Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores recordarán mi columna de la semana pasada, en la cual hice referencia a las dos propuestas para la Ley General de Aguas, la primera es la que se está trabajando en el proyecto por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Feliciano Flores. La otra el proyecto presentado el pasado 16 de diciembre promovido por la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez del grupo parlamentario de MORENA y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Como anticipé la semana pasada abordaré ambas iniciativas, en este primer caso con la presentada por la Comisión de Medio Ambiente cuyo contenido también les mencioné e hice un comentario general al respecto, pero ahora paso a un mayor detalle del ordenamiento, recordarán que su contenido tiene los siguientes apartados: Título primero. Disposiciones generales, Título 2. De las aguas propiedad de la nación, los recursos hídricos, los bienes nacionales de uso común y los bienes públicos inherentes; Título 3. Derechos humanos asociados al agua; Título 4. De la coordinación entre autoridades; Título 5. Política y programación hídrica. Título 6. De la participación ciudadana. Título 7. Conocimiento y protección de los recursos hídricos. Título 8. De la calidad del agua. Título 9. De la gestión y uso del agua. Título 10. Del acceso, disposición y saneamiento del agua. Título 11. Del régimen de concesiones. Título 12. Desastres y emergencias. Título 13 Infracciones, sanciones y recursos y Título 14. Financiamiento del sector de los recursos hídricos.

Con relación al Título primero denominado: “Disposiciones generales”, nos encontramos que se propone una ley reglamentaria de los artículos primero, segundo, apartado A, fracciones V y VI; 4 párrafos quinto y sexto; 27 párrafos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo en sus fracciones I y VII; y 115, fracción III, inciso a) de la CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se pretende estructurar una ley reglamentaria integral del sector agua en México, superando los vacíos y ausencia de alcance de la actual Ley de Aguas Nacionales. Hasta ahí podemos decir vamos bien, pueden existir otras versiones u opiniones, pero es un buen primer paso.

Respecto al Título segundo denominado “De las aguas propiedad de la nación, los recursos hídricos, los bienes nacionales de uso común y los bienes públicos inherentes”. En este apartado específicamente en el artículo 2 se pretende que esta ley sea aplicable a las aguas comprendidas dentro del territorio nacional, aun cuando no sean de propiedad nacional. Recordarán que en ocasiones anteriores en este mismo espacio les he mencionado esa peculiaridad presente en el régimen jurídico del agua en México, con relación a que no todas las aguas son de la nación, en estricto sentido recuerden, que son aquellas enumeradas en la CPEUM en su Artículo 27, es loable que se pretenda regular todas las aguas que se tienen en el país con miras a la sustentabilidad, pero sobre todo a cumplir con la finalidad de una ley que se puede resumir que “una ley es un instrumento para resolver conflictos”, si no lo es así entonces es una ley que no sirve. Pero aquí es tener en claro qué, quién y cómo se deben regular las aguas nacionales y hasta dónde llega la competencia y qué es lo idóneo para aquellas aguas no nacionales, no queda claro en esta iniciativa que se pretende.

En la fracción VIII, nos encontramos con un aspecto que parece más de buena intención que de tener claridad y conciencia de un problema, este aspecto estriba en que se pretende la eliminación progresiva de la vulnerabilidad de la población ante sequías e inundaciones causadas por el manejo inadecuado de las cuencas. Es importante tener aquí en claro la dimensionalidad de estos fenómenos, ya que las sequías e inundaciones son fenómenos hidrometeorológicos naturales resultado de las siempre presentes interacciones atmosféricas y oceánicas y no a un manejo irresponsable de las cuencas. Hay un impacto resultado del manejo inadecuado cierto, pero los fenómenos van más allá del alcance humano, siempre han existido zonas inundables, lluvias extremosas, etc. el problema radica en la omisión no sólo de autoridades, sino de viles oportunistas políticos vergonzosamente autodenominados “luchadores sociales”, que han provocado la invasión de cauces naturales y zonas con alto riesgo, y la responsabilidad de las autoridades en no proceder a castigar a quienes han violentado, por otro lado, el no respetar la propia normatividad procedente de la planeación que es normativa, simplemente por incompetencia o ignorancia de los funcionarios, incluso de corrupción en el caso de algunos desarrolladores de vivienda, aparentemente en orden, pero con la construcción de asentamientos en zonas de alto riesgo.

Es cierto, que parte de los incrementos en las anomalías climáticas tienen una asociación con el propio cambio climático y las ya tan mencionadas incidencias resultado de la acción humana, de ahí que resulta asertivo el hecho de que se ha denominado a esta era como el “Antropoceno” y creo que si partimos de este concepto, podemos entender, que ahí mismo es donde se extravía también esta ley en la concepción del derecho humano al agua, tema que abordaré las próximas semanas. Finalmente para volver al tema de erradicar la vulnerabilidad de la población ante sequías e inundaciones, hace diez años aproximadamente en el instrumento denominado: Agenda del Agua 2030, en su cuarto eje, se hicieron propuestas concretas al respecto, porque lo que pretende esta propuesta de ley en cuestión tiene además un punto nodal en contra y es la incosteabilidad; es ideal visualizar el traslado de la población, pero se debe pensar en esquemas graduales para hacerlo y bajo conceptos basados en auténtica sostenibilidad y sustentabilidad, con mecanismos de política pública, repito es imperante acabar con el verdadero problema de este país, más que la tan cacareada palabrería electoral y mediática de la “corrupción”, el problema se llama “impunidad”.Continuaremos la próxima semana, recuerden que debemos emprender acciones tendientes para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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