Salvador Rodríguez López

Aunque sea a regañadientes pero el gobierno del estado – o en su caso los diputados locales -, tiene que modificar a la mayor brevedad la propuesta del tabulador de sueldos, para que el titular del Poder Ejecutivo y sus principales colaboradores ganen menos de 108 mil pesos mensuales, como lo determina la ley aprobada por el Congreso de la Unión, misma que es de aplicación obligatoria para todos los funcionarios públicos del país.
En septiembre pasado las cámaras de Diputados y Senadores acreditaron la minuta que expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que regula los artículos 75 y 127 de la Constitución, con lo que se da cumplimiento a las órdenes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al ratificar que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República en funciones y que en su caso se concedió 108 mil pesos mensuales a partir de diciembre próximo.
Cabe mencionar que esta exigencia ya existe en el Artículo 127 Constitucional pero ante la falta de una ley reglamentaria no se respetaba al 100%, por lo que en 2011 se promovió la citada legislación, pero los representantes populares que oficiaban entonces la mandaron a la “congeladora”.
Bajo este marco, tendrá que reformarse el Presupuesto de Egresos del gobierno estatal para el período 2019, ya que en el planteamiento que presentó el titular de Finanzas, Jaime González, revela que el mandatario recibirá una remuneración ordinaria mensual de 121,864 pesos y una remuneración integrada mensual de hasta 266,194 pesos.
Por su parte, para cada uno de los secretarios está previsto un ingreso ordinario de hasta 81,974 pesos y su salario integrado hasta 241,827 pesos; los coordinadores obtendrán 81,974 y 174,105 pesos, respectivamente; los subsecretarios 65,319 y 135,494 pesos, y los directores 58,697 y 120,293 pesos. De las categorías restantes el monto global no rebasa lo previsto por la ley.
Lo que falta por saber es si alguno o todos los involucrados en esta reducción aceptarán cumplir lo dispuesto por el Congreso, o recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia en demanda de amparo, al considerarse que la ley no puede tener carácter retroactivo, pero llegado el caso de eso se encargarán los abogados.
De los gobernadores estatales el que más gana en el país es el de Aguascalientes y le siguen los de Tabasco, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Colima, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Baja California Sur, Estado de México, Querétaro y Campeche. Los otros 17 ganan menos de 108 mil pesos, mientras que los 42 diputados locales de Oaxaca ganan 257 mil pesos que engloban el salario nominal, compensaciones y apoyo para el pago de auxiliares.
De la propuesta que presentó el titular de Finanzas el pasado 13 de noviembre, ante el Congreso local, se destaca que “ningún servidor público dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, de alguna Entidad u Órgano Autónomo, Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, ni de alguna empresa de participación estatal, podrá gozar de un salario superior al asignado al gobernador, incluyendo todo tipo de conceptos como gratificaciones, compensaciones y cualquier otro que forme parte de sus percepciones”.
También menciona que los límites mínimos y máximos comprenden sueldo, compensación, ayuda para transporte, ayuda para renta y ayuda para despensa, asimismo, de la cantidad total establecida que obtiene cada uno de los servidores públicos, se reduce por las retenciones fiscales y aportaciones de seguridad social.
De este modo se advierte cierto rechazo en varias entidades al considerar que hay imposición desde el centro, puesto que no se tomó en cuenta la opinión de las fuerzas locales y esto rompe el pacto federalista que debe prevalecer para un mejor entendimiento en el ejercicio de la administración pública, sin embargo ante la ley aprobada por el Congreso es mínimo el margen de maniobra que tienen para oponerse, de ahí que sólo les quedaría el apoyo de la Suprema Corte, en donde los ministros están en la misma situación que los gobernadores, al tener un rebase muy amplio en su tabulador, por lo que de haber una solicitud de amparo se sabrá hasta dónde se mantiene la separación de poderes.

NO CONVENCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro Gutiérrez Romo, se unió a las voces que tienen serias dudas sobre la funcionalidad del Programa Nacional de Paz y Seguridad que se propone aplicar el próximo Presidente de la República, al ser “un cúmulo de buenas intenciones”.
Dijo que su aplicación exigirá más de los tres años que se comprometió el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador, que en primer término requiere de la autorización del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia para que luego se ponga en marcha.
Expresó que de las líneas que propone sobresale la creación de la Guardia Nacional, lo que fortalece a las Fuerzas Armadas al mantenerlas en las calles, pese que a lo largo de 12 años AMLO rechazó esa posibilidad, lo que en gran parte se debe a que “ahora que enfrenta la realidad como autoridad electa, no tenía opción”.
El máximo dirigente empresarial en la entidad objetó la amnistía y el perdón que anunció López Obrador para los funcionarios que no estén encausados, puesto que el modelo tiene sus objeciones, mismo que en Colombia demostró que no es el camino para lograr la tan anhelada tranquilidad social.
En lo que sí hay aquiescencia es sobre el tema de la familia, que aún cuando es un desafío a largo plazo es indispensable fijar las bases para fortalecer la escala de valores y el respeto al interior del hogar, entre todos los núcleos sociales y de todos hacia la autoridad, lo mismo que de ésta hacia la colectividad, con lo que podrá crecer sensitivamente el país.
Gutiérrez Romo también se refirió al combate a la pobreza, al establecer que “es una obligación del Estado” y en lo cual el empresariado contribuye a través de la generación de la riqueza y la creación del empleo, ante todo “la inclusión de jóvenes a la capacitación” y aunque la inserción que se plantea puede ser complicada “la expectativa es que pueda ser llevada a buen puerto”.
De lo descrito por AMLO en la presentación del Programa Nacional de Paz y Seguridad “se observa un cúmulo de buenas intenciones que difícilmente podrán cumplirse en el plazo de tres años que se fijó”, sostuvo.
Además, es bastante visible que “casi todos los programas y acciones que ha venido anunciando llevan la visión trienal, dado que desea ser evaluado a la mitad del mandato constitucional de seis años que empezará a ejercer el 1 de diciembre, no obstante, la estimación es que implicará mucho más tiempo lograr los objetivos planteados”.
Lo que toca en este caso es que los hombres de negocios, al igual que la mayoría de los mexicanos, estén atentos a los pasos que dé la nueva administración, que permita evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos que ahora se asumen, una especie de auditoría ciudadana que le recuerde al gobernante aquello que ha dejado de hacer o reconocer lo que sí cumplió.

TERROR NOCTURNO
La incertidumbre de lo que pueda ocurrir en la próxima administración tiene atemorizados a los servidores públicos de primer nivel, ante la posibilidad de que al nuevo Presidente de la República puede ocurrírsele que a partir de equis fecha ganará 30 mil o 40 mil pesos mensuales, inclusive una cantidad inferior, porque con eso vivirá en la medianía juarista, y como la ley exige que todos los empleados públicos reciban menos que el titular del Poder Ejecutivo Federal no tendrán otra opción. Vienen noches en que despierten asustados y confundidos, sudorosos y respirando muy rápido, porque todos sus gastos están basados en el salario que perciben, por lo que de darse ese paso tendrían que hacer un ajuste que indefectiblemente no será del agrado de la familia. Es una situación que sin duda ya registran varios de los que hoy están en esa tesitura y que tienen como única opción permanecer en el cargo o irse al sector privado.