Por Octavio Díaz García de León

El dinero que el gobierno de México gasta cada año, es dinero que proviene de los impuestos recaudados, de actividades productivas de empresas del Estado, de la prestación de servicios que cobra el gobierno y de endeudamiento. Son recursos que todos los mexicanos entregamos al gobierno para que este cumpla con sus fines, por lo que es de vital importancia que se explique con claridad cómo se gasta, además de verificar que lo haga bien, es decir, con honradez, eficacia y eficiencia.

En un extremo hay quien piensa que se deben pagar los menos impuestos posibles y reducir al mínimo al gobierno. En el otro extremo, hay quien piensa que las personas deben de entregar todo lo que ganan al gobierno para que sea este el que determine cómo repartir nuestro dinero y sostener un gran aparato gubernamental.

En México ha prevalecido la tendencia a tener gobiernos excesivos que gastan mucho y mal. Quizás en el sexenio de Fox hubo intención de reducirlo, pero no se logró. El resto de los regímenes, desde la “Revolución”, han impulsado la visión estatista y el gobierno “benefactor” tratando de dar todo tipo de servicios “gratis” (que no lo son ya que lo pagamos con nuestros impuestos).

Hay varios problemas con tener gobiernos grandes. En primer lugar, se ha concentrado enorme poder en una muy pequeña clase gobernante que es la que decide qué hacer con el dinero de los demás. En muchos casos en lugar de ayudar al país, ha sido para beneficio de ellos mismos a través de la corrupción, para aumentar su poder y para no perderlo.

En segundo lugar, el suponer que el gobierno va a administrar mejor el dinero de todos los mexicanos, que los individuos que lo generan con su trabajo. Allí tenemos el ejemplo de Pemex que pierde dinero cuando empresas petroleras de clase mundial son sumamente rentables. La explicación no es complicada. Los altos funcionarios suelen manejar sus responsabilidades desde un punto de vista político (prebendas para sindicatos, dádivas a clientelas, contratos a los amigos, etc.) y tienen pocos incentivos para que sus instituciones sean eficaces y eficientes, además que, en lo personal, tampoco lo tienen para ser honrados como lo ha demostrado la corrupción que padecemos.

En tercer lugar, el suponer que los recursos públicos se van a usar en lo que se autoriza. Leonardo Núñez González publicó un libro muy didáctico que se llama “¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de egresos ficticio. Cómo el gobierno hace lo que quiere con nuestro dinero”. Además de ser una magnífica guía para que aprendamos a investigar cómo se gasta nuestro dinero, nos invita a pedir más explicaciones sobre lo que ocurre con nuestros impuestos.

Antes de pensar en poner más impuestos o endeudar más al gobierno (ya se alcanzó un 50% del PIB de deuda en este sexenio, niveles que no se veían desde las crisis financieras de hace dos décadas), se requiere que la sociedad pida cuentas sobre ese gasto. El autor del libro compara al Presupuesto de Egresos de la Federación con la Cuenta Pública, que es donde aparece lo que realmente se gastó, lo que le hace concluir que se trata de un presupuesto ficticio. Lo gastado no se parece a lo que autorizó la Cámara de Diputados (nuestros representantes en este proceso) pero tampoco hay reclamos por estos incumplimientos. Al grado de que hay nueve cuentas públicas que ni siquiera las han dictaminado los diputados.

Así, el autor menciona, por ejemplo, que en los últimos 16 años el gobierno federal gastó 4.1 billones de pesos más que lo autorizado por el Congreso. Esta cifra es tan estratosférica que equivale al 20% del PIB (aunque palidece frente al tamaño de la deuda) o bien, si consideramos que el ingreso familiar promedio de los mexicanos es de alrededor de 250,000 pesos al año, equivaldría al trabajo de un año de 16 millones de familias, la mitad de las familias del país. Todo este gasto excesivo, sin ninguna consecuencia.

Otro ejemplo del abuso que representa el que se gaste con tanta discrecionalidad el dinero de todos es que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación entre 2011 y 2015, en el estado de Veracruz simplemente desaparecieron 34 mil millones de pesos, aunque probablemente ya sabemos que fueron a parar a manos del ex gobernador Duarte. En el caso de Aguascalientes “sólo” desparecieron 1,398 millones de pesos.

En lo que respecta al presupuesto del estado de Aguascalientes que en 2015 ascendió a 17 mil millones de pesos, podemos observar que realmente se gastaron 20 mil millones, esto es, un 18% más sin mayor explicación (http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/informacion/inicio.aspx).

Finalmente, está el problema de la corrupción. Entre más dinero disponga el gobierno para gastar, más riesgo de que buena parte del mismo se pierda en corrupción y beneficie a unos cuantos funcionarios y empresarios corruptos.

Es muy importante que antes de que el gobierno gaste más de nuestro dinero y por lo tanto pida más impuestos o se endeude más, se exijan explicaciones de qué ocurre con lo que se gastan, exigir rendición de cuentas con consecuencias para los funcionarios y que haya un eficaz combate a la corrupción.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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