POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.

@octaviodiazg

En estos días se agudizó la discusión acerca del problema de corrupción que aqueja a nuestro país, esto a causa de los lamentables acontecimientos de Iguala; así mismo, las grandes contrataciones de obra pública han sido cuestionadas por procesos de adjudicación poco transparentes y por relaciones entre empresarios y funcionarios públicos que pudieran configurar un conflicto de interés. He mencionado en esta columna que urge se tomen medidas desde el gobierno para combatir la corrupción, no sólo a través de las reformas que se están discutiendo en el Congreso, sino con acciones inmediatas. Sin embargo, no toda la responsabilidad sobre la corrupción está en el gobierno y sus funcionarios. Los empresarios también tienen una gran responsabilidad en el problema; para que haya un acto de corrupción se requieren dos partes: el funcionario público que recibe soborno y el empresario (o ciudadano) que lo ofrece. El tema de la corrupción entre empresarios y ejecutivos de empresas se ha soslayado porque suelen pensar que el corrupto es el que recibe el soborno y no el que lo ofrece. Pero tan corrupto es uno como el otro.

Escuelas de negocios como el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) han propugnado en sus enseñanzas porque el empresario asuma su responsabilidad ante la sociedad. La formación que se da en esas escuelas hace conciencia entre los estudiantes-empresarios sobre su papel ante la familia, la cadena de valor de la que forma parte la empresa (proveedores, accionistas, clientes, empleados, etc.) la sociedad y el medio ambiente. Como parte de esa responsabilidad social el empresario debe tomar el liderazgo para combatir la corrupción. Si bien los empresarios y ejecutivos tienen la responsabilidad de generarle utilidades a sus accionistas, deberían hacerlo, como lo enseña el Dr. Carlos Llano –fundador del IPADE y maestro de muchas generaciones– quien decía de las personas que ostentan una responsabilidad directora: “…también son sujetos que han de: a) Sujetarse a los principios éticos. b) Cumplir las leyes civiles…” (Tomado del libro del Dr. Nahúm de la Vega “Carlos Llano en Resumen”) indicando, además, el Dr. de la Vega que la responsabilidad social del empresario siempre nos remitirá a la responsabilidad individual.

Desafortunadamente aún falta reforzar el marco legal para castigar a los empresarios corruptos, aunque ya existen figuras para ese propósito. Pero más allá de que el Estado incremente la acción punitiva, es importante que el empresario tome conciencia que la corrupción no ayuda al cumplimiento de sus objetivos. Sus efectos son más dañinos a largo plazo que el beneficio que se pudiera obtener en el corto plazo. Tenemos ejemplos de grandes empresas que desaparecieron por problemas de corrupción, tales como: Enron, WorldCom, Arthur Andersen, Madoff Investment y otras. Algunas empresas en México también se han visto afectadas por escándalos de corrupción, tales como Citibank, HSBC, Banamex, Wal Mart, Oceanografía, el muy cuestionado Grupo Higa y Televisa, entre otras.

La corrupción eleva los costos para las empresas, destruye su reputación y las hace participar en un juego de competencia con reglas injustas. En lugar de hacerlas competitivas con base en el precio, calidad de sus productos y servicio que otorgan; las hace valorar más los contactos que tengan y su capacidad para sobornarlos. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción crea un ambiente desfavorable para los negocios al permitir ventajas injustas y prácticas anti competitivas, permite que florezca el crimen organizado, deteriora el estado de derecho, debilita la confianza en las instituciones y daña a los principios democráticos convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos en el desarrollo de un país; además, su impacto no es trivial ya que se estima que el 0.5% del PIB mundial se pierde por corrupción cada año.

Siendo el gobierno mexicano el mayor comprador en el mercado, y más ahora que su política es incrementar el gasto aunque haya que endeudarse para hacerlo, su responsabilidad para combatir a la corrupción es primordial ya que, de caer en esas prácticas, deja de cumplir su objetivo de dar mejores servicios e impulsar el crecimiento económico. Además beneficia sólo a unos cuantos: aquellos que tienen los contactos, no aquellos que otorgan las mejores condiciones al Estado como exige nuestra Constitución. La corrupción afecta a todos, pero especialmente a los más pobres. Las obras realizadas a base de corrupción pueden causar grandes daños a la comunidad. (Producen contaminación, ocasionan la caída de un puente o un edificio, se construyen hospitales mal hechos que no funcionan, se hacen carreteras que causan accidentes y no duran. Basta recordar como en el D. F., salió a la luz trágicamente la corrupción en la obra pública con los sismos de 1985). Pero también afecta a los empresarios. De acuerdo con una encuesta de Transparencia Internacional, el 48% de los empresarios encuestados en México dijeron que perdieron negocios porque un competidor ofreció soborno.

El empresario no se debe confundir creyendo que para hacer más y mejores negocios debe aprender las prácticas de sus colegas corruptos. Ese no es el camino para que progrese su empresa ni el país. El empresario honesto tiene una responsabilidad social que cumplir combatiendo la corrupción. Además de ser en su propio beneficio, ayuda a la sociedad al hacer que los recursos públicos beneficien a todos y no a unos cuantos. Creo que la sociedad ya se cansó de la corrupción. Los empresarios no deben contribuir a ella.

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