“Es difícil aceptar que hemos tenido y tenemos un serio problema de corrupción; hay una gran preocupación social por este mal que nos aqueja, y la única manera de poder confrontarlo es aceptando que existe y que está muy extendido en nuestra sociedad”, señaló el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González.
Añadió que los grandes cambios positivos no acontecen desde la evasión y el eufemismo, sino desde la honestidad y la intención efectiva de mejorar las cosas.
Mencionó que este año, la medición de Transparencia Internacional determinó que ocupamos el lugar 123, de 176 países analizados, en cuanto a nivel de corrupción (en el que el 176 es el más corrupto); anteriormente estábamos en el lugar 95.
Dijo que este dato nos permite dimensionar el tamaño del problema; “aunque es necesario señalar que no hemos sido indiferentes y que, de unos años a la fecha, se han multiplicado las acciones, organismos y mecanismos que nos permitirán cambiar este vicio, desgraciadamente arraigado en nuestra sociedad”.
Estos cambios abarcan desde la creación de la Ley General de Acceso a la Información Pública en 2014, hasta la promulgación, hace un año, de las leyes que permiten y sustentan las operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estos esfuerzos requieren ser aterrizados en el desempeño diario de los servidores públicos, que deben conocer las leyes y en su caso, la autoridad competente debe asegurarse de que haya consecuencias. En esta tarea, las universidades deben ser algo más que testigos y analistas de los acontecimientos.
Afirmó que en cumplimiento con este deber, la UAA abrirá en unos días un Diplomado en línea con alcance nacional, denominado “Responsabilidades de Servidores Públicos”, promovido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
“De esta forma, abonamos en la consecución de objetivos que benefician a todo el país”, añadió en el evento de firma de convenios contra la corrupción, con la participación de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González.
Por su parte, Juan Carlos Soledad Pérez, presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción Aguascalientes, refirió que instituciones como el Banco Mundial o la Organización de Estados Americanos, señalan que el costo de la corrupción para México se sitúa aproximadamente entre el 9 y 10% del Producto Interno Bruto, es decir, 2.1 billones de pesos, tan sólo en 2016.

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