Por: Octavio Díaz García de León.

La idea: Las 50 medidas de austeridad y combate a la corrupción que propuso el gobierno federal entrante y otras medidas que afectan a la burocracia, responden en parte al enojo de la sociedad contra altos funcionarios que abusaron de sus puestos. El problema es que algunas medidas son perjudiciales al propio gobierno y especialmente a trabajadores que cumplen cabalmente con sus funciones, los cuales son la gran mayoría.

Se puede percibir que la sociedad está molesta contra los abusos de ciertos funcionarios públicos. Desde los exgobernadores Duarte de Chihuahua y Veracruz, Vallejo de Michoacán; funcionarios federales como Korenfeld y Lozoya Austin quienes, por ejemplo, usaban los helicópteros de sus instituciones como si fueran sus transportes personales, hasta funcionarios de alto nivel que hacían ostentación de camionetas blindadas, escoltas y otras extravagancias, solo por el afán de sentirse importantes. Todo ello,además de los innumerables casos de corrupción como lo de Odebrecht, la Estafa Maestra, el Socavón y tantos otros actos ilícitos no aclarados.

Pero los lineamientos propuestos van mucho más allá de tratar de castigar a estos malos funcionarios, pues estas medidas no distinguen entre buenos y malos. Se trata de castigar a toda la burocracia sin hacer distingos, siendo que se perjudica también a trabajadores y funcionarios honestos y comprometidos con el país.

Las 50 medidas no toman en cuenta que 19 de ellas ya están contempladas en normas existentes y algunas otras no reflejan la realidad de las condiciones de trabajo de la burocracia.

Por ejemplo, se dice que ningún funcionario podrá recibir regalos de más de 5 mil pesos. La actual Ley de Responsabilidades dice que no se podrá recibir ningún tipo de regalo. Supongo que no es la idea permitir nuevamente que los funcionarios reciban regalos ¿o sí?; o que no se permitirá contratar a familiares, aspecto que está prohibido desde 1983; o que no se permitirá que los empleados acudan a trabajar en estado de ebriedad, como si hoy sí se permitiera.

Lo cual refleja que el problema no es tanto el normar estos comportamientos inadecuados sino evitar que se lleven a cabo. Lo que se requiere es mayor vigilancia al cumplimiento de la norma, más que nuevas disposiciones para evitar estos comportamientos abusivos. Para lograr que se cumplan las normas, por lo tanto, se requieren sistemas de control interno fuertes y órganos internos de control eficaces.

Sin embargo, el gobierno entrante ha mencionado que las contralorías son instancias superfluas que habría que desparecer. Si no van a ser las contralorías quienes vigilen el comportamiento de los funcionarios públicos, entonces ¿cómo se va a asegurar que se cumplan las medidas que se proponen?

Otro de los aspectos que llaman la atención, es la propuesta de reubicación y dispersión de una gran parte del gobierno federal. Soy un firme convencido de las bondades de descongestionar a la Ciudad de México,  tal y como lo publiqué (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2017/10/descentralizar-no-reconstruir.html) después del sismo de septiembre de 2017, porque fui testigo del caso de éxito del INEGI, el cual se trasladó de la Ciudad de México a Aguascalientes a fines de los años ochenta.

No solo se descongestionaría la Ciudad de México para convertirla en un gran centro turístico, sino que la reubicación representaría una derrama económica que podría beneficiar a las entidades federativas.  Pero no es conveniente que solamente salgan instancias de gobierno, sino corporativos de empresas, industrias y otras actividades económicas que estarían mejor fuera de la capital.

Para hacerlo correctamente hay que observar con cuidado la experiencia del INEGI. El proceso tomó cerca de tres años y requirió mucha planeación y recursos. No veo cómo una ciudad como Morelia, por ejemplo, pueda absorber el traslado de entre 15 y 20 mil familias del IMSS a esa ciudad sin causar un caos tanto en servicios municipales como en saturación de infraestructura. Sería desastroso.

Otra de las propuestas que suenan aparentemente bien pero que en la práctica podría ser una pesadilla, es desaparecer las oficialías mayores y concentrar toda la administración del gobierno en una macro oficialía mayor. Los problemas prácticos de operación paralizarían rápidamente a todo el gobierno federal.

Además, no se ahorraría dinero significativamente ya que habría que crear una nueva estructura administrativa gigantesca. Peor aún, se concentraría en una sola secretaría la posibilidad de asignar recursos y decidir qué se compra con ellos lo cual representaría un conflicto de interés y podría haber graves riesgos de corrupción o que se usara como instrumento de control político.

Porque si bien hay que tener muy vigilado el manejo de recursos para evitar actos de corrupción, también las oficialías mayores prestan servicios clave a las instituciones del gobierno. Imagínense si para realizar una compra urgente de papelería, o reemplazar de emergencia un equipo clave, haya que hablar a la Secretaría de Hacienda donde los requerimientos estarían compitiendo con otros iguales de urgentes. A eso agréguenle que la papelería o los equipos urgentes se comprarían en México y habría que enviarlas a Cd. Obregón, Chihuahua o Mérida donde estarán algunas secretarías.

Así que valdría la pena que se analizaran con cuidado las propuestas, hacer un buen diagnóstico de los problemas y no adelantar soluciones sin entender la problemática. Como diría el virtual presidente electo: Serénense.

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