¿MALA MEMORIA ELECTORAL?

En los últimos días, a la luz de los próximos comicios en que se renovará el Congreso de la Unión, varias gubernaturas, alcaldías, congresos locales y otros puestos de la misma índole (también hay de usos y costumbres), pero sobre todo la Presidencia de la República, se han comenzado a lanzar una serie de acusaciones mediante las cuales se trata de denostar, o en el caso del pri de desatar una "guerra sucia", por el hecho de que han salido una serie de datos de investigaciones o de detenciones, que según los dirigentes de ese partido, son acciones con claro tinte electoral.
Uno de los últimos señalamientos que incluso fue tema de discusión en el Senado -en vez de dar paso a tantas iniciativas pendientes que espera la sociedad para que sigamos perfeccionando nuestro entorno legal con más justicia , legalidad y sobre todo con el cumplimiento de la ley tanto por la autoridad como por los ciudadanos-, fue el de la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), José Luis Vargas, quien fue substituido por la licenciada Imelda Calvillo Tello; debo decirle que con el Lic. Vargas trabajamos en la Comisión de Seguridad Pública que presido y en la de Gobernación, de la cual soy secretario, en un proyecto de reformas a los de delitos electorales.

A él lo conocí como enlace del CISEN con el Senado, y anteriormente cuando estuve en la Subsecretaría de Gobernación; siempre me pareció una persona muy profesional y con un buen nivel en el desempeño de sus responsabilidades, pero también un hombre consciente en cuanto a la permanencia en los cargos de la administración pública. Por eso me parece extraño que el presidente del pri, el Senador Pedro Joaquín Coldwell, haya hecho señalamientos de que el Lic. Vargas fue removido a causa de no haber acatado presiones para invalidar las elecciones en Michoacán; sin embargo, el propio Licenciado José Luis Vargas se encargó de desmentir este infundio de los priístas a través de un comunicado firmado por él en el cual hace las precisiones conducentes y aclara, entre otras cosas, que él siempre desempeñó su cargo con absoluta libertad y profesionalismo de acuerdo a sus responsabilidades. Con lo anterior deja al descubierto que realmente lo que se busca con ese tipo de aseveraciones por parte de algunos actores políticos es desacreditar el proceso electoral, desde antes de que éste comience.
Esto solo lo podemos calificar como un despropósito, pues nos indica  que ya se les olvidó el tránsito que ha tenido a través del tiempo, y de las legislaturas del Congreso de la Unión, en donde participaron en cada una de las reformas constitucionales que han dado forma a las instituciones electorales con las que contamos a la fecha, en donde la participación del titular del Poder Ejecutivo no ha sido menor.
Por lo anterior, trataré de explicar el porqué me parece que la sociedad ha sido el actor más importante en este proceso. Recordemos que desde el inicio del México independiente, la organización de las elecciones en nuestro país estaba a cargo de los alcaldes y los jefes políticos locales y regionales, quienes imponían a discreción las prácticas y las reglas propias, hasta llegar al año de 1946 en que se federalizó la estructura electoral con la creación de la "Comisión Federal de Vigilancia Electoral", la cual era presidida por el Secretario de Gobernación en turno, por otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos de mayor relevancia; se crearon así mismo las comisiones locales electorales y el consejo del padrón electoral y ahí comenzó el fortalecimiento del modelo de partido hegemónico hasta los años 90.
En el año de 1951 se facultó (previa consulta) a la comisión para arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría. Hasta el año de 1973 se creó la Comisión Federal Electoral, esto a causa de la presión de organizaciones ciudadanas en contra del sistema único, y así, en esta comisión, participaron con voz y voto todos los partidos registrados y ese mismo año el Registro Nacional de Electores se volvió una entidad autónoma. También en este período surgen los partidos comparsa para no dejar la mayoría de los votos dentro de la comisión.
Siguieron las inconformidades -entre la clase política- y en el año de 1977 se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) y a través de esta ley se modificó la Comisión Federal Electoral, permitiéndose la participación de partidos políticos registrados, ya fuera bajo la figura de "registro condicionado" o "definitivo" en igualdad de condiciones; con esto, se dijo en ese tiempo, se permitió la participación de las fuerza políticas "no incluidas".
La comisión quedó presidida por el Secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político "con registro " y un notario público.
En 1987 se realizó una reforma con el criterio de la representación proporcional en la integración del órgano electoral, así que para la organización de las muy recordadas elecciones de 1988, el PRI contaba con 16 representantes, mientras que los representantes del ejecutivo, legislativo y de los demás partidos políticos eran solamente 15. Esto, estimado lector, así fue, ¡increíblemente! Y lo comento especialmente para los jóvenes lectores de menos de 23 años.
