendían saquear al país” Fue detenido por la Policía Nacional la madrugada del 12 de febrero y al día siguiente presentado en Madrid ante la Audiencia Nacional de España. La fiscalía mexicana lo acusa de un fraude por un monto de 289 millones de dólares, que presuntamente logró entre 2012 y 2013 cuando estuvo al frente de Pemex.

El juez de la Audiencia, Ismael Moreno, dictó prisión provisional por considerar que había un evidente riesgo de fuga, en virtud que Lozoya no tiene arraigo laboral ni domicilio en España, que portaba una licencia de conducir falsa y a nombre de Jonathan Solís Fuentes y que era evidente su intención de sustraerse de la acción de la justicia.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que la “fraudulenta” compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, por la cual se pidió la captura de Lozoya, es parte de un serie de casos en los que va a dar con los responsables. Aseguró que además de Lozoya, en la “trama” de transferencia de recursos, está implicada su mamá Gilda Austin, y su esposa Mariele Helene Eckes, que recibieron recursos a sus cuentas bancarias.

Por su parte, el defensor del ex director de Pemex, Javier Coello Trejo, dijo que Emilio Lozoya no se mandaba solo: “En la compra de las plantas (de fertilizantes y en desuso) puedo asegurar que el señor Presidente (Enrique) Peña estaba enterado, era parte del pacto” y aunque el abogado no los mencionó diversos medios de comunicación aludieron también al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y José Antonio González Anaya.

Gertz Manero, en entrevista con Reforma, sostuvo que entre los participantes de ese entramado “fueron conductas que se repartieron de manera muy estructurada y con el propósito de saquear al país, no veo otra opción para calificarlo de otra manera” y dejó la advertencia que la investigación se ampliará contra todos aquellos responsables de corrupción que afectaron a la empresa petrolera: “En términos generales un asunto de esta naturaleza tiene una serie de casos y cada uno nosotros los vamos a seguir, contra quienes sean los responsables; entonces yo no considero que esto sea un hecho asilado, no considero que sea un caso que sea atípico, yo creo que fueron una serie de conductas que se repitieron de una manera muy estructurada y con un propósito de saquear a este país, no le veo otra opción de calificarlo de otra manera”.

Como era de esperarse, se hizo presente el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, al repetir los mismos argumentos de Alejandro Gertz, de que Lozoya era parte de una sofisticada red de lavado de dinero que movió decenas de millones de dólares en distintos países. En el foro “Transparencia para combatir la corrupción”, dijo que “en esta trama de corrupción” están implicadas la empresa brasileña Odebrecht, la española OHL y la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA), de las que supuestamente Lozoya recibió transferencias a través de una intrincada red de sociedades y cuentas bancarias.

 “Más o menos, en los montos bloqueados de esta operación, estamos hablando de 97 millones de pesos, y 12 millones de dólares, y los montos denunciados son por 119 millones de dólares y 63 millones de pesos”, explicó.

La repatriación de Lozoya podría tardar hasta un año, todo depende de las pruebas que presente la FGR ante el juez de la causa y de las evidencias que tenga su defensa, que si es como lo plantea el licenciado Javier Coello Trejo, de que se irá con todo para demostrar que el ex funcionario “no se mandaba solo”, vienen meses de gran efervescencia política.

ATAQUE DOSIFICADO

La afirmación del rector  Enrique Graue, que la agresión que sufre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene un fin preconcebido por alguien interesado en crear un conflicto, no sólo a la institución sino al país, cobra cada día más fuerza. No puede ser obra de la casualidad que el mismo día o al día siguiente que se reabren las puertas de una escuela, de inmediato otra es tomada por un grupo de encapuchados que hacen los mismos planteamientos.

A la fecha cerca de 9 planteles están en paro, lo que afecta a más de 160 mil estudiantes, por lo que hay el peligro que pierdan el semestre y esto ha llevado a varias escaramuzas de jóvenes y padres de familia contra los invasores, que defienden su actitud lanzando gas lacrimógeno.

Hace tres meses que se inició este movimiento en rechazo a la violencia de género y el acoso sexual en los planteles de la UNAM. Han sido alrededor de 25 escuelas que se han sumado a esta protesta y de ellas la mitad tiene suspensión de actividades, lo que representa un universo por más de 93 mil alumnos, que buscan opciones para recuperar las lecciones perdidas, una parte en clases extramuros y otros en línea.

Haciendo historia, el primer paro tuvo lugar el 24 de octubre de 2019 en la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Cuauhtitlán, cuando un grupo de mujeres del Campo I, apoyadas por compañeros, declararon un paro indefinido, que se levantaría hasta que las autoridades resolvieran las demandas. Cuatro días después se unió el Campo 4, sin plazo para regresar a clases. El paro duró 22 días, al levantarlo el 15 de noviembre, tras anunciarse la suspensión de cinco profesores denunciados por acoso sexual y se elaboró un protocolo de género que proporcionara confidencialidad y medidas de protección a las afectadas, además se dio acompañamiento a las víctimas, la Unidad de Atención a Denuncias acudió al plantel y se interpusieron 72 quejas, levantándose las actas respectivas.

Posteriormente se sumaron la interrupción de labores la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela Nacional Preparatoria 9 “Dr. Pedro de Alba”, que lleva más de 90 días de paro indefinido, asimismo las facultades de Psicología, Ciencias Políticas y Artes y Diseño, las preparatorias 3 y 9 y los Centros de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y Oriente, en tanto fueron cerradas de manera temporal las preparatorias 1, 5 y 8 y la Facultad de Ciencias.

