Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, nuevamente nos encontramos con esta serie de entregas referentes a la reflexión analítica del proyecto de iniciativa para la Ley General de Aguas presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Continuamos con la figura que incorpora esta iniciativa y que es el Consejo Regional de Cuenca, del cual ya he mencionado desde semanas anteriores.

La semana pasada comenté sobre el artículo 25 que invade la competencia del Ejecutivo Federal, conforme al párrafo sexto del artículo 27 Constitucional, consecuencia de la falta de precisión que corresponde a dichos Consejos Regionales de Cuenca, los cuales no terminan de ser autoridad formal y tienen funciones de tal, lo que propicia la inconstitucionalidad, más aún porque en el artículo 115 al no estar subordinados a la Semarnat ni a la Conagua en esa estructura formal que debería tener; incrementándose esta situación con otra figura a nivel macro que es el Consejo Nacional de Cuencas (que agrupa a todos los regionales), a éste último se le privilegia con ser parte de la Junta de Gobierno de la Conagua en la fracción XII del artículo 10, misma situación se repite con el IMTA en el primer párrafo del artículo 124.

En esta reiterada tónica la fracción III del artículo 114 le atribuye a dicha figura ciudadana la facultad de “determinar obras y acciones requeridas para la gestión integral y sustentable del agua en cuencas”, y la fracción VI del mismo artículo les atribuye la facultad de realizar “actos de autoridad relacionados con la gestión hídrica en sus territorios”. Dicho artículo 115 llega al extremo de habilitarlos para la “formulación de la política hídrica que ejecutarán las autoridades de agua en los tres órdenes de gobierno»; en pocas palabras esto significa que dichos consejos indicarán a los gobiernos lo que deben hacer. En la misma tendencia el artículo 116 establece que la Comisión Nacional del Agua fungirá como el Secretario Técnico de cada Consejo Regional de Cuenca, convirtiendo a la Conagua en una entidad sometida a una entidad no clara de ciudadanos, el organismo público descentralizado por parte del Poder Ejecutivo quedaría con funciones de preparación y levantamiento de actas de las sesiones de Consejo sin derecho a voto, conforme a lo dispuesto en el artículo 117.

Vamos ahora con el artículo 178 que al referirse a las aguas nacionales determina “a cargo” de los Consejos Regionales de Cuenca, reiterando esa transgresión al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, incluso se contrapone con la fracción VI del artículo 179 de ese mismo proyecto en donde se indica que “el Consejo Regional de Cuenca podrá contratar a terceros que lleven a cabo dichas funciones“, aquí se exhibe una laguna al no especificar con qué fondos. La situación se enreda más dado que en el inciso e) de la fracción XI del artículo 182 convierte al Consejo en una“Torre de Babel” al ponerlo por arriba de la ley, transgrediendo el Estado de Derecho, de eso nos hemos quejado que se actúa fuera, por encima o en contra de la ley, siendo que la única soberana es la ley, ni siquiera un presidente o un ciudadano; posteriormente habla de un “laboratorio acreditado conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización aprobado por el Consejo”, en consecuencia el artículo 190 indica que los Consejos emitirán Normas Oficiales Mexicanas”, otro error, pues sólo les corresponde y es competencia reservada para autoridades constitucionalmente reconocidas.

Ya encaminados en este análisis no podemos dejar pasar por desapercibido el artículo 192 que establece: “que cada Consejo Regional de Cuenca deberá tener su propio Plan para la prevención, eliminación progresiva y remediación de la contaminación para cada cuerpo de agua”, esto significa que el plan no es de la cuenca, del estado, ni del municipio sino del Consejo; de nueva cuenta en la fracción VII del artículo 213 se faculta a los Consejos para validar las actas de asamblea de los pueblos indígenas y núcleos agrarios; continuando con este embrollo en el segundo párrafo del artículo 215 faculta ahora a los Consejos para autorizar los proyectos de recarga de acuíferos. Situación similar se presenta en el artículo 325 al establecer que los Consejos Regionales de Cuenca revisarán las concesiones otorgadas por la Comisión, al grado de determinar en cada caso si la concesión es pertinente o si debe ser cancelada, lo anterior se complica de nueva cuenta con la incorporación de la fracción V del artículo 333, la cual establece como uno de los requisitos para solicitar una concesión el “visto bueno del consejo”, posteriormente, se adiciona el inciso d) del artículo 404 que otorga a los consejos funciones de procuración y administración de justicia en materia hídrica, y para cerrar con broche de oro, como suele decirse, aparece la fracción II del artículo 424 que determina que la aplicación del presupuesto del sector de los recursos hídricos deberá atender las “necesidades de los Consejos Regionales de Cuenca” la fuerza es a dichas figuras no a las necesidad del sector agua en la cuenca. Lo anterior, inevitablemente propicia la reflexión basada en los hechos y circunstancias reiterativas en nuestra paupérrima historia o tradición de la gestión del agua en México. No vayamos tan lejos en el conflicto actual en Chihuahua, el trasvase y el pago de aguas a Estados Unidos que se desprende de un Tratado Internacional y está al rango jerárquico de la Constitución, imaginemos el “archipiélago anárquico” que serían esos consejos Regionales, cuando las aguas son nacionales, no de Chihuahua, Nuevo León, etc. Son de la nación.

Recapitulando, estos Consejos Regionales de Cuenca serán autoridades autónomas con jurisdicción territorial, con atribuciones económico-coactivas, al igual que el Consejo Nacional de Cuencas, entonces vale la pena preguntarse ¿Ante quién rendirán cuentas?, esto fomentaría la impunidad, corrupción y disputa. Aunado a la ausencia de mecanismos sobre la designación de sus miembros ¿Recuerdan lo que comenté en las dos entregas anteriores de esta columna? Se entienden las buenas intenciones pero no se puede respaldar un proyecto que adolece de la confrontación fáctica y por supuesto no se debe incurrir en la ilegalidad, pues lo único imparcial es la ley, quienes la tuercen en su aplicación son los seres humanos y en esto no hay buenos ni malos, sino simplemente humanos sujetos al error o a la facilidad de caer en la corrupción si la ley no está encima de ellos y de todos. Recuerden que debemos emprender acciones tendientes para que en México y Aguascalientes, el agua nos alcance.

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