Salvador Rodríguez López

Siempre que hay un suceso policíaco de alto impacto se anuncia que se reforzarán los límites del estado para evitar que ingresen bandas de delincuentes de toda laya, sin reconocer que ya están aquí, que entran y salen sin mayor problema.
Más que una seguridad personalizada, porque es materialmente imposible que cada ciudadano tenga un policía que lo cuide, lo que exigen los aguascalentenses es que cambien las estrategias, de manera particular que se destinen los recursos necesarios para tener grupos de inteligencia que sean los ojos y los oídos de las autoridades y permita ubicar, capturar y consignar a quienes se han convertido en una calamidad social.
En las últimas administraciones estatales y municipales se han invertido sumas millonarias en la adquisición de patrullas, equipamiento y armamento, sin que se logre reducir el nivel de latrocinios y asesinatos, por el contrario, cada vez son más los ataques que sufre la colectividad.
A raíz de los enfrentamientos que han tenido lugar en municipios jaliscienses limítrofes con Aguascalientes hubo la enésima proclama de los máximos mandos de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes que blindarían sus respectivas jurisdicciones, como si con eso ya los facinerosos se abstuvieran de operar en la región.
Lo que se hace con esas medidas es violar el Artículo 16 Constitucional al detener en los límites y al interior de cada entidad a los vehículos que les parece sospechoso y ordenar a sus ocupantes que desciendan para hacer una inspección física a cada uno y a la unidad, en la búsqueda de armas o drogas. Si alguien se resiste por considerar atentatorio a su integridad es aprehendido bajo la acusación de “resistencia” o por “obstrucción”.
Mientras el ciudadano común es hostigado y casi obligado a demostrar que no ha cometido un delito, ante la impasibilidad de los organismos de derechos humanos, los delincuentes ingresan y abandonan la entidad cuantas veces quieren, saben qué hacer y cómo actuar para no ser visibles ante la autoridad. El uso de armas de fuego de diverso calibre es una muestra palpable que son diestros para circular desapercibidos y sin mayores problemas pasan los controles o “puertas de acceso”.
En capítulo aparte están las dependencias encargadas de resguardar la seguridad pública y de investigar el delito, porque en cuanto ocurre un hecho de inmediato hacen declaraciones que pretenden desvirtuar la atención social, o bien imputar o insinuar que las víctimas o sus allegados “pudieran” estar involucrados en algo indebido, con lo que dejan que el pueblo saque sus conclusiones.
Tal parece que la experiencia de 2006 y 2007 no fue suficiente para tomar las medidas adecuadas, por lo que hoy de nueva cuenta acontecen homicidios de personas productivas, principalmente jóvenes empresarios, estudiantes y trabajadores, que son el blanco de aquellos que a balazos siembran el terror en aquellos que han escogido para someterlos a sus intereses.
Aunque sea molesto para algunos la reiteración, la exigencia no puede ser otra que un cambio de tácticas en los programas de vigilancia, prevención e investigación y en la organización de lo que hoy se conoce a nivel internacional como “policía científica”, que indudablemente, demanda una fuerte inversión, pero todo lo que se gaste a favor de la población siempre será bien aplicado.
Después de algún suceso deplorable se hacen votos porque se tomen las acciones correspondientes para que no se repita, pero al poco tiempo hay otro y de nueva cuenta se escucha el compromiso de la esfera oficial que “hará todo lo que esté de su parte” para evitarlo, lo que naturalmente no cumple ante el freno que le impone el viejo esquema policíaco e investigador, que pese a ser un lastre no hay el mínimo interés de modernizarlo. Se ha quedado muy atrás del crecimiento demográfico y el dinamismo social y económico.

PESO ESPECÍFICO
Dicen, y dicen bien, que el que parte y reparte le toca la mejor parte, por consiguiente, si Acción Nacional fue el autor de crear el frente antisistema entonces es natural que se lleve la mayor tajada de lo que estará en juego en 2018.
Mientras que sus socios pretenden hacer creer a sus militantes que habrá un prorrateo equitativo, ya el presidente del comité estatal del PAN, Paulo Martínez, dejó en claro la forma en que se distribuirán las candidaturas, al citar que será con base “en el peso específico de cada partido”, que traducido significa que el panismo irá por delante al ser el principal organismo de la oposición.
El PRD y Movimiento Ciudadano deben conformarse con estar en un proyecto que sus panegiristas aseguran ganará los comicios del primer domingo de julio, por lo que deben agradecer que los dejen participar, al fin que si se cumple ese propósito habrá espacios suficientes en el medio gubernamental.
A nivel local difícilmente Acción Nacional se desprenderá de las cinco candidaturas de mayoría para el Congreso de la Unión (dos en el Senado y tres a la Cámara de Diputados) y en caso de que lo hiciere sería sacrificar a quienes están más que “cantados” en las boletas.
La intención de que las propuestas favorezcan al partido que tenga mayor peso específico “es encontrar los perfiles idóneos que puedan ser competitivos ante la sociedad y estamos precisamente en esa etapa”, sostuvo Paulo Martínez, lo que desde la perspectiva albiazul ellos son los que cubren mejor esas cualidades, como lo han demostrado en las elecciones federales de los años 2000, 2006 y 20012, de manera que perredistas y “ciudadanos” no tienen otra opción que aceptar el papel de acompañantes.
No obstante, no todo está perdido, ya que pueden aspirar a que les dejen alguna candidatura “ganadora” en las elecciones a diputados locales que tendrán lugar el mismo domingo de julio, con lo que irán haciendo su capital político, a imagen y semejanza del Verde Ecologista de México, que a 17 años de distancia ha logrado acumular cargos de elección popular, por lo que hoy pueden darse el lujo de escoger a quien sirve de camarero.
En un adelanto del método interno, el dirigente explicó que en Acción Nacional las candidaturas serán definidas por designación directa de la Comisión Permanente, que se compone de 39 personas, por lo que los interesados deben obtener un mínimo de 26 votos, entre otros requisitos y justamente en esta etapa están aquellos y aquellas que se mencionan para ocupar una curul.

NO TODO LO QUE BRILLA…
Para J. Refugio Marín Ruiz, líder de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), no todo lo que brilla es oro, por lo que aún cuando es mucho lo que se presume que hay avances importantes en los servicios públicos, son notorias las deficiencias, principalmente en materia de agua potable, limpia y pavimentos. Afirmó que basta con darse una vuelta por las colonias periféricas para darse cuenta de las condiciones en que están las calles, con hoyancos aquí y allá, banquetas y guarniciones fragmentadas y en algunos lugares las lámparas del alumbrado público están apagadas. Se le da preferencia a los asentamientos nuevos o de clase media y alta, pero en los populares, que muchos de ellos son los de mayor antigüedad, se les relega. Hay quejas constantes de los ciudadanos, tanto en los medios escritos y electrónicos como en las redes sociales, pero pueden pasar semanas para que se atienda, aún cuando el compromiso de las autoridades es darle solución a las quejas, lo que no se cumple con la premura que demandan las circunstancias, por lo que exigió que se haga una evaluación del desempeño que tienen los funcionarios de las dependencias respectivas y si es el caso que vengan otros que sí escuchen la voz popular.