Con el registro de diez casos de contribuyentes que este año han sido afectados por la “lista negra” del SAT, la cual identifica a aquéllos que compran o venden facturas y simulan operaciones, el delegado de la Prodecon, José Antonio Guerra, llamó a las personas físicas y morales a estar alertas de la publicación de esas listas provisionales o definitivas del fisco federal, porque podrían quedar sin efecto sus comprobantes fiscales de los cinco últimos años.

Esto implica que la autoridad buscará al contribuyente hoy para auditarlo y reclamarle el pago de todos los créditos pendientes, ya que dedujeron materiales o servicios que ahora no son considerados como deducibles, aseveró.

Sin embargo, el delegado de la Procuraduría de la defensa del Contribuyente señaló que existen recursos legales para las personas morales o físicas afectadas para entregar probanzas documentales que demuestren que sí existieron las operaciones con esa persona que ahora se encuentra en la “lista negra”.

Con las reformas fiscales del 2014, dijo que el Código Fiscal de la Federación estableció en el artículo 69B un procedimiento de presunción de inexistencia de materialidad de operaciones, porque sí se observa que un contribuyente no cuenta con infraestructura, capacidad material, personal, activos directos o indirectos para producir, prestar servicios, comercializar o entregar bienes que amparan ciertos comprobantes fiscales.

Explicó que el SAT investiga a las empresas que presuntamente facturan operaciones simuladas y publica una lista provisional en su portal digital, en el Diario Oficial de la Federación y en el buzón tributario del contribuyente, que posteriormente podría estar publicado en la lista negra, si no demuestra su operación legal.

Este artículo 69 se originó por la enorme compra y venta de facturas que no amparaban operaciones reales, cuyo fenómeno se salió de control porque era utilizado por la delincuencia que defraudaba al fisco federal, sin embargo, esta medida está pegando a contribuyentes que se mantienen dentro de la legalidad y en especial impacta a aquellos que hicieron deducibles esas facturas.

Por esa razón, la Prodecon actúa en estos casos para ayudar a los contribuyentes que dedujeron esas facturas, ya que el efecto final es que el SAT aplica una retroactividad de cinco años en la declaración de inexistencia para aquellos comprobantes fiscales que fueron expedidos por empresas anotadas en la lista negra.

Por último, mencionó que el SAT considera operaciones simuladas cuando no se puede localizar a los contribuyentes que expidieron los comprobantes fiscales o facturas. Y por ese motivo desconoce todas las operaciones que haya realizado en el pasado, independientemente de su origen legal o no.