Fiel a su costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a los conservadores de estar atrás del movimiento estudiantil: “Son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda. El conservadurismo está también en estos grupos, porque apostaron durante mucho tiempo a mantener el conflicto, administrar el conflicto, cuando mucho a analizar la realidad, hacer denuncia, pero no se comprometieron a transformar la realidad. No voy a dejar aquí de decir que estos grupos llamaban a no votar, porque no querían que se transformara este país”.

Además recriminó a quienes protagonizan disturbios cubiertos con capuchas, “¿Qué es eso de ir con marros a romper vidrios, encapuchados? Dicen: anarquistas. No, no es así, Ricardo Flores Magón ni Librado Rivera ni Daniel Cabrera. Eso no es anarquismo, el anarquismo es productivo, es transformador, estos son grupos extremistas”.

RECORTAN PRESUPUESTO

Mantenerse a la zaga de los problemas mundiales ha sido la constante en México, por lo que no sorprende que la Dirección General de Epidemiología, responsable de la vigilancia y las medidas preventivas ante brotes infecciosos, opere con menos recursos que el año pasado.

Justo ahora que hay una emergencia internacional por el coronavirus, que ha resultado letal para la región de China donde surgió la infección y se ha extendido a varios países de Europa y Asia y a Estados Unidos, Epidemiología pasó de 601 millones 118 mil 669 pesos en 2019 a 544 millones 193 mil 400 pesos para este año.

Si a esa cifra total se descuenta los servicios personales y otros rubros, la dependencia contará con un gasto de operación de únicamente 75 millones 924 mil 546 pesos, mientras que el año anterior el gasto de operación fue de 199 millones 82 mil 530 pesos.

La Dirección General de Epidemiología depende de la Secretaría de Salud y es responsable de la vigilancia epidemiológica y tiene a su cargo el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), organismo que actualmente procesa las muestras de los casos sospechosos de coronavirus que aparezcan en el país para descartar o confirmar su diagnóstico.

También trabaja los procesos técnicos relativos a la identificación de enfermedades de importancia para la salud pública, a fin de apoyar las acciones de prevención, control de enfermedades y promoción de la salud.

Hasta ahora no ha habido respuesta del gobierno mexicano a la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que la comunidad internacional entregue recursos extras para hacer frente al coronavirus. Se requieren de 675 millones de dólares para financiar el plan de lucha contra el nuevo virus, el cual incluye ayudar a los países menos preparados para afrontarlo si éste llega a su territorio.

En México no se ha detectado algún caso, pero la Secretaría de Salud considera que se espera que llegue al país, por lo que se requiere atender la indicación de la OMS ampliándose los recursos que requiere la Dirección de Epidemiología.

PASODOBLE

Dispuesto a cumplir el propósito de sacarle provecho al ex aeroplano presidencial, que al no poder venderlo ni sortearlo el presidente Andrés Manuel López Obrador organiza una rifa para el 15 de septiembre, para ello pidió el “apoyo voluntario” a los principales empresarios de este país, que se comprometieron a comprar “cachitos”, por lo que cada uno aportará de 20 a 200 millones de pesos.

La invitación a Palacio Nacional fue a degustar unos tamales, lo que el mandatario aprovechó para narrar las mutabilidades para vender el avión y de pronto dijo: “Respeto mucho los lujos que pueda darse un empresario, que los tiene por su trabajo y pueden viajar en helicóptero o aviones privados. Los gobernantes no pueden hacer eso porque es viajar a costa de los impuestos que pagan ustedes”.

En seguida, como estaba previsto, varios de ellos doblaron una “carta compromiso”, que tenían en su lugar con cuatro cifras para la “cooperación voluntaria” de la cifra, por 20 millones, 50 millones, 100 millones y 200 millones de pesos. Cada quien, en secreto, marcó la cifra que los compromete y colocaron el papel en una tómbola que llevaron los niños gritones de la Lotería Nacional.

Miguel Rincón, de Biopapel y compadre de López Obrador, afirmó al salir de la reunión: “El Presidente fue muy claro, esto es voluntario, aquí nadie está obligado, porque los empresarios ya cumplen con el pago de los impuestos”.

Por su parte, Carlos Slim, presidente de Grupo Carso y el hombre más rico de México, subrayó: “El planteamiento fue una idea de austeridad, por eso se está vendiendo el avión, y lo que se va a hacer es usar recursos para apoyar los programas de gobierno de salud, con equipos para los hospitales”.

Hubo algunos empresarios que no firmaron la carta ni se comprometieron con pagos, dijeron que AMLO ofreció confidencialidad sobre la aportación o una eventual negativa.

Un día antes de la tamalada, López Obrador atacó a las constructoras, al asegurar que en el pasado, el gobierno era el “puerquito” de este tipo de empresas, vinculadas a políticos que conseguían contratos, no cumplían con las obras y se quedaban con los anticipos.

Según el mandatario, sólo se entiende que las compañías cuenten con más personal en sus áreas jurídicas que en las de operación, pues su especialidad era lucrar con los recursos públicos, “tenemos un problema en lo mal que se han portado las empresas contratistas en el período neoliberal, nacionales y extranjeras, empresas que no cumplen y que se quedan con los anticipos”.

Insistió que las empresas contratistas “tenían más abogados que ingenieros, eran especialistas en alegar y el gobierno era su puerquito; ganaban todo, apenas recibían un contrato y ya estaban pidiendo la ampliación, eso se termina, se acaba, sea quien sea”.

López Obrador se comprometió que los constructores que actúen con honestidad recibirán un reconocimiento público del gobierno y quien haga lo contrario los va a hacer “famosos”, ya que sus nombres se conocerán en México y en el extranjero.