Salvador Rodríguez López

Si en algo se parecen los políticos es en su muy particular forma de ver las cosas cuando no salen como lo esperaban. No conciben que se rechace lo que ellos determinan y menos siendo el Supremo Gobierno, por lo que acusan de “torpederos” a los que osan enfrentarse a sus designios.
Primero fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el pasado 16 de agosto calificó como “sabotaje legal” la decisión de un juez federal de suspender indefinidamente las obras de construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.
Más tarde, el 29 de agosto, el secretario general de gobierno de Aguascalientes, Enrique Morán, se quejó de las “piedras jurídicas” que ha retrasado el libramiento carretero poniente, debido a que “se han promovido algunos recursos que van dilatando el proceso”, lo que no obsta para que continúe el procedimiento legal para la terminación de la concesión “por encima de intereses de actores políticos, distintos a solucionar el problema del libramiento”.
Lo inmediato, afirmó, es lograr la revocación y proceder en seguida a la licitación de la obra, misma que se inició hace diez años y que se ha buscado acelerar, pero la actuación de los abogados que defienden a la contraparte han logrado frenar el proceso, aunque confía que una vez superada esta etapa en un plazo no mayor de 14 meses se logre concluir los trabajos físicos.
Conceptuó el libramiento como una “obra benéfica” para la población, por lo que “es saludable no manosear más este tema desde el punto de vista político, o de intereses ajenos al Estado y a los legítimos intereses de una salida técnica”.
Por su parte López Obrador mencionó que ha habido una “lluvia de amparos” que se han registrado en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construía en Texcoco y que suman más de 80: “Es increíble, más de 80 amparos. Cuántos amparos se presentaron cuando querían hacer el negocio jugosísimo de construir en el Lago de Texcoco el aeropuerto. Ahora se puso de moda y hasta parece deporte nacional”.
Sostuvo que los amparos han resultado ser “tácticas dilatorias, chicanadas”, que tienen como finalidad frenar las obras de Santa Lucía, pero al final del día se impondrá la razón, que es la que asegura tiene el gobierno, por lo que existe plena confianza de que pronto se resolverá favorablemente este asunto legal.
Tanto a nivel federal como estatal se afirma que con “chicanas” se intenta retrasar los programas, sin aceptar que de la misma manera que la parte oficial invoca la cuestión jurídica también lo hacen los despachos contratados para defender la posición de los demandantes.
Las entidades gubernamentales quisieran que no hubiera controversias para que todos sus planes fueran sobre rieles, sin embargo donde hay intereses – sin importar la motivación – por lo regular genera un pleito legal y ahí sí, quien sepa interpretar y aprovechar los más pequeños resquicios de la ley será el que triunfe, sea de una u otra parte, por lo tanto, parafraseando a ya saben quien “no hay que alterarse” y cada quien asuman lo que decidan los jueces.

FILÓN METÁLICO
El sueño de la administración pública es recabar tantos recursos como sea posible, por consiguiente cada funcionario debe analizar dónde puede estar ese caudal para luego plantearlo ante su jefe o jefa, lo que de ser aplicado seguramente le acarreará varios puntos que le servirán para futuras promociones.
En las postrimerías del gobierno de Jalisco que encabezó Aristóteles Sandoval, se puso la mira en los motociclistas, al considerarse que al ser un grupo bastante numeroso bien podría aportar buenos dividendos a las arcas públicas, por lo que independientemente de las obligaciones normales de quien posee o tripula este tipo de máquinas se pretendió imponerles el uso obligatorio de chamarras en que llevaran en la espalda el número de la placa y mismo procedimiento en los cascos, bajo el supuesto de que así sería más fácil identificarlos en caso de violar la ley de vialidad, para ello se formuló un catálogo de multas a quien no se sujetara a esas reglas.
El Partido Acción Nacional (PAN) se resistió tenazmente a esas medidas, que decía – con justificada razón – que tenía fines recaudatorios, por lo que llevó a cabo una campaña hasta que logró echar abajo el propósito, quedando únicamente lo normal (tener licencia, portar el casco protector y respetar el reglamento de movilidad).
De cualquier manera quedaron fijas las bases para que desde entonces exista en la zona metropolitana de Guadalajara una vigilancia muy estricta en torno a los motociclistas, que se han convertido en una fuerte y muy importante recaudación oficial ante la popularización de este medio de transporte.
Como siempre sucede, otros han seguido el ejemplo, por lo que está en marcha en Aguascalientes un programa de revisión a estas unidades, que en una abierta violación al Artículo 16 de la Constitución General de la República, ya que sin haber cometido una contravención son obligados a detenerse para ser sometidos a una investigación y a juicio de quien la hace puede levantar una infracción por una supuesta falta, esto cuando bien le va, porque si afirma que la omisión es mayor se le despoja del vehículo para remitirlo a la pensión municipal, por lo que además de la multa deberá pagar el traslado al corralón y los días que permanezca ahí.
De acuerdo a la información de José de Jesús Rodríguez Benavides, titular de tránsito municipal, en lo que va del año se han enviado a la pensión 1,030 motociclistas y el pago mínimo de la multa es de 800 pesos, aparte de la pensión y el arrastre. Los motivos esgrimidos para la caza son: por no traer placas, por no contar con licencia, por no usar casco de seguridad y por hacer “caballitos”. El funcionario afirmó que se realiza un “operativo especial” con ellos y una de las causas es “para contener las agresiones de conductores de estas unidades hacia los ciudadanos”, para evitar que traigan el escape abierto lo que genera “mucho ruido o exceso de humo” y también determinar si alguno tiene una orden de aprehensión o presentación
Lo que no se menciona es que atrás de este ejercicio se busca engordar el cochinito para lo que está por venir, encontrando una veta que aportará lo suficiente para que llegado el día se tenga lo suficiente que permita ir, con mayor holgura, a los campos ideológicos.

POR ENCIMA DE LA LEY
Aunque la autoridad estatal haya propuesto incluir en la ley de movilidad la obligación de los concesionarios de inscribir a los taxistas-choferes en el Seguro Social, en el Congreso del Estado debieron conocer las razones que tiene el IMSS para no aceptar esta inserción, particularmente que su labor no encaja en los lineamientos que tiene el Instituto para darlos de alta, por lo que existe ahí un desacierto legal que los mismos legisladores deben remediar. La demanda de los operadores tiene bastantes años y lo más lejos que se ha llegado es proponer una reforma a la ley del IMSS para incluirlos, bajo una figura que permita gozar de los derechos y beneficios que los demás trabajadores, lo que bien podrían impulsar diputados y diputadas en coordinación con las demás legislaturas del país y así desaparecer este vacío legal.