Por Octavio Díaz García de León

La idea: Uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Paz y Seguridad es el erradicar la corrupción en toda la administración pública y se espera que esto reduzca los índices delictivos. Sin duda reducir la corrupción puede reducir la delincuencia, pero ante un fenómeno tan extendido, convendría enfocar prioritariamente el combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad.

El Plan plantea el combate a la corrupción como el propósito más relevante del próximo gobierno. Este enumera 16 acciones en materia de combate a la corrupción las cuales habría que ver si la futura secretaria de la Función Pública, encargada del combate a la corrupción, está de acuerdo con ellas.

Por lo pronto, una de las medidas propuestas ya está en vigor desde hace año y medio: la obligación de que todos los servidores públicos presenten sus 3 de 3 declaraciones.

Otra, el prohibir las adjudicaciones directas, podría obstaculizar la marcha del gobierno y no necesariamente disminuiría la corrupción. El que se pudiera abusar de ellas no implica que la solución sea desaparecerlas, porque hay razones válidas para tenerlas.

En este sentido, habría que revisar cuales excepciones, que prevé la Ley de Adquisiciones para no hacer licitaciones, son las que más usan las áreas de seguridad, para fiscalizar dichos casos. Sin duda una excepción que se usa y se abusa de ella es la que invoca razones de seguridad pública o nacional (Art. 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones).

Otro aspecto que se puede prestar a actos de corrupción es la partida de seguridad nacional sobre la cual casi no se rinden cuentas y la cual en este sexenio que termina, creció de manera muy importante alcanzando la cifra de más de 65 mil millones de pesos. https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/08/cisen-la-joya-de-la-corona.html

Otra propuesta, el centralizar las instancias de contraloría, ya he escrito sobre sus desventajas y parece que no es la intención de la futura secretaria de la Función Pública, la Dra. Sandoval. https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/10/transformar-la-secretaria-de-la-funcion.html

Una medida interesante que proponen es homologar sueldos entre un ministerio público federal, un policía federal y un juez federal con la idea de pagarles más a los policías y a los ministerios públicos, con lo cual se reconoce que, para reducir la corrupción, hay que pagarles bien a los servidores públicos.

En ese sentido, habrá que valorar el impacto debido a la reducción de sueldos que sufrirán los altos mandos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad e impartición de justicia. Si bien, los altos funcionarios son menos susceptibles a corromperse por tener sueldos bajos, se está abriendo esa posibilidad.

En el tema de combate a la corrupción en las fuerzas de seguridad convendría que dicho Plan distinguiera dos tipos de fenómenos de corrupción:

Interna. Proviene del desvío de recursos públicos para beneficio personal que realizan los funcionarios corruptos a través de adquisiciones, fraude, peculado, nepotismo y otros fenómenos similares.  Esta es la corrupción más tradicional que afecta no sólo a las áreas de seguridad, sino a todo el gobierno.

Externa. Todo aquel dinero, bienes muebles e inmuebles, joyas, obras de arte, etc., con que se soborna a las autoridades, directa o indirectamente, para que dejen de hacer su trabajo (por omisión) o con el cual se compran a las autoridades para que trabajen a favor de los delincuentes y/o se les vuelva socias de los negocios ilícitos (por complicidad).

Es importante distinguirlas porque las estrategias de combate a la corrupción deben ser muy diferentes.

Para la corrupción interna se deben aplicar las medidas de fiscalización, vigilancia y control de los servidores públicos, de manera similar a lo que se hace en el resto de la administración pública. En este caso, la Secretaría de la Función Pública podría hacerse cargo de ello.

El combatir la corrupción que proviene directamente de los delincuentes requiere otro tipo de actuaciones y no le corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Se requiere un enfoque no sólo punitivo, como investigaciones criminales internas, sino también programas de apoyo a las fuerzas de seguridad: desde esquemas de seguridad social y protección familiar hasta sueldos altos que les permitan resistir la oferta de “plata o plomo”.

Para la parte punitiva se cuenta ya con las áreas de asuntos internos a las cuales se les debe reforzar y darles capacidades de actuación mayores con auxilio de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República e incluso con la Guardia de Finanzas que plantea el Plan.

Estas áreas de asuntos internos se podrían centralizar en una Visitaduría especializada en materia de seguridad para evitar su posible vinculación con los funcionarios de la dependencia a la que estén adscritos.

Otras medidas preventivas son la aplicación de controles de confianza, el asegurarse de que tengan los perfiles adecuados contando con un servicio profesional de carrera, el tener métodos de vigilancia permanentes que los disuadan de efectuar actos de corrupción, etc.

El Plan presenta ideas esquemáticas de cosas que se pueden hacer para combatir la corrupción. Sería bueno diseñar la estrategia en función de los tipos de corrupción que enfrentan las fuerzas de seguridad, dándole prioridad a la corrupción más dañina: aquella que proviene directamente de los delincuentes.

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