Después de escuchar y leer opiniones sobre el fuero, el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Fernando Amador Macías, le dio un “estate quieto” a quienes promueven una reforma constitucional para cancelarlo, al establecer que no hace falta su anulación, y asimismo, que conservarlo no significa protección, inmunidad o exoneración ante un delito que cometa un servidor público.

Durante varias semanas ha habido un intenso debate difundido en los medios, de aquellos que consideran indispensable acabar con este privilegio, ya que en lugar de ser un revestimiento que resguarde a los funcionarios, se ha convertido en un abuso que lastima y ofende a la sociedad, por lo que es preferible eliminarlo para que en caso de cometer un delito, incluso una infracción de tránsito, tenga que responder en las mismas condiciones que lo hacen los demás ciudadanos.

Sustenta su posición que lo largo de los años se ha sabido de tipos que no son detenidos pese a la flagrancia y aun más, hacen gala de su influyentismo, por lo que aun cuando sean culpables de un hecho difícilmente pueden ser presentados ante un juez, o que cometen una falta y se niegan a reconocer su culpa.

Quienes se han pronunciado porque se mantenga el fuero precisan que nadie está por encima de la ley, por lo que si alguien tiene responsabilidad en un acto tiene que ser detenido y admitir lo que dicte la ley o el juzgador.

Fernando Amador afirma que el fuero constitucional contribuye al equilibrio entre poderes, y éste, a la fortaleza de las instituciones, teniéndose por descontado que “cuando hay instituciones fuertes, hay credibilidad y confianza en el Estado de Derecho”.

Argumentó el propósito de eliminar el fuero en la entidad, al ser una figura que avala a los protagonistas “el espacio deliberativo en condiciones de equidad y que además protege la capacidad de los representantes para llevar a cabo sus obligaciones, sin que sean distraídos por procedimientos en su contra”.

El líder de los abogados dejó en claro que la inmunidad no pretende la dispensa del delito que en esas condiciones se cometa, sino la “apoliticidad” de la acusación que fuera hecha, y que en su caso no requiere de una declaración de procedencia para entablar una demanda del orden civil contra cualquier funcionario, por consiguiente, “eliminarlo puede ser incluso innecesario”.

Es importante tener presente que actualmente la inviolabilidad y la inmunidad procesal se encuentran reglamentadas en seis documentos legales, como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el Reglamento del Senado de la República, el Reglamento de la Cámara de Diputados y las legislaciones de los estados.

En el caso concreto de Aguascalientes estableció que aquí no se da la división de poderes porque todo está en torno al titular del Poder Ejecutivo, incluidos los organismos llamados autónomos, por lo tanto sería hacer una ley a modo.

El jurisconsulto sostuvo que en estos momentos el “fuero político” tiene más peso que el fuero constitucional, por ejemplo el título del cargo, como el del titular del Poder Ejecutivo, es privilegiado, cuando lo justo es que “todos los mexicanos gozáramos de garantías”.

Seguramente que habrá quien no coincida con el licenciado Amador Macías, pero airear las ideas enriquece la polémica y a partir de ahí hacer lo que mejor convenga a los intereses de la colectividad, que a final de cuentas es lo que deben buscar los que manifiestan una posición u otra.

CREAR LA NECESIDAD

En las oficinas públicas que tienen una relación directa con la ciudadanía hay quienes anhelan la manera de que el Gobierno obtenga más recursos económicos, por lo que exprimen su inteligencia hasta lograr ese propósito.

Por ejemplo, durante largo tiempo se ha promovido el uso de la bicicleta, que dicen sus autores, es un medio que sirve como ejercicio físico para el traslado a distintas partes y como ahorro ya que se deja de pagar el autobús o el taxi. Se organizan “rodadas” que crean comunidad y poco a poco son más las personas que utilizan este medio.

Aunque ahora se pretende darle un estatus a quien transita en bicicleta es sólo reciclar una costumbre muy antigua, tanto que hace casi medio siglo se decía que Aguascalientes era un pueblo “bicicletero”, donde había tantos de estos artefactos como automóviles y no podía ser de otra forma si se tiene en cuenta que las casas comerciales que los vendían daban el máximo de facilidades, por lo que con un pago semanal o quincenal se podía adquirir uno.

Poco a poco vino un decrecimiento en su uso y en los últimos años se ha pretendido retomar con una promoción intensa, acompañada de crear carriles especiales para su circulación que les signifique una protección frente a los vehículos motorizados.

Al haber un número considerable de ciclistas, la Dirección de Tránsito y Movilidad del Municipio de Aguascalientes recordó que la Ley de Movilidad y el Reglamento de Movilidad municipal establecen obligaciones a quienes circulan en bicicleta y de las multas a que se harán acreedores, que como en tantas otras normas, es lo que tiene mayor importancia ya que uno de los fines de la autoridad es lograr el mayor ingreso posible vía sanciones.

Asegura el titular de esa dependencia, José de Jesús Rodríguez Benavides, que en lo que va del año el municipio capitalino registra 47 accidentes que tienen que ver con ciclistas, en 32 de ellos fueron los responsables del incidente y en 15 los afectados.

Según el funcionario, estas unidades carecen de placa, por lo que a la hora de que cometen una falta el poseedor sólo recibe un apercibimiento y cuando es reincidente se le confisca el vehículo, aunque no precisó por cuánto tiempo y bajo qué condiciones puede ser recuperado.

Si se aplica la ley habrá centenares o miles de ciclistas que sean despojados de su unidad, ya que tienen prohibido circular por las banquetas o las zonas de seguridad, lo que en las actuales condiciones es materialmente imposible que dejen de hacerlo teniendo en cuenta la velocidad con que circulan los automotores, por lo que hacerlo por el arroyo de calles y avenidas es correr el riesgo de convertirse en una estadística más, pero al ir por las banquetas dará oportunidad a los agentes de vialidad de levantar la infracción y hasta la incautación del dos ruedas.

Tal vez se pretenda hacer lo que en tiempos pasados, cuando la autoridad dejaba que se acumulara el suficiente número de bicicletas en el corralón y luego proceder a regalarlas en colonias y comunidades rurales como parte de las actitudes altruistas, con lo que se “vestía” al Gobierno Municipal.

Por el lado que se le mire, los velocipedistas salen perdiendo.

CONFUSA RETIRADA

La renuncia del líder de la FTSE, Joel Ayala Almeida, a 40 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional, anunciada el pasado 19 de octubre, y que se asoció a la fundación de un partido político, fue considerada poco probable ya que no se pretendía estar sujeto a unas reglas parecidas, por lo que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado navegaría de manera libre en el medio político. No obstante, el dirigente local de esa organización, Normando López Meixueiro, afirmó que serían un partido para de esta manera “buscar defender en mejores condiciones las causas de la clase trabajadora”. Sin embargo, el debilitamiento de la FSTSE viene desde 2005 cuando más de 200 mil afiliados decidieron renunciar y fundar la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp), golpe del que ya no se pudo recuperar y que ahora pretende endosar al PRI por presuntamente no darles el trato que merecen, pero hay algo más, ya que en julio pasado empezó a correr la versión que se iría a MORENA, lo que no fue desmentido. De cualquier manera pronto se sabrá cuál fue su nueva parada.