Con la “caída del sistema”, operado por la Secretaría de Gobernación en 1988, tuvimos en México el primer fraude electoral de la época moderna. No se olvida que en ese sexenio 1988-1994, se vendió Telmex y Cananea, se negoció un TLC desventajoso (recordemos que los camiones mexicanos tardaron casi 20 años en ser aceptados del otro lado) y la banca dejó de apalancar el crecimiento dedicándose casi únicamente a cobrar altas comisiones en tarjetas de crédito), entre otras cosas. Al final de ese sexenio tuvimos como colofón, el caso Colosio y el de Ruiz Massieu así como el levantamiento en Chiapas del EZLN. Después de las elecciones, la “caída del sistema”, la percepción nacional de que le habían robado las elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas y con la campaña nacional de Maquío exigiendo legalidad y libertad para participar en política y elecciones confiables. A través de la presión social, una vez más en agosto de 1989 se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y da vida al Instituto Federal Electoral, como organismo con personalidad jurídica y patrimonios propios, depositario de la autoridad electoral, con la salvedad de que estaba sujeto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que la reforma constitucional decía que la organización de las elecciones era una función estatal a cargo de dichos poderes, con "la participación y corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos".
En l993 se llevó a cabo otra reforma en la cual se le otorgó al Consejo General del Instituto la facultad de designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos por voto de las dos terceras partes de sus miembros y a propuesta del Consejero Presidente y se facultó a los órganos del instituto para declarar la validez de las elecciones y la expedición de constancias para las elecciones de diputados y senadores así como establecer los topes de gastos de campaña durante las elecciones.
En 1994 se da la reforma que comenzó el tránsito de ciudadanizar el Instituto confiriéndoles a los consejeros ciudadanos, por primera vez, la mayoría de votos en los órganos de dirección, en la composición y en los procesos de la toma de decisiones, y amplió las atribuciones de los órganos de dirección a nivel estatal y distrital. Los consejeros pasaron de "Consejeros Magistrados" a "Consejeros Ciudadanos" y no deberían ser necesariamente abogados; éstos ahora no eran propuestos por el Presidente de la República, sino por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados, y electos por las dos terceras partes de sus miembros.
En 1996 con la reforma se reforzó la autonomía e independencia del instituto al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro de los órganos de dirección exclusivamente a los consejeros ciudadanos. En este proceso se discutió si los consejeros representaban a la ciudadanía, sobre todo a cuál ciudadanía, puesto que los partidos políticos son representantes de diversos sectores de la ciudadanía; de manera que se concluyó que lo que se buscaba era la profesionalización de la función electoral, y así se transformó la denominación de "Consejero Ciudadano" por "Consejero Electoral" denominación que aún conserva.
En el año 2007 viene la última reforma; en ésta me toca participar, aunque es tan criticada y mentada, sobre todo por quienes se les acabó el negocio de la venta de spots (nunca lo van a perdonar). Recuerdo las presiones en el Congreso cuando nos "visitaron"  todos los dueños y principales comunicadores de los medios, sobre todo electrónicos, para "pedirnos" que no siguiéramos adelante con dicha reforma.
Indudablemente que solo el tiempo y los resultados darán la razón a quienes la tengan. Pero no se me olvida que estas peticiones  de no seguir adelante con la reforma fueron en realidad exigencias y amenazas. Pues bien, en esta reforma se otorgan, o reforman, 53 atribuciones para implementar un nuevo modelo de comunicación política, con nuevas reglas, las cuales tienen como objetivo fundamental lo siguiente: Fortalecer la confianza y la credibilidad; promover la participación ciudadana; asegurar condiciones de equidad y civilidad de la contienda; transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados en el proceso comicial de 2009; la creación de la Contraloría General, cuyo titular es designado por la Cámara de Diputados; creación de la Unidad de Fiscalización, órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General.
Las anteriores fueron las principales vías que nos llevaron a alcanzar consensos para esta reforma que luego fue enviada a la Cámara de Diputados y hoy es la ley que regirá en la contienda del 2012, la cual, espero, sea muy competida pero de cara a la ciudadanía, con propuestas y así, unidos sociedad y gobierno, no permitir a la delincuencia que amedrente a candidatos o votantes para imponer a los que sean dóciles a sus intereses por miedo o por corrupción. Por todo esto convoco a todas y todos los mexicanos a ejercer su derecho al voto, pero sobre todo que otros no decidan por nosotros.