Leticia Rivera
Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco 14-Ago.- Ni la dependencia encargada de vigilar que la actuación de los funcionarios y entes del Gobierno se apeguen a la normatividad cumplió con ésta, al ser cliente de la empresa del coordinador de Competitividad Empresarial de la Sedeco, Juan Rafael Mejorada Flores.
De acuerdo con la orden de compra, con folio 58499 firmada el 23 de diciembre de 2014, la dirección administrativa de la Contraloría estatal, entonces dirigida por Juan José Bañuelos, solicitó a Producción, Tecnología y Vanguardia, empresa de Mejorada Flores, muebles para oficina por 162 mil 666 pesos.
Grupo REFORMA publicó que otras dependencias, entre abril del 2013 y septiembre de 2015, le compraron a la empresa de Mejorada Flores 5.3 millones de pesos, pese a que contraviene la fracción 24 del Artículo 61 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Luego de que la Careintra advirtió en marzo pasado irregularidades en la Licitación Pública Local 04/2017 del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco y en la que resultó ganadora la empresa de Mejorada Flores, pero que se desistió de firmar luego de las publicaciones de Grupo REFORMA.
Y es que se advirtió que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la de Compras Gubernamentales prohíben la celebración de contratos entre el Gobierno y empresas en las que participe algún servidor público, o sus parientes. Ante ello, el despacho del Gobernador pidió a Contraloría que tomara el caso.
La dependencia dio por buena una copia simple que se entregó argumentando la separación de Juan Rafael de la empresa en octubre de 2015, y que este medio ha solicitado, sin que haya sido proporcionada.
Y para mayo, la Contraloría ya había declarado libre de conflicto de interés la Licitación Pública Local 04/2017 y absolvió al funcionario.
En diversas ocasiones, se ha solicitado a Teresa Brito, titular de la Contraloría, avances de la auditoría por las compras que el Gobierno hizo a Mejorada Flores, pero no se ha concedido.
Grupo REFORMA publicó ayer que la Contraloría y la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas difieren hasta en el número de contratos que la Administración actual ha celebrado con la empresa del funcionario.

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