Evlyn Cervantes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados federales calificaron como absurdo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) gaste 117 millones de pesos de recursos públicos para comprar otro edificio, con el que sumará 23 a su servicio en la Ciudad de México y 493 en todo el País.

“Es un absurdo, en tiempos de restricción del gasto. El Gobierno de la República se amarró el cinturón durante varios años, el presupuesto federalizado durante varios años se redujo, pero el Poder Judicial nunca vimos que hiciera algo para reducir su gasto”, afirmó Nancy Guadalupe Sánchez, diputada federal, en entrevista telefónica.

Grupo REFORMA publicó que con una votación dividida de cuatro consejeros contra tres, el órgano administrativo del Poder Judicial acordó el pasado 30 de mayo comprar por 117.1 millones de pesos un edificio viejo en San Ángel, el cual tendrá que remodelar con 69.1 millones de pesos adicionales.

Los consejeros de la Judicatura que votaron en contra de la adquisición, José Guadalupe Tafoya, Felipe Borrego y Alfonso Pérez Daza, argumentaron que no se justifica claramente el destino del inmueble ni el uso más eficiente a los recursos.

“Yo celebro que algunos de los mismos consejeros de la Judicatura hayan votado en contra por juzgar esta compra innecesaria. Conozco muy bien a uno de los consejeros que votaron en contra, José Guadalupe Tafoya Hernández, es una gente pensante y conoce las entrañas del Consejo de la Judicatura, que tiene una formación dentro del Poder Judicial y estoy totalmente de acuerdo con él en la posición y en el razonamiento que asumió señalando que no es necesario ningún inmueble más”, expresó Ricardo Ramírez Nieto, diputado federal, en entrevista telefónica.

El diputado federal señaló que el CJF optó por gastar el presupuesto que ya tenía etiquetado para este año sin una consideración de los equilibrios financieros que deben existir al interior de las propias dependencias.

“Como en el presupuesto de la Federación ya están etiquetados los recursos, lo que pretendieron en este caso, es una forma indiscriminada de ejercer el presupuesto para llamarlo en términos coloquiales, de gastarse el dinero por gastarlo sin considerar que tiene que haber equilibrios al interior de las propias dependencias. Yo pienso que se deben formar comités de validación, de estudio, de aprobación, para poder determinar si efectivamente las compras son acordes a las propias necesidades”, añadió Ramírez Nieto.

La diputada federal, Mariana Benítez, consideró que el Poder Judicial debe transparentar la necesidad de compra que tiene del inmueble.

“Aunque es un poder independiente el Poder Judicial, sí debiera transparentar cuál es la utilidad de comprar un nuevo inmueble. Yo no puedo juzgar si está mal o no que compren un nuevo inmueble porque no conozco las necesidades exactas del Poder Judicial.

“Cuando fui litigante sabíamos en qué condiciones están los juzgados, si es estrictamente para el Consejo de la Judicatura, ahí sí me llamaría la atención pero si es para realizar labores del Poder Judicial en general, quiero pensar que hay un análisis de la utilidad y necesidad a la que obedece esta compra”, afirmó Mariana.