Con la mirada puesta en estimular y fortalecer cinco de los rubros prioritarios, como es salud, educación, obra pública, bienestar social y el campo, el gobierno del estado plantea un presupuesto de casi 27 mil millones de pesos para el año próximo.

Como es lógico, a más habitantes mayores son las exigencias, por lo que el gasto público que se proyecta para 2020 crecerá en 2 mil millones en relación a lo que se aplica este año, lo cual permitirá dar respuesta a las demandas colectivas.

Para el ejercicio venidero el gobierno estatal tendrá que hacer un mayor esfuerzo para lograr las metas que se ha propuesto, para ello la repartición de recursos se hará en extremo cuidado para que cada peso rinda más, en función que en varios aspectos se esperan restricciones de la Federación.

En este sentido, el gasto mencionado es apenas un esbozo, porque falta conocer en qué condiciones queda al Presupuesto de Egresos de la Federación que está próximo a enviarse a la Cámara de Diputados y a partir de lo que aprueben los legisladores se podrá conocer las cantidades que se asignarán al estado de Aguascalientes y a qué áreas.

El gobernador Martín Orozco Sandoval ha manifestado que todos los sectores son importantes para el desarrollo del estado, principalmente aquellos que por razones naturales exigen mayor cuidado, por educación y salud, que ocupan los primeros lugares en la configuración del paquete económico, al mismo tiempo la obra pública debe seguir siendo un motor económico y de crecimiento del empleo ya que de los programas que se lleven a cabo vigorizan la derrama económica que beneficia a más de 40 ramas del comercio y la industria.

El bienestar social y el campo son apartados fundamentales para el desarrollo de la entidad, por lo que se destinarán los recursos necesarios que favorezcan su evolución, lo que permitirá que sus habitantes eleven su nivel de vida, que es una de las exigencias que tiene la administración.

Ha quedado establecido que se debe acomodar este objetivo “a los principios de justicia, certidumbre, transparencia y manejo correcto de los recursos para el ejercicio fiscal del año entrante”.

El inciso dos del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala que es obligación del Gobernador presentar cada año al Congreso del Estado a más tardar el 31 de octubre los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente, por lo que se está en tiempo y forma para cumplir con esta disposición.

IMPUSIERON SU LEY

Pese a las inquietudes y protestas de diversos sectores de la sociedad, senadores y diputados aprobaron la Ley de Extinción de Dominio y una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de agosto, es de observancia y aplicación obligatoria.

En Aguascalientes, al igual que en el resto del país, hubo expresiones por lo que pueda suceder a la hora de encausar a un ciudadano por imputaciones que carezcan de la solidez necesaria, pero que puede ser motivo para que se le despoje de una propiedad.

El pasado 1 de julio, el Senado aprobó en lo general y lo particular con 89 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, lo que da facultades al Estado para decomisar bienes y recursos de procedencia ilícita que hayan sido utilizados para cometer un delito.

Por su parte, el 25 de julio, con 420 votos a favor, diez en contra y nueve abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva ley que dispone los procedimientos de carácter civil para el aseguramiento, disposición, uso, usufructo y enajenación de los bienes que procedan de actividades ilícitas. La fracción del PRD y Ricardo de la Peña se pronunciaron en contra, mientras que ocho del PRI y una del PES se abstuvieron, al considerar “el riesgo de incautar bienes a personas inocentes” y evidenciaron la discrecionalidad del Ejecutivo para definir el destino de los recursos sujetos a extinción de dominio.

El jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Luis Eloy Morales Brand, dijo que es motivo de preocupación ya que contiene disposiciones que generan peligro al debido proceso; afirmó que el procedimiento planteado en la legislación es contradictorio porque independientemente que se acredite o no un hecho ilícito se puede quitar los bienes a una persona, lo cual es una violación. La persona demandada tiene que demostrar que sus bienes son ilícitos, lo cual es absurdo porque si alguien compró de buena fe no puede demostrarlo, en todo caso corresponde al gobierno demostrar que hay un acto delictivo y que se iban a usar para delitos o se compraron conociendo la situación.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios ha expresado su impugnación ante la posibilidad de abusos hacia la población en general. El dirigente local René Arturo Treviño Cortés adelantó que irán ante los legisladores para hacerles entrar en razón de que se hagan los cambios necesarios y prever cualquier tipo de abuso, en tanto como agrupación estarán alertas para determinar a qué persona se le puede rentar un bien inmueble, saber a qué se dedica, que tenga un trabajo formal y que incluso lo compruebe.

