Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Platicaba Don Juan Andrea, el inolvidable capitán del Hotel Francia, de un fulano que cuando fue a confesarse le dijo al confesor: “Acúsome Padre, que no soy tan pendejo”. Pienso, con todo respeto, que el Presidente AMLO es de esos.

 

Hace algunos años cuando se empezaba a gestar el proyecto de la reforma al sistema de justicia penal, impulsado en buena parte por nuestros ¡Oh Dios! vecinos del norte, porque, entre otras cosas, los aspectos del litigio habían quedado fuera del Tratado de Libre Comercio, y los grandes despachos de abogados estadounidenses no podrían incursionar en México, con un sistema judicial tan diferente del suyo. La Comunidad Europea, por otras razones, tenía también interés en colaborar para el mejoramiento de nuestros sistemas penales. De allá, de Europa, vinieron los integrantes de un equipo de trabajo coordinado por una jurista holandesa del Parlamento europeo, un magistrado español especialista en dogmática penal, un juez alemán de gran trayectoria y prestigio y dos o tres más que completaban la delegación. Los europeos hicieron una gira por el país, entrevistándose con funcionarios, representantes populares e integrantes del foro del  país y de las entidades federativas. Aquí en Aguascalientes se realizó una reunión de trabajo en la Casa de la Cultura Jurídica, a la que tuve el gusto de ser invitado. Luego de las sesiones que resultaron interesantes y productivas, tuve la oportunidad de platicar con el juez alemán, que parecía el más experimentado y que hablaba un español de manera germano patriota, suficiente para entendernos. Le expuse mis  dudas del nuevo sistema, partiendo de que el nuestro ya era fundamentalmente oral  y que en mi opinión sería preferible la creación de jueces de instrucción (parecidos a los actuales jueces de control), limitar el poder del Ministerio Público, fortalecer la figura de la coadyuvancia y pulir algunos aspectos procedimentales. El juez me dijo que la preocupación fundamental no eran los aspectos ni de oralidad ni procedimentales, ni los principios que en teoría existían incluso el de la presunción de inocencia, sino fundamentalmente la “democratización” de la justicia penal, para que dejase de ser un instrumento de control y castigo del “gobierno”.

Al conocer pormayores y luego pormenores de la propuesta de reforma legislativa que presentaron al alimón el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y el mal-aconsejador jurídico de la Presidencia Julio Scherer, recordé aquella plática y me corrió un “escaldofrío por el espinazo vertebral”.

Gertz parece que ha sido un buen policía, Scherer un buen espejo. Es impensable que la reforma propuesta no haya sido conocida por el Presidente, por lo que sólo queda conjeturar sus “piensos”, porque la mera verdad, como dicen en el sureste, va “patraseando”.

En mis tiempos de estudiante en la UNAM, ya se planteaba un apotegma de la dogmática penal: “investigar para detener, no detener para investigar”. La malhadada figura del arraigo es, ni más ni menos, la encarnación de la parte negativa del apotegma. Ante la incapacidad e ineficacia de los investigadores, la sospecha permite la detención e incomunicación de una persona y su sujeción en los primeros días, a prácticas de tortura para obtener información que los “investigadores” utilizarán para incriminar al detenido y a otros presuntos delincuentes, reales o fabricados. Los días restantes del arraigo servirán para que desaparezcan las huellas físicas del tratamiento, “Manoterapia” le llamaba un antiguo fiscal de Aguascalientes.

La propuesta de reformas contempla la salvajada de revivir el arraigo, que lamentablemente se ha conservado para delitos de delincuencia organizada, y se acompaña con otra propuesta infame: que las pruebas obtenidas de manera ilegal (incluso tortura) puedan ser valiosas en un proceso. Un retroceso preocupante. Conviene recordar que durante el gobierno del nombrable Peña Nieto, el relator general para la Tortura de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Juan Méndez, señaló en su informe que en México la práctica de la tortura era generalizada y a todos los niveles. El gobierno mexicano desde luego (es su especialidad) lo desmintió, aunque no le echó la culpa ni a los conservadores ni a  los fifís y los chairos todavía no se llamaban así, sin embargo se comprometió a asumir algunas medidas para combatir la tortura y salvaguardar la integridad y el principio de presunción de inocencia. Entre otras la de la desaparición del arraigo, que finalmente se conservó lamentablemente para algunos delitos graves. Cuando el relator Méndez solicitó regresar a México para verificar el cumplimiento de las recomendaciones, el gobierno de Peña Nieto le negó la autorización, pero efectivamente se tomaron medidas, notoriamente insuficientes, con el propósito de disminuir esas violaciones a los derechos fundamentales. López Obrador con la propuesta, por el momento retirada del Legislativo, da un salto pa’tras en la protección de los Derechos Humanos y la garantía del debido proceso.

En la propuesta aparecen otras temibles armas de represión, que son instrumentos conocidos de algunos de los admirados jefes de estado y de otros, simpatizantes, del presidente López Obrador: el delito de difamación. Propone castigar con cárcel de seis meses a seis años, “la imputación que se hace a otro de un hecho cierto o falso”. En legislaciones avanzadas y en países democráticos “de a deveras” esos hechos alcanzan si acaso alguna sanción administrativa y en el peor de los casos la incoación de un proceso civil por “daño moral”, pero jamás la cárcel.  Las reformas prevén autorizar la intervención telefónica en casos de “sospecha” de delitos fiscales y electorales. ¿No le ha bastado a López Obrador la intimidación pública, la difamación que él ha realizado y las imputaciones a la ligera que formula en las mañaneras, sino que ahora quiere las armas legales para poner bozal a las críticas y señalamientos?.

Venturosamente en el Legislativo algunas voces (sensatas, sensibles o simplemente de políticos avezados) advirtieron (como una salida para un compás de espera que permita la reflexión) que no se habían realizado todas las consultas que las comisiones habrían recomendado, pero seguramente la propuesta regresará a las Cámaras.

Compás para que reflexione ¿quién?. Ya se sabe que el principal actor no reflexiona, pero los ciudadanos estamos obligados a hacerlo y a manifestar nuestro repudio a esas propuestas dictatoriales.

 

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