Al rechazar categóricamente la contrarreforma educativa, el empresariado asociado en Coparmex recordó que la enseñanza de calidad es una materia que corresponde y compromete a todos, por lo que el camino es construir educación moderna y de vanguardia que nos prepare mejor y nos permita competir con otras naciones.
“Sin embargo, la reforma aprobada está poniendo en riesgo los derechos de niños y jóvenes, quienes deben tener garantizado el acceso a una enseñanza de calidad, con los mejores maestros, escuelas y contenidos pedagógicos”.
A través de un pronunciamiento nacional emitido por el sindicato patronal, el organismo en Aguascalientes presidido por Raúl González Alonso, se sumó a la profunda preocupación ante lo que se considera un grave acontecimiento.
Advirtió que no solamente viola los principios y fundamentos establecidos en la Constitución Política, sino que asegura un serio retroceso para la educación de los mexicanos.
En ese contexto, destacó que por una parte se renuncia a una educación con calidad, con la no obligatoriedad de la evaluación docente y la reinstalación de maestros dados de baja por mal desempeño en evaluaciones previas, perdiendo lo ganado en décadas de trabajo.
Refirió que la evaluación fue diseñada en pro de los maestros para su superación personal y reconocimiento a sus esfuerzos, pero la contrarreforma es todo lo opuesto y abre la puerta a docentes en las aulas, sin los conocimientos necesarios.
“Así, se regresa la educación a manos de sindicatos y aunque propone plazas para docentes en condiciones de igualdad y transparencia, lo cierto es que garantiza plazas a egresados normalistas sin que tengan que demostrar que tienen la mejor preparación”.
Además, el sindicato podrá reclamar plazas a la SEP, con lo cual el Estado pierde rectoría en la materia y retornan la venta, renta y herencia de plazas docentes, un problema que había sido superado.
Finalmente, lamentó por último que con ello se debiliten las instituciones del Estado, pues la existencia de un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano queda al margen con la contrarreforma que vulnera su autonomía técnica, operativa, presupuestaria de decisión, de gestión y no sectorizada.