El presidente del Colegio de Notarios, Guillermo Ballesteros Guerra, señaló que podrían verse inmiscuidos en demandas que presenten los perjudicados en la incautación de sus bienes; es una legislación que “dispara para donde quiera” y consecuentemente impacta a toda la sociedad. Uno de los problemas que hay es que el ministerio público puede enajenar los bienes antes de que se dicte la sentencia definitiva, lo cual es un riesgo muy elevado para las personas que estén en este trance, porque de darse el remate antes del fallo del juez y que luego se compruebe que se equivocó el ministerio público, ya no se podrá regresar el bien inmueble sino una cantidad de dinero en base a un avalúo de acuerdo a la fecha en que se hizo la incautación, lo que podría significar una cantidad inferior al valor real actual.

Los diputados y senadores que promovieron esa ley y que luego la avalaron no atendieron las inquietudes de jurisconsultos, profesores universitarios, agrupaciones empresariales y de otros sectores, que desde el planteamiento se mostraron en contra de varios de sus apartados, ya que como está confeccionada se presta para “equivocaciones” que despojen de sus propiedades a cualquier persona y que después acepten que hubo una traspié, pero el daño moral y económico está hecho.

TRUCAN CLASES DE INGLÉS

Es definitivo, 250 profesores de inglés se quedaron sin trabajo, por lo que 1,500 grupos de preescolar y primaria que significan más de 50 mil alumnos, dejarán de recibir la clase de este idioma.

El director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, aseguró que la falta de recursos federales llevó a tomar esa determinación, por lo que en el período agosto-diciembre del presente año dejará de impartirse.

La dirección de planeación del IEA emitió un documento en que se les comunica a los docentes que no se renovará su contrato y aunque no hay nada seguro podrían volver para enero, siempre y cuando el gasto federal contemple la partida correspondiente.

Además de sus maestros, son perjudicados  niños y niñas que empezaban a comprender ese idioma, tan indispensable en la formación académica de la actual y futuras generaciones, pero quienes están al frente de las instituciones no lo ven así, al traducirlo todo a pesos y centavos y a restas, lo que de continuar por ese camino por enésima ocasión se frustrará el aprendizaje de un idioma que en las circunstancias que se viven es vital.

JUZGA BUEN MANEJO

En un rápido repaso de los ocho meses que lleva al frente del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México tiene buen rumbo y que el timón está en buenas manos, por lo que hay avances tangibles.

Mediante un video publicado en redes sociales, el pasado 1 de agosto, el mandatario aseguró que hay mejoras: “Hoy cumplimos seis meses de gobierno y vamos bien y de buenas, un saludo desde Veracruz al pueblo de México, hay timón, nos guiamos por la estrella polar, vamos hacia delante, vamos hacia el norte”.

Lo único que le falló a AMLO es que no cumplió seis meses sino ocho meses de gobierno, ya que tomó posesión el uno de diciembre de 2018.

Se mostró entusiasmado de los logros alcanzados en este período, por lo que no dudó en señalar que “México se va a convertir en una potencia económica con dimensión social, un país justo, digno, libre y soberano para nuestros hijos y nuestros nietos. Hay rumbo y está en buenas manos el timón”.

Es posible que desde la visión oficial todo marche sobre ruedas, pero uno de los principales compromisos de campaña y a partir de que asumió el cargo fue acabar con los ríos de sangre que invaden a la República, lo que lejos de lograrlo se ha agudizado, como lo revela el Grupo Interinstitucional del Gobierno Federal en su reporte diario. En los primeros siete meses del año suman 16 mil 624 víctimas de asesinato, esto es, un promedio de 3 personas asesinadas cada hora., cifra que es similar a la que se presentó en el mismo lapso de 2018, el año más violento en la historia de México.

Para la directora del área de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, Doria Vélez Salas, “hasta el momento las medidas que se han implementado no han tenido los resultados esperados, lo cual podría hablar de que no tienen una lectura correcta ni más focalizada de lo que está sucediendo. Si tienes una estrategia de seguridad parcial e incompleta difícilmente vas a tener mejores resultados y parece que eso comenzamos a ver al inicio de esta administración federal”.

Por su parte, seis ex secretarios de Salud de cuatro administraciones federales cuestionaron la centralización de servicios y la desaparición del Seguro Popular promovida por el gobierno lópezobradorista. En un pronunciamiento conjunto señalaron que “ese error anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo. El Seguro Popular es una pieza que se colocó sobre el edificio construido por las generaciones anteriores de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud”.

Con el Seguro Popular, agregaron, “se ha logrado eliminar o controlar enfermedades como la poliomielitis y la difteria, controlar el sarampión y la rubéola, y contar con uno de los esquemas de vacunación más completos de nuestra región”.

