Total, la tan esperada Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes está lejos de ser lo esperado por los distintos sectores que utilizan, directa o indirectamente, la vía pública, por lo que lo más sensato sería que se regresara a comisiones del Congreso para que sus integrantes hagan las adecuaciones pertinentes.

La semana pasada se mencionó Con Usted que los diputados no se tomaron la molestia de consensuar la naciente legislación, por lo que era de esperarse la serie de reclamos y que amenazan con meter en un brete a la autoridad si alguno de los grupos que se dicen perjudicado la impugna y obliga a los tribunales a emitir la orden de que se modifique.

Sólo falta un paso para que entre en vigor y es que se divulgue en el Periódico Oficial del Estado, pero hacerlo en la situación actual – y en pleno período electoral – sería un reto a los inconformes, consecuentemente es preferible atender cada punto de vista y no imitar al ex presidente Carlos Salinas (“ni los oigo ni los veo”, en referencia a los perredistas que protestaban en su último informe de gobierno, 1994).

Aunque prácticamente todos los temas aprobados el pasado 26 de abril por la LXIII Legislatura tiene más preguntas que respuestas, hay uno que si lo hubiera planteado alguno de los actuales candidatos presidenciales sería celebrado por sus seguidores (como ese de “mocharle” una mano a los bandidos), pero no, lo hizo el pleno de aquí, y se refiere a los “bici-taxis”, a imagen y semejanza de una costumbre muy arraigada en varios países orientales.

La nueva ley fue aprobada por 22 diputados y diputadas y hubo tres abstenciones, lo que significa que en términos generales todos estuvieron de acuerdo con el dictamen. Lo más importante de todo sería saber si ellos y ellas pueden explicar cómo le harán los bici-taxis para circular en calles tan estrechas como las que hay en gran parte de la zona centro de la ciudad capital, donde apenas cabe dos vehículos en movimiento o uno estacionado y otro en marcha, lo mismo que en las grandes avenidas y los tres anillos en que se circula a 50, 60 y hasta 80 kilómetros por hora.

Como siempre sucede, dirán que para eso están las ciclovías, que tanto se presume en la propaganda gubernamental, pero en la práctica no son lo segura que deberían de ser debido a que en las intersecciones no hay medidas de seguridad. Esto provoca que por un sentido de protección los ciclistas prefieran hacerlo por las banquetas, aunque con ello ponen en riesgo a los peatones que deben cuidarse de ellos y de los que van en patinetas.

En teoría todo cabe en un jarrito, pero habrá que ver qué se pretende echar ahí, por lo que seguirán los reproches por haberse “fabricado” una reglamentación sin tener al apoyo de quienes, supuestamente, serán los beneficiados, o que son partícipes en su aplicación. Los encargados de hacerlo tuvieron 17 meses para haber entregado un documento acorde con las necesidades de ahora y a futuro del estado, mientras que en la LXIII Legislatura debieron convocar a las reuniones necesarias para explicar cada uno de los artículos y al mismo tiempo escuchar los puntos de vista de los interesados. A final de cuentas no se trata de imponer, sino de convencer, de entretejer intereses para lograr una obra de aceptación colectiva.

RAZZIAS ILEGALES

Tantas veces se ha mencionado en este espacio el quebrantamiento a ley que cometen las corporaciones policíacas, mediante los operativos que pomposamente apodan como “la barredora”, que sería difícil calcularlo, lo que no obsta para reiterar que las aprehensiones en esas condiciones carecen de sustento jurídico.

Lo anterior fue ratificado por el especialista en derecho penal, Luis Eloy Morales Brand, al citar que ese tipo de acciones deben estar justificadas y no salir a las calles “a ver que se encuentran”, aún cuando se haga en colonias y comunidades rurales consideradas como de “punto rojo”.

Lo común en estos casos es frenar el paso de cuanta persona encuentran a su paso para llevar a cabo una “revisión de rutina”, revisión que solamente es posible cuando alguien está cometiendo un hecho delictivo o se lleva a cabo una investigación y existe la presunción de que puede tener alguna responsabilidad, como es el caso de un asalto a un peatón quien acusa directamente y es necesario registrarlo para comprobar si es o no culpable.

Hacer lo contrario es violar los derechos más elementales cuando no hay flagrancia ni elementos para considerar que ha cometido un ilícito. En ese intento de atrapar algún delincuente, los que no lo son se convierten en víctimas de revisiones y detenciones que se hace ante la mirada de transeúntes y automovilistas, y si no encuentran algo que permita la captura se le “autoriza” continuar su camino, aunque para ello debe aportar sus datos personales.

Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), dijo que es fundamental capacitar a los elementos policíacos en materia de inspección de personas, principalmente que conozcan la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se fijó que no están autorizadas las revisiones de rutina, y tampoco los operativos “barredora”, ni los retenes y menos el ingreso a los domicilios si no hay una orden emitida por un juez.

Lo que cabe, apuntó el catedrático, es entender que los operativos constitucionalmente no están permitidos y aquellos que se realicen deben estar totalmente justificados, esto es, “una cosa es que a partir de un reporte de foco delincuencial se acuda al lugar, se haga el operativo de verificación y en su caso se proceda ante irregularidades, y otra muy diferente es hacerlo ‘a ver que hay en tal o cual lugar”.

Reiteró que los ciudadanos deben tener claro que un policía no puede detener donde quiera y en el momento que lo decida, sino que debe existir una justificación y ésta podría ser luego de una denuncia, siempre respetando los derechos de quienes se encuentran en lugar de los hechos.

Lo anotado es importante recalcarlo, ya que es común que llegan las patrullas después de que pasó el desaguisado y cargan con todos los que hay en el sitio, tengan o no responsabilidad, por lo que aquellos que son inocentes de cualquier manera deben pagar una multa para salir en libertad. Es ocasiones excepcionales el juez de barandilla los exime, pero por regla general todo el que es detenido tiene que justificar qué hacía en el área.

Los jefes deben ajustarse al mandato constitucional, como primera norma de darle certeza a los actos de sus subalternos y que la sociedad tenga confianza en las corporaciones.

APOYO SIN TREGUA

La presidenta del Colegio de Biólogos de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza, ratificó el respaldo del organismo al Bosque de Cobos, al considerar que fraccionarlo afectaría a varias especies que tienen su hogar en este espacio, entre ellos el gato montés, el lince rojo, lechuzas, ratas de campo y el venado cola blanca, además de los ejemplares acuáticos. Dijo que en esta reserva tienen su hábitat natural, por lo que de llegar a urbanizarse se perderían los mezquites, huisaches y maleza en general, al mismo tiempo la fauna que por cientos de años ha estado ahí. Son animales que no pueden estar en cautiverio, por lo que no sería posible reubicarlos a un parque y Aguascalientes carece de una reserva natural donde puedan morar y desplazarse libremente. Aunque es una lucha difícil la que mantienen los defensores de lo poco que tiene la ciudad capital de zona arbolada, los pronunciamientos a su favor siguen presentándose.