El diputado Iván Sánchez Nájera, hoy presentará iniciativa de reforma de la fracción IV del párrafo quinto del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado, así como al artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el propósito de poner un tope a los salarios de los funcionarios públicos.

Expuso que el 24 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política federal, a través de la cual se establecen las bases para la determinación de las remuneraciones y percepciones a que tienen derecho los servidores públicos de la Federación, los Estados y Municipios.

Se estableció que la remuneración deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y que su determinación será de forma anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes.

Las limitantes que se deben observar son que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, entre otras; lo que indica que a partir del año entrante, el tope máximo será de 108 mil pesos, en los tres niveles de gobierno.

La fracción IV, otorgó plena competencia a las Legislaturas de los Estados para expedir, las leyes para hacer efectivo el contenido del propio artículo 127 constitucional, y las disposiciones constitucionales relativas, así como para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en la Constitución Federal.

Virtud a los excesivos sueldos de la mayoría de los alcaldes, su asignación no es proporcional a las responsabilidades que encabezan.

El legislador propone, que para el cálculo de la remuneración, se tome como base el último censo poblacional del estado y de cada municipio.

Ejemplificó que es absurdo, que los alcaldes de Jesús María, Asientos, Calvillo, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y de Cosío, ganen más que la edil de la capital, cundo en ésta se concentra el 70% de la población.

Asimismo, en la reforma al artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, se establece que cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para otras personas, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Se equipara a peculado, la autorización administrativa para entregar o recibir, una remuneración o percepción, superior a la establecida en la Constitución local.