Los firmantes del documento, en el que piden un diálogo nacional, son Guillermo Soberón, titular de Salud en el gobierno de Miguel de la Madrid; Julio Frenk, con Vicente Fox; José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski, que estuvieron durante el sexenio de Felipe Calderón y los titulares con Enrique Peña Nieto, Mercedes Juan y José Narro Robles.

Fiel a su costumbre, López Obrador criticó el pasado 7 de agosto  a los ex funcionarios de Salud que defienden la permanencia del Seguro Popular, al considerar que carecen de información sobre la ineficiencia de ese programa y cuestionó a quienes hablan sobre el tema sin haber visitado las comunidades para conocer de primera mano el rezago que enfrentan en materia de salud.

“¿Quién es el que se atreve a defender el llamado Seguro Popular? La única explicación es que no tienen información suficiente, porque por lo general también, con todo respeto, no salen de las oficinas, de los cubículos (…) Era lo más ineficiente que ha existido, estaba mejor antes de que se estableciera el llamado Seguro Popular. Se transferían los fondos de la Federación a los estados y se hacía mal uso del dinero, por eso se gastaban tanto en compra de medicamentos y no había abasto de medicamentos”.

Más allá de lo que digan los ex titulares de Salud y voces en materia de seguridad, López Obrador dijo que “vamos a tener presupuesto suficiente para apoyar al pueblo, para que le llegue el beneficio de manera directa, por eso se ha demorado un poco, porque se están haciendo censos para que se identifique a los beneficiarios y le llegue el apoyo de manera directa al adulto mayor, personas con discapacidad, al productor, al becario. Vamos a cumplir todos los compromisos, no nos vamos a marear, no vamos a olvidar los compromisos, no les vamos a fallar”.

Distintos puntos de vista que permiten a los ciudadanos aquilatar cómo se desempeñó el país en gobiernos anteriores y lo que pretende el actual.

UNIPARTIDISMO

Ahogar económicamente a los partidos de oposición bajo el argumento que deben regirse por la “austeridad republicana” es rechazado por las agrupaciones políticas que están fuera del dominio de Morena, sin embargo se empieza a cerrar el círculo para lograr ese objetivo.

En varios capítulos se inscribe esta polémica, que ha estado presente desde hace varios meses pero que hoy tiene visos que puede materializarse en cuestión de semanas.

El Instituto Nacional Electoral (INE), en estricto apego al mandato legal, debe repartir en 2020 una bolsa de 5 mil 239 millones de pesos entre los siete partidos políticos con registro, lo que significa 273 millones más de lo que recibieron este año.

En estas condiciones los partidos tendrán un 5.5% más de ingresos públicos para 2020, que en el caso de Morena recibirá 1,760 millones de pesos (mdp); PAN 970 mdp; PRI 914 mdp; PRD 451 mdp; PVEM 431 mdp; PMC 415 mdp y PT 395 mdp.

De la cantidad global que obtendrán los partidos, 4 mil 988 millones 864 mil 914 pesos son para sus actividades ordinarias, 149 millones 665 mil pesos para actividades específicas, 99 millones 777 mil pesos como franquicia postal y 893 mil pesos para franquicia telegráfica.

Morena impulsa en la Cámara de Diputados la reducción de 50% del presupuesto a los partidos políticos, a través de una modificación a la fórmula con la que se calcula el monto a distribuir, planteamiento que rechazan los partidos de oposición no alienados

“Es una propuesta muy simplista de quererse ganar la simpatía. Estamos ante una propuesta del Ejecutivo para asfixiar a la oposición, para que no tenga los mínimos recursos indispensables para poder hacer campañas”, afirmó Ángel Ávila, responsable de la dirigencia colegiada del PRD. Explicó que “nos quedaríamos con 200 millones y le seguimos debiendo al banco la mitad de las prerrogativas. Morena se quedaría con más de 800 millones, pero Andrés Manuel López Obrador quiere reducir a la oposición”.

La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que la reducción del financiamiento, debe ser resultado de una revisión integral del sistema electoral mexicano porque, de lo contrario, se corre el riesgo de debilitar a los partidos.

Ruiz Massieu sostuvo que “las prerrogativas son una forma de garantizar la pluralidad partidista en el país, y si el objetivo es que se bajen los costos del sistema electoral, debe revisarse todo el presupuesto y el andamiaje burocrático, porque de otra manera, significará debilitar a las entidades de interés público, como son los partidos políticos que representan a la ciudadanía”.

López Obrador, sin atender ni escuchar los razonamientos y posturas de los dirigentes partidistas, emplazó a los partidos a aceptar la austeridad y aceptar el recorte: “Ya no estamos en los tiempos de derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”, incluso calificó de corrupción cuando se quiere recibir tanto dinero.

En la misma sintonía está Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, al anunciar que a partir de septiembre se discutirá la reforma constitucional para reducir las prerrogativas a los partidos, lo que se concretarse se vería reflejado en el Presupuesto de Egresos de 2020.

PAÍS DE CONTRASTES

El México de los siglos XIX y XX sigue presente en el siglo XXI, con una inocultable división de clases económicas pese a las luchas  armadas de la Independencia y la Revolución, cuando en ambos casos se pretendió un mayor equilibrio.

El mejor ejemplo de que poco ha cambiado lo acaba de dar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al informar que la Cruzada Nacional Contra el Hambre no logró el objetivo de reducir el hambre en el país.

En la más reciente medición de la pobreza, se destaca que la administración anterior empezó con 27 millones 400 mil personas con serias dificultades para acceder a la alimentación, por lo que en 2012 el entonces presidente Enrique Peña Nieto ordenó crear la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con metas muy claras de reducir al máximo este problema, lo que aún cuando logró reducir dos puntos en comparación con 2012, no pudo cimentar los avances, que tuvo su mejor momento en 2016, pero al concluir 2018 registró una recaída.

Para el 30 de noviembre de 2018, de 125 millones 091 mil 790 mexicanos, 52 millones 425 mil 887 estaban en situación de pobreza y de esta cantidad 9 millones 310 mil 153 en condiciones de pobreza extrema, que son las personas que prueban un alimento al día y a veces ni eso. Por grupos, el 74.9% de indígenas están en pobreza y 35.6% en pobreza extrema. De los jóvenes, el 42.4% viven en pobreza y de ese porcentaje el 7.1% en pobreza extrema, mientras que del 41.1% de adultos mayores en pobreza, 6.8% están en pobreza extrema.

De los últimos 10 años, en 20 estados aumentó el número de pobres, en tres creció la pobreza extrema y sólo en 12 se redujo la condición de pobreza. El Coneval subraya que en la medición correspondiente al 2008-2018, Coahuila es el estado con la reducción más elevada, ya que el número de personas en condición de pobreza pasó de 885 mil 800 a poco más de 690 mil; Nuevo León tuvo una disminución de 203 mil personas y Aguascalientes, donde el número de pobres se redujo de 435 mil a 351 mil 500.

Lo contrario ocurrió en 20 entidades, especialmente en Colima, Veracruz y Nayarit, que registraron incrementos tanto de pobreza extrema como moderada, con 35.9% y 65% respectivamente en Colima. En Veracruz la pobreza moderada aumentó en 31% y la extrema en 14.2%, en tanto en Nayarit la pobreza moderada creció 1.5% y la extrema en 15.2%.

Un dato que obliga a la reflexión por lo que significa, es que en los dos últimos años del anterior gobierno más de un millón habitantes se sumaron a la población sin acceso a los servicios de salud. Mientras en 2016 eran 19.1 millones de personas, para 2018 la cifra aumentó a 20.2 millones.

SUPERVISIÓN DE EU

Legisladores demócratas proponen que Estados Unidos audite directamente empresas en México para verificar las condiciones que prevalecen en los centros de trabajo, con lo que se garantizará dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en la alianza comercial (T-MEC) en materia laboral. La medida, calificada como inadmisible por el sector empresarial mexicano, fue propuesta por los senadores Sherrod Brown y Ron Wyden

El ala demócrata ha criticado en el proceso del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos la falta de garantías para el cumplimiento de los acuerdos laborales  en México, por lo que ambos senadores sugieren crear equipos de inspectores entre México y EU, los cuales pueden acudir a las empresas donde se tenga sospecha de que se violan los derechos laborales propuestos en el Tratado.

La respuesta no se hizo esperar, al citar el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Eugenio Salinas, que la exposición “es inaceptable, eso no está contemplado en la parte de negociación del Tratado. México a través de las recientes reformas que se promulgaron en materia laboral cumple con todos los compromisos que se adquirieron para firmar el T-MEC y eso es a lo que estamos dispuestos”.

Rechazó que se obligue al gobierno de México a que se comprometa a las empresas a ser auditadas, “pueden venir los representantes, como seguramente existe, a una serie de eventos y congresos donde se junten líderes sindicales de los diferentes países, pero no que sea como una obligación (auditoría) o una imposición”, puntualizó.