Norma Zamora presentó una iniciativa de Reforma de Ley al Código Electoral del Estado, llamada “Más por Menos”, con la que se busca eliminar el financiamiento público a partidos políticos en años no electorales, y que este recurso sea destinado a causas en beneficio de la ciudadanía. Con esto se estarían ahorrando más de 52 millones de pesos.
La legisladora expuso que la población considera ofensiva la cantidad de dinero que destina el Estado al financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos.
“El recurso que los partidos políticos reciben en años electorales debe ser recortado, de manera que se propone un descenso significativo del gasto público de la siguiente manera: utilizando sólo el 50% total del padrón electoral multiplicado por el 65% de la unidad de medida de actualización (UMA) vigente en el estado, permitiendo así recibir financiamiento público sin resultar excesivamente costoso para la población, con lo que se ahorrarían más de 40 millones de pesos”.
El financiamiento privado será la forma más sana en la que los partidos políticos podrán financiar sus actividades tanto en años no electorales como en los electorales, pero obligando la entrega de informes anuales de origen y monto de los ingresos totales recibidos en campaña, debiendo entregar los informes al INE.
De esta forma se garantizará la debida fiscalización de los ingresos recibidos, y de no ser acatada dicha disposición, el INE aplicará la sanción pertinente.
Las asociaciones políticas no podrán recibir más financiamiento público para el sustento de sus actividades con el sentido de congruencia; “si los partidos políticos no reciben dinero tampoco recibirán las asociaciones políticas, permitiéndoles recibir financiamiento privado con las mismas reglas de los partidos políticos”.
Debe someterse el proyecto de presupuesto para el financiamiento público estatal anual, para su aprobación en el mes de agosto de cada año electoral.
A los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o aquéllos que habiendo conservado su registro legal no cuenten con representación en el Congreso del Estado, se les asignará el financiamiento público, que para gastos de campaña consistirá en la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 30% del salario mínimo de la UMA vigente.