Gerardo Muñoz Rodríguez

El pasado 19 de septiembre, el pueblo mexicano vivió un particular episodio que horrorizó a toda su población. Alrededor del mediodía, dos sismos continuos de magnitud 6.8 y 7.1 grados en la escala de Richter, respectivamente, con apenas 4 minutos de diferencia, sucumbió principalmente a seis estados de la República, dejando más de 300 muertos y varias decenas de edificios derrumbados o con fuertes daños estructurales. El epicentro de estos fue focalizado al sureste de Axochiapan, Morelos.

Los cuerpos de rescate de Protección Civil, el Ejército, la Marina, los Bomberos, policías municipales, estatales y federales, pero sobre todo la sociedad en general, unieron fuerzas para apoyar y rescatar a los miles de personas atrapadas dentro de los cascajos.

Al pasar de las horas, varios países mostraban su incondicional solidaridad al pueblo mexicano, enviando sus condolencias y su total disponibilidad a colaborar. Naciones como Japón, Suiza, Israel, España, Chile, Panamá, Colombia, Guatemala, Ecuador y El Salvador enviaron brigadas de especialistas en búsqueda y rescate con la finalidad de mitigar un alto número de decesos.

El pueblo mexicano mostró ante todo el mundo, ser un país con una enorme capacidad de reacción por parte de sus habitantes. Cualquier mexicano debe sentirse orgulloso cómo la gente se entregaba a las actividades relacionadas con búsqueda de víctimas o apoyo a los innumerables heridos, inclusive dejando a un lado la seguridad de sí mismos.

De forma paradójica, exactamente 32 años atrás, México sufrió una de las peores devastaciones naturales de su historia. Aquella madruga de jueves, se registró un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter. Particularmente la Ciudad de México, vivió horas de pánico ante los estragos ocasionados. Al igual que la semana pasada, los mexicanos se volcaron ante sus compatriotas heridos en busca de minimizar las muertes, las cuales llegaron a estar cerca de las diez mil defunciones y más de 800 edificios destruidos.

A pesar de esta coincidencia, el entorno económico en el que se vivía en aquel entonces, dista mucho del actual. Esto puede ocasionar que su afectación económica sea menor.

Para el año de 1985, nos encontrábamos inmersos en una severa crisis económica. Tan solo tres años atrás, se había decretado la nacionalización de la banca. Las inversiones extranjeras eran mínimas y poseíamos tasas inflacionarias por las nubes. La excesiva deuda pública había llevado al gobierno a solicitar ayuda a organismos internacionales enfocados en lograr disminuir sus niveles de apalancamiento y el deterioro de las finanzas públicas era catastrófico. La poca capacidad de reacción del gobierno, ocasionó que los daños de este lamentable evento fueran equiparables al 2.39% del Producto Interno Bruto.

Cuando se presentan este tipo de sucesos, el consumo y la producción regional tienden a caer en un corto plazo.

Supongamos que una empresa, por dar algún ejemplo, cuenta con algún daño estructural dentro de sus instalaciones, le será imposible poder continuar con sus actividades cotidianas, lo que mermará su producción.

Esto restringirá el flujo de salarios para sus trabajadores, lo que desacelerará su consumo e inversión, dando como resultado un impacto en la economía de toda la nación, especialmente en los estados más afectados.

Sin embargo, el gasto destinado para la reconstrucción ayuda a amortiguar el efecto negativo en la economía que se pueda presentar. Para el año de 1985, no se tenía respaldo financiero para hacer frente a los daños ocasionados por el sismo. La realidad ahora es diferente.

Los principales estados afectados fueron la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Dichas Entidades Federativas, representan el 25% del Producto Interno Bruto de la nación, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; por lo que una desatención a la hora de reconstrucción, sería sumamente perjudicial para el país.

Ciudadanos, empresarios, corporaciones e inclusive actores deportivos, se han volcado con donativos en vías de evitar que el costo financiero del sismo sea parecido al vivido a mediados de la década de los ochenta.

Aunado a esto, México cuenta con solidez financiera, capacidad de endeudamiento, así como espacio fiscal para la ampliación del déficit para financiar obras públicas; unificado a que el Gobierno Federal, a través del Fondo de Desastres Naturales, cuenta con alrededor de 506 millones de dólares para poder destinarlos a afectaciones ocasionadas por desastres naturales.

Lo interesante del tema será de qué manera el ejecutivo hará llegar los recursos públicos o donativos a la sociedad que realmente más los necesita.

Twitter: @GmrMunoz